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Este martes, por primera vez, un ministro de Defensa, Iván Velásquez, y un comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, pedirán perdón por el caso de un joven que fue asesinado por militares y luego presentado como una baja en combate. Es decir, una víctima de los falsos positivos. Se trata de Alix Fabián Vargas Hernández, un joven bogotano que en agosto de 2008 murió a manos de uniformados adscritos al grupo de caballería mecanizado No. 1 “José Miguel Silva Plazas”, con sede en Duitama (Boyacá).
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El caso ya está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora bien, el acto de perdón tiene lugar luego de que, en 2018, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la ejecución extrajudicial de Vargas Hernández y le ordenó al Ministerio de Defensa pedir disculpas públicas. En la decisión judicial se declaró que nunca existió el combate en el que el Ejército alegaba que murió el hombre de 25 años y que, por el contrario, la acción de los militares había dificultado su identificación.
Aunque Vargas Hernández creció en Bogotá, en 2008 partió a vivir a Tunja (Boyacá), donde comenzó a trabajar en la Terminal de Transportes. Entre el 7 y 8 de agosto de ese año, fue detenido arbitrariamente por militares y posteriormente asesinado. Su cuerpo apareció en Onzaga (Santander), a 150 kilómetros de la ciudad donde vivía, junto a dos cédulas con nombres distintos al suyo. Se dijo que había muerto en un combate con el Eln. Al no tener noticias de su paradero, la familia del joven hombre interpuso una denuncia por desaparición en septiembre de ese mismo año.
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Los Vargas Hernández solo pudieron recuperar el cuerpo de Alix Fabián en noviembre, luego de múltiples trabas e informaciones contradictorias. Lo trasladaron por sus propios medios a Bogotá y allí lo sepultaron. En paralelo, habían radicado una solicitud para que la investigación por su muerte saliera de la Jurisdicción Penal Militar y pasara a la justicia ordinaria. Ese pedido solo les fue concedido en 2011. Además, de la mano de la Comisión Colombiana de Juristas, radicaron una demanda de reparación contra el Estado colombiano y una petición en la CIDH.
La demanda la ganaron en 2018 en segunda instancia, cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró que era imposible que la muerte hubiera ocurrido en un combate. “Las contradictorias versiones de los hechos que ofrecieron los militares, la falta de accionar de un arma por parte de la víctima, el poco respaldo investigativo de los documentos que justificaron la operación militar, entre otros aspectos, constituyeron elementos esenciales para la declaratoria de responsabilidad”, reseñó en ese momento la CCJ sobre el fallo.
Por los hechos, fueron vinculados a un proceso penal el sargento segundo Jimmy Bejarano Beltrán y los soldados Pedro Rodríguez Pedroza, Freddy Moreno Rodríguez y José Plinio Ortiz Ortiz. No obstante, en agosto de 2018 los militares se sometieron a la JEP, que tiene competencia prevalente sobre la justicia ordinaria, y el caso entró a engrosar el expediente del macrocaso 03, en el que la Sala de Reconocimiento investiga los falsos positivos. Hasta la fecha, la justicia especial no ha tomado ninguna decisión sobre el asesinato de Vargas Hernández.
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Eso fue lo que llevó a que, en enero 2022, la CIDH también se pronunciara, admitiendo estudiar de fondo el caso de Vargas Hernández, junto a los de otras tres víctimas de falsos positivos. “Han transcurrido en su conjunto entre trece y catorce años desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta el presente, sin que exista una resolución en los procesos, por lo cual inadmitir el caso implicaría dilatar irrazonablemente en perjuicio de las víctimas su acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en el informe de admisibilidad.
Así las cosas, este 4 de julio será la primera vez que un ministro de Defensa, en el cargo, reconoce públicamente la práctica de los falsos positivos y pide perdón. Ya en el pasado, el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, pidió perdón a las víctimas cuando dio su testimonio en la Comisión de la Verdad, en 2021. Allí dijo: “No me cabe duda de que el pecado original, lo que dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam”.
A los demás actos de perdón de ejecuciones extrajudiciales, que se han dado, como este, en el marco de procesos judiciales, han asistido funcionarios de menor nivel. Nunca un ministro. Con un ingrediente adicional: apenas la semana anterior, Iván Velásquez estuvo en la audiencia de la JEP en la que ocho militares reconocieron que asesinaron a inocentes y los enterraron como bajas en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). La CCJ dijo en un comunicado “esperamos que en (el acto) se reconozca la gravedad de los hechos, el contexto de sistematicidad y generalidad bajo el cual se le arrebató la vida a Alix Fabián y a otras víctimas de los mal llamados falsos positivos”.
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