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Este 24 y 25 de julio, en Valledupar (Cesar), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará un paso clave para el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos. El Tribunal de Paz desarrollará una audiencia en la que verificará si existen las condiciones necesarias para que 12 exmilitares del Batallón La Popa cumplan las sanciones que les impongan, tras reconocer su participación en los asesinatos de 127 personas en Cesar y sur de La Guajira, en cooperación con grupos paramilitares. Una diligencia fundamental por ser la primera de este tipo en desarrollarse y estar en la antesala de la primera sentencia que emitirá la justicia transicional, en agosto de este año.
La audiencia de verificación está enmarcada en el macrocaso 03 de la JEP que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Hace parte de manera concreta del subcaso Costa Caribe, dentro del cual la JEP ya les imputó a los exmilitares crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre los años 2002 y 2008.
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De las 4.222 personas acreditadas como víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales, 538 son de la Costa Caribe, según datos de la propia JEP. El caso del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, con sede en Valledupar, por su magnitud, ha sido de especial relevancia dentro de las investigaciones desarrolladas por esa instancia de justicia especial.
Barbarie en el Batallón La Popa
El caso del Batallón La Popa apareció en el radar de la JEP en 2019, cuando los magistrados empezaron a escuchar declaraciones voluntarias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales en todo el país e identificó que esa unidad militar era una sobre las cuales se habían reportado más casos: 146 en total, entre los años 2002 y 2005.
Según las versiones entregadas a la justicia transicional, en Cesar y el sur de La Guajira hubo una relación de cooperación ilegal entre uniformados y organizaciones paraestatales. La dinámica, a grandes rasgos, funcionaban así: los paramilitares buscaban a sus víctimas, a partir de ciertos patrones o características generales y se los entregaban a militares de La Popa para que los hicieran pasar como bajas en combate.
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La JEP ha podido delinear al menos diez patrones usados por los victimarios para la elección de las personas: indígenas de los pueblos kankuamo y wiwa, personas indocumentadas, en precariedad económica, habitantes de calle, recicladores, vendedores ambulantes, miembros de la comunidad LGBTI, menores de edad, o ciudadanos señalados de pertenecer a grupos guerrilleros y desmovilizados de algún grupo al margen de la ley.
En 2021, tras una detallada investigación, la justicia transicional imputó a 15 exmilitares por su presunta participación en casos de falsos positivos: dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados. Solo 12 de ellos aceptaron su responsabilidad, los otros tres fueron a juicio.
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El coronel en retiro Publio Hernán Mejía es uno de los oficiales que no aceptaron su responsabilidad. El 18 de septiembre de 2024 se convirtió en la primera persona en enfrentar un juicio ante la JEP por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de al menos 75 personas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la Fiscalía de la JEP, ha sido la encargada de probar la responsabilidad de Mejía en esos hechos.
De ser declarado culpable, el exmilitar podría ser condenado con hasta 20 años de prisión. Caso distinto es el de quienes aceptaron su responsabilidad, pues serán sancionados con actividades restaurativas a favor de las víctimas.
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La antesala de la primera sentencia
Justo esa es la importancia que tiene la audiencia de revisión que se desarrollará en Valledupar. El Tribunal de Paz verificará si los 12 exmilitares que aceptaron su responsabilidad han cumplido con los requisitos de verdad, reparación y no repetición, lo que le daría luz verde a que cumplan con sanciones de tipo restaurativo y no vayan a la cárcel.
Una sentencia que, además, implicará el compromiso de al menos 12 entidades del Estado que también participarán en los proyectos e iniciativas de restauración. Entre las instituciones que tendrán parte en el cumplimiento de la sentencia están los ministerios de Justicia, Defensa y Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras.
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En el subcaso Costa Caribe y la sentencia sobre el Batallón La Popa, hay ocho proyectos restaurativos priorizados. Todos fueron revisados previamente, durante unas mesas técnicas realizadas el pasado 3 y 4 de julio en Bogotá, en las que se dio luz verde a su sostenibilidad y viabilidad financiera. “Esas reuniones no fueron exploratorias ni un espacio de concertación política. Se trató de una actuación judicial con efectos directos en la sentencia”, dijo en su momento la magistrada Ana Manuela Ochoa, ponente del subcaso.
Con la audiencia de este jueves y viernes, el Tribunal estará a solo un paso de emitir la primera sentencia que nace del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras el Acuerdo de Paz de 2016.
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Entre las iniciativas de restauración está la construcción del Centro de Armonización Mildred Montero, para el pueblo kankuamo; el Centro Integral y de Memoria Omonapa, enfocado en el pueblo wiwa; la Casa Cultural Nelson Enrique Moreno, en el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla; y el Parque Memorial Albeiro Flórez y Edgar Beltrán, en el Consejo Comunitario kusuto ma-gende.
También están las Casas Multipropósito Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas, en Cesar y Magdalena, y el mausoleo en memoria de las víctimas de desaparición forzada, que se construirá en Valledupar. Asimismo, está un plan de memoria en la región Caribe, una línea de fortalecimiento productivo rural y urbano y otro proyecto productivo multipropósito llamado Sembradores de Amor y Paz.
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Tras las audiencias de verificación empieza la carrera contrarreloj para la JEP pues, según el reglamento, tiene solo 31 días para emitir su decisión. Aún no es claro si la primera sentencia será sobre el macrocaso de falsos positivos o por el de secuestro, solo que agosto es el límite estipulado para que se conozca la primera sentencia.
En conversación con El Espectador, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo que sus esfuerzos están desplegados para ello. “El Tribunal para la Paz está plenamente comprometido con cumplir los plazos y mandatos que le impone la Constitución”, dijo el togado. De lo que suceda este jueves y viernes en Valledupar, dependerá lo que siga para la justicia transicional, un camino un tanto impredecible, pero inédito para la historia del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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