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Tuvieron que pasar 14 años de investigaciones para que el general (r) Mario Montoya Uribe fuera vinculado oficialmente a un proceso penal por su presunta participación en cientos de ejecuciones extrajudiciales, mientras fue comandante del Ejército. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció ayer la imputación de cargos contra el alto oficial por 130 crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, cuando fungió como comandante de la Cuarta Brigada. Montoya, y otros ocho militares, fueron imputados por la Sala de Reconocimiento en una decisión histórica para la investigación de los máximos responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, pero especialmente para las víctimas que llevan dos décadas exigiendo verdad y justicia.
Los detalles de la decisión se conocieron en una rueda de prensa presidida por la magistrada Catalina Díaz, quien estuvo acompañada de Julieta Lemaitre y Óscar Parra. El resultado de la investigación es un auto de 531 páginas en las que quedó claro el papel que tuvo el general y de cómo, en plena guerra contraguerrilla, el Estado apoyó una política que se centró en un solo indicador de éxito: las bajas en combate. Aunque los magistrados explicaron que esta es la primera imputación contra el alto oficial, pues todavía debe responder por ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de 2003, y en otras zonas del país, esta decisión es el punto de partida para que Montoya defienda ante la justicia su papel como comandante del Ejército en una de las épocas más oscuras para los derechos humanos en el país.
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¿Cuál fue el papel de Montoya?
La JEP, que recibió la investigación que desde 2009 había adelantado la Fiscalía, y tuvo en cuenta los testimonios de varios militares retirados que contaron detalles de lo que vivieron durante el comienzo del siglo, determinó el papel que tuvo el general (r) Montoya en esta estrategia militar. Su participación la definieron en cuatro puntos claves. El primero fue mentir sobre el número de muertes en combate que sus hombres reportaron como miembros de las FARC. Según la JEP, en muchos casos, el propio Montoya presentó los resultados ante los medios de comunicación como una victoria de guerra. Sin embargo, todo fue un montaje. El tribunal de paz resaltó un caso puntual: el de dos niñas que, a bordo de la camioneta de un exjefe paramilitar, que ofreció transportarlos a otro municipio, fueron asesinadas.
“A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general insistió y presentó los cuerpos de las muchachas personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja. Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de Erika Castañeda (una de las menores muertas) recordó en audiencia pública haberle gritado: ‘Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera’”. El segundo punto del papel de Montoya en las 130 ejecuciones extrajudiciales, dice la JEP, fue la presión que ejerció sobre subalternos “midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa”.
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El tercer punto señala que el alto oficial empleó un lenguaje violento en el que insistía en frases como “el derramamiento de sangre” y en el que, además, incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal. Y la cuarta característica fue que siempre rechazó que sus hombres reportaran capturas, incautaciones y otros resultados que no fueran muertes. resalta la JEP. De esta manera, el tribunal exaltó que los ataques contra la población civil fueron generalizados y sistemáticos. No solo porque se trató de hechos masivos, sino porque los responsables de estos crímenes sabían que tenían que aprovechar cualquier oportunidad para aumentar sus números, así significara acabar con la vida de civiles, inclusive, de menores de edad.
El contexto
Para llegar a esta imputación de cargos, la JEP tuvo en cuenta 12 informes que entregaron entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; las versiones libres de 64 integrantes de las fuerza pública; las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría; y contrastó y analizó libros de documentos oficiales, en especial leyes, decretos y documentos inéditos de los archivos de la Cuarta Brigada y el Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes). Su investigación permitió definir que las primeras 130 ejecuciones extrajudiciales por las que tendrá que responder el general Montoya ocurrieron en los municipios antioqueños de San Rafael, San Carlos, Cocorná y Granada.
Ese estudio le permitió establecer la importancia que tuvo en el momento de los hechos (2202-2003) el Plan Colombia y el Plan Patriota. En medio de esos dos proyectos existió un objetivo: el fortalecimiento de la fuerza pública, no solo desde lo político, sino también desde lo económico. De esa manera, dice la JEP, en los informes de implementación de esa nueva estrategia empezaron a aparecer indicadores como el número de capturas y de muertes en combate. En medio de ese contexto, el tribunal de paz explicó que en el blindaje de la fuerza pública fue clave la inyección que hizo Estados Unidos, bajo el argumento de que se trataba de una acción para la lucha contra las drogas. Así, solo entre 1999 y 2005, el Plan Colombia recibió aportes del gobierno estadounidense de más de $3.782 millones de dólares.
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Pero además del dinero, el apoyo del extranjero también implicó el “diseño y puesta en marcha de sistemas de información más sofisticados. Esto explica por qué empezó el reporte del número de miembros de grupos armados ilegales capturados y número de bajas”, dice la imputación contra Montoya. “Es en este marco institucional de ‘recursos y resultados’ para la victoria militar en el que aparece la presión por muertes en combate ejercida por los comandantes en los teatros de operaciones militares y el comandante de la Cuarta Brigada, desestimulando, al mismo tiempo, la presentación de capturas y otros resultados operacionales. Esa presión fue de tal carácter violento, magnitud e intensidad, que se constituyó en un elemento del patrón macrocriminal”, sostiene la JEP.
¿Quiénes son los otros militares y por qué delitos responderán?
En el auto de imputación de cargos, la JEP señaló que el fenómeno de los falsos positivos fue desplegado por miembros del Ejército que actuaron como si pertenecieran a una organización criminal. De esta manera, la presión por las bajas en combate exigidas por el general (r) Montoya, según la jurisdicción especial, ocurrieron en complicidad con otros ocho militares que también fueron imputados. Se trata de los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero; el teniente Nelson Carvajal Chisco; los subtenientes Emerson Castañeda Morales, Diego Guzmán Patiño, José Ramírez Riaño, Edwin Toro Ramírez; y el soldado Óscar Mayo Marulanda (un exguerrillero del ELN que, tras su desmovilización, terminó en las filas del Ejército).
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Los ocho exmilitares fueron imputados en calidad de autores por crímenes de guerra: homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Al ser declarados como hechos de lesa humanidad, ni prescriben ni son amnistiables. Sobre sus conductas, la JEP puntualizó Que la responsabilidad penal que les atribuyó como autores “se desprende de varias acciones mediante las cuales los comparecientes, teniendo la responsabilidad de ser garantes de derechos, instigaron la comisión de los crímenes imputados. Es decir, tenían un rol institucional del cual se desprendían deberes especiales de protección de los bienes jurídicos de las víctimas directas, y en lugar de cumplirlo, crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, que se concretó en el surgimiento y prolongación del patrón macrocriminal”.
Las tres características de las ejecuciones extrajudiciales
Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la Cuarta Brigada. Así de clara es la conclusión de la JEP sobre el protagonismo que tuvo el general en retiro, Mario Montoya, como cabeza al mando de esa tropa. Para cumplir con esa “sanguinaria petición”, lo que hicieron los subalternos del alto oficial fue buscar víctimas bajo tres modalidades. La primera, dice el auto, fue sacarlas de sus casas o trabajos, o interceptarlas en transportes y vías públicas, luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla. A manera de ejemplo, la JEP documentó el caso de otra menor de edad, Luz Stelly Morales.
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La joven fue sacada de su propia casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada, el 18 de septiembre de 2003. Los soldados argumentaron su detención, diciendo que era una guerrillera del ELN y que, por eso, debían entregarla a funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. Un par de días después, integrantes de la Fuerza Pública le entregaron el cuerpo de la menor a la Inspección Municipal de Policía de San Carlos, señalando que su muerte había ocurrido en medio de un combate. La segunda modalidad para perpetrar ejecuciones extrajudiciales, al mando del general (r) Montoya, fue mediante el engaño a personas de calle o trabajadores informales que laboraban en la central minorista de Medellín.
En una sola visita a ese lugar, el 6 de julio de 2003, subalternos de Montoya engañaron a cuatro hombres bajo la promesa de un trabajo a las afueras de Medellín. Días después aparecieron muertos en el municipio de Granada. Y la tercera modalidad identificada por la JEP fue el “asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que estaban por fuera de combate. Un ejemplo de esto es el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2001, en las inmediaciones de un hospital de campaña de la guerrilla, en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada”, resaltó la jurisdicción de paz. Pese a su estado de indefensión, fue asesinado y presentado como un éxito militar.
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¿Qué sigue para ellos?
Mario Montoya Uribe y los ocho militares imputados tendrán 30 días para reconocer los crímenes por los que son señalados. También podrán entregar material probatorio adicional que permita avanzar en la investigación con el fin de recibir beneficios en sus procesos ante la justicia especial. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, los magistrados remitirán el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para seguir el proceso adversarial, en donde podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel.. Por ahora, desde la Sala de Reconocimiento investigan las decisiones a nivel nacional que pudieron llevar a las ejecuciones extrajudiciales en distintas regiones, ya que comparten el mismo patrón criminal con las que hoy fueron relatadas.
Aunque varios de los imputados ya han dado pistas de su aceptación de los hechos en la JEP, ahora lo tendrán que hacer oficialmente. Muy diferente ha sido la posición, hasta ahora, del general (r) Montoya. Desde que en 2009 la Fiscalía abrió el caso, el alto oficial ha negado cualquier participación en ejecuciones extrajudiciales. Esa misma postura la mantuvo en 2018, cuando su caso aterrizó en la JEP. En 30 días se sabrá si Montoya mantiene su inocencia ante la investigación judicial que, luego de 14 años, lo pondrá a darle explicaciones a la justicia.
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