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En 1.653 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recopiló la que podría ser la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales más completa hasta ahora hecha por una instancia judicial en Colombia. No solo por el número de hechos criminales, que suman en total 442, sino porque apuntó a llamar a responder a los altos mandos del Ejército que habrían participado y ordenado esta estrategia criminal en Antioquia entre 2004 y 2007, bajo el pretexto de combatir a la guerrilla de las Farc y replegar grupos paramilitares.
Con esa investigación en mano, la JEP llamó a imputación de cargos a cuatro generales retirados: Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria. Además, también imputó a otros 25 oficiales y 10 suboficiales como posibles máximos responsables de 434 ejecuciones extrajudiciales y ocho casos más en los que las víctimas sobrevivieron. Los generales llamados por la JEP fueron los jefes de la Cuarta Brigada.
Óscar Enrique González Peña
El general Óscar Enrique González Peña no solo fue reconocido en 2006 como el mejor comandante del país, sino que llegó a ocupar el más alto cargo dentro de la estructura militar en el país: el de comandante general del Ejército. Lo hizo en noviembre de 2008, justamente cuando el general (r) Mario Montoya renunció a ese cargo, en medio de la tormenta que desató la historia de los 19 jóvenes de Soacha que habían sido reclutados y asesinados por miembros del Ejército.
En ese momento, González Peña le pidió excusas al país. Lo hizo en una entrevista que le concedió a la periodista María del Rosario Arrázola y publicada en El Espectador en noviembre de 2008. “Cualquier persona decente tiene que estar dispuesta a ofrecer disculpas cuando su accionar no ha sido correcto. Eso es lo que espera el pueblo colombiano de nosotros: buen ejemplo, eficiencia y transparencia. Es como si en la familia un hijo se equivoca y afecta a todos. A los hijos descarriados hay que darles su nalgada”, expresó el general.
En ese cargo de comandante del Ejército estuvo hasta agosto de 2010, luego de una carrera militar de casi 40 años. Además, según su hoja de vida, fue distinguido con más de 57 condecoraciones, entre ellas la de la Cruz de Boyacá. Por su desempeño como comandante de la Cuarta Brigada, entre diciembre de 2003 y julio de 2005, y como comandante de la Séptima División (a la que pertenecía la Cuarta Brigada) es que la JEP le imputó los cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Según la imputación de la jurisdicción especial, mientras González Peña fue comandante de esa unidad militar, hombres bajo su mando cometieron 234 ejecuciones extrajudiciales. Para la JEP, el general (r) “no solo propició la formación de un acuerdo que facilitó la prolongación del patrón macrocriminal de presentación ilegítima de falsas bajas en combate, que ya se había generado en la Cuarta Brigada, al menos desde el año 2002, sino que también puso en riesgo a la población civil y fomentó esta práctica criminal”.
Para llegar a esa conclusión, los investigadores tuvieron en cuenta informes de víctimas y organizaciones sociales, investigaciones adelantadas por la Fiscalía y las declaraciones de comparecientes ante la JEP que han contado su versión sobre las bajas en combate que, en realidad, eran víctimas de agentes del Estado. Como ya se sabe, y aclaró la jurisdicción especial, en el fondo de esa política que propició las falsas bajas en combate estuvo una estrategia militar en la que los éxitos del Ejército solo se midieron en el número de bajas.
“Los asesinatos y las desapariciones forzadas fueron cometidas con el fin de presentar a las víctimas como falsas bajas en combate y así responder satisfactoriamente a la presión ejercida por los mandos de las distintas unidades militares, conservar su carrera militar y ganar prestigio, reconocimiento, felicitaciones, permisos, medallas, condecoraciones y anotaciones positivas en los folios de vida que luego pudieran contar para ascensos y comisiones al exterior”, se lee en el auto de imputación de cargos conocido este miércoles 19 de febrero.
En medio de ese contexto, y aun cuando las víctimas y organizaciones sociales ya estaban denunciando los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales, el Ejército hizo caso omiso. En contraste, la JEP encontró que el general (r) González Peña auspició la política de seguir sumando bajas en combate, aun cuando la fase crítica de confrontación militar contra las guerrillas ya había acabado. De hecho, la JEP resaltó una grabación en un programa radial en el que el propio general habló sobre esa política de terror.
En ese audio, el general señaló: “Debemos colocar al menos diariamente una baja”. No fue la única expresión polémica. La jurisdicción especial asegura que González Peña “presionó explícitamente” para que las unidades de la Cuarta Brigada reportaran bajas en combate en promedio cada cuatro días, con expresiones como: “Las unidades que aún no han hecho bajas están perdiendo el año”; “La función es dar de baja a los bandidos”; “Las bajas del enemigo producen un efecto muy significativo en todos los blancos audiencias”.
Es más, agregó la JEP, en otros mensajes como estos, el ahora imputado general retirado afirmó claramente que lo único que en realidad contaban eran las bajas y que ese era el objetivo principal de la brigada: “Lo único que cuentan son las bajas”; “Lo único que sirve es dar de baja al enemigo”. De esta manera, no solo se exaltaba el hecho de matar al contrincante, se lee en el auto, sino que también se menospreciaba cualquier otro tratamiento que se diera a quien fuera señalado como enemigo militar.
Otra de las conductas que reprochó la JEP en la imputación de cargos fue el hecho de que el general (r) no tuviera en cuenta las denuncias que hicieron familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, cuando ya era más que claro que el Ejército, como política institucional, estaba asesinando a jóvenes inocentes. La jurisdicción recordó que, a cualquier denuncia o demanda que se recibía, la respuesta de los altos mandos era se trataba de una “guerra jurídica” contra los militares, auspiciada por las Farc y el movimiento de izquierda.
Para la JEP, González Peña no solo desestimó ese pedido por verdad y justicia, sino que estigmatizó a las víctimas. Lo anterior, más el hecho de que exigiera constantemente las cifras de muertes en combate y realizara conteos periódicos sobre esas muertes, son evidencia suficiente para la imputación de cargos. Eso sí, la JEP aclara que, aunque las conductas del general (r) no están relacionadas directamente con crímenes específicos, “sí tienen especial relevancia y la Sala las considera penalmente reprochables”.
“Al exigir de manera constante y pública que las unidades de la Cuarta Brigada aumentaran progresivamente el número de muertos en combate reportados y transmitirles la idea de que las capturas no eran igualmente valoradas, se desconocía principalmente el principio de precaución, lo que a la postre significaba el desconocimiento de los principios de distinción y humanidad”, se lee en el auto de la JEP. Pese a las evidencias de su coautoría en los delitos imputados, el general González Peña siempre ha negado su responsabilidad en los hechos.
Luis Roberto Pico Hernández
Cuando en 2008 estalló el escándalo de los falsos positivos en Colombia, la salida del entonces presidente Álvaro Uribe fue retirar, de manera discrecional, a 27 oficiales del Ejército que podían tener que ver en esas ejecuciones extrajudiciales. Uno de ellos fue el mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández. El alto mando militar ingresó a la Escuela de Cadetes en 1973 y durante su carrera comandó otras dos brigadas e hizo parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
Una de las brigadas que comandó fue, precisamente, la Cuarta. La JEP señala que, bajo su mando, hombre de esa unidad militar habrían perpetrado 154 ejecuciones extrajudiciales. Al igual que en el caso del general (r) González Peña, el rol que tuvo Pico Hernández fue el de fomentar la política militar de conteo de cuerpos para calificar el éxito de su trabajo, presionando a sus las unidades militares para que aumentaran el número muertos en combate y ordenando conteos periódicos sobre esos reportes.
En concreto, la JEP señala que Pico Hernández fue un alto mando militar más que replicó, con mensajes en radio a sus tropas, y en órdenes directas, el mensaje de que las muertes en combate debían ser diarias. Además, que el éxito de sus hombres no se podía medir en capturas o en otro tipo de operaciones, sino únicamente en el número de muertos. A diferencia de González Peña, Pico Hernández sí se sometió a la JEP y, aunque ha negado su responsabilidad en crímenes como los ahora imputados, sí ha dado otras pistas.
La más importante: que ese fomento de la política del conteo de cuerpos no fue obra de una sola persona, sino una especie de acuerdo común de los altos mandos del Ejército. Se trató de un acuerdo, explica la JEP, en el que, “al desconocer la realidad operacional de las unidades militares y las difíciles circunstancias de orden público, traía consigo el riesgo previsible de que estas respondieran en el terreno, atentando contra la población civil y demás personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”.
Aunque Pico Hernández voluntariamente sí pidió someterse a la JEP en 2019, falta ver si acepta los delitos imputados: los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada, y las conductas que también constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas. En todo caso, cuando el expresidente Uribe lo sacó del Ejército, el alto oficial expresó su sorpresa por la decisión y agregó: “Tengo la conciencia tranquila por lo que he hecho al servicio del pueblo colombiano”.
Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo
Entre el 18 de octubre de 2006 y el 31 de julio de 2007, el entonces general Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo se desempeñó como comandante de la Cuaarta Brigada. Para ese momento, ya habían pasado por ese cargo los generales Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández y la política de conteo de cuerpos dados en baja durante el combate ya estaba más que establecida. Para ese periodo de tiempo, la JEP asegura que unidad militares bajo el mando de Rodríguez Clavijo perpetraron 47 ejecuciones extrajudiciales.
Según la jurisdicción especial, y al igual que sus predecesores, presionó el general (r) Rodríguez Clavijo presionó constantemente a las unidades militares de la Cuarta Brigada para que aumentaran el número de muertos en combate, incluso, fomentó una competencia entre ellas para quien tuviera mejores resultados. Además, realizó conteos periódicos y exigió el cumplimiento de las cotas o metas sobre la cantidad de muertos que debían reportar hombres bajo su mando.
Su participación no paró allí. El auto de la JEP señala que el general en retiro “contribuyó a implementar el sistema de incentivos positivos y negativos, mediante el cual se estimulaba el reporte de muertos en combate, y exaltaba la muerte como resultado operacional especialmente valorado; y transmitió la idea a sus subordinados de que la única actuación válida ante el enemigo era su exterminio físico”. Además, Rodríguez Clavijo fue uno de los generales que contribuyó a difundir la idea de que, cualquier informe o denuncia que se presentara en su contra, correspondía a una guerra jurídica.
Lo anterior, dice la JEP, creó una revictimización a las víctimas que solo exigieron verdad y justicia. Por 12 ejecuciones extrajudiciales, el general (r) Rodríguez Clavijo fue investigado por la Fiscalía, pero un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de los expedientes en febrero de 2019. La jurisdicción retomó las pistas que quedaron engavetadas en ese proceso para explicar la presunta responsabilidad de este alto oficial en las ejecuciones extrajudiciales registradas en Antioquia.
Según la investigación, el alto oficial fue apodado bajo el nombre de “General bajitas”, pues así solía llamar a los reportes de muertes en combate que le exigía asus hombres. Por otro lado, la JEP pudo establecer que, cuando Rodríguez Clavijo llevó a la comandancia de la Cuarta Brigada, ya eran más de cinco las evidencias de gravísimas violaciones a los derechos humanos supuestamente perpetradas por sus hombres. Sin embargo, se lee en el auto, el general (r) no hizo nada por investigarlas y, mucho menos, para evitar que siguieran sucediendo.
Juan Carlos Piza Gaviria
El general Juan Carlos Piza Gaviria fue el último oficial en comandar la Cuarta Brigada del Ejército, al que la JEP le puso la lupa. Y lo hizo no solo por su papel como máximo líder de esa unidad militar, sino también por su paso por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, adscrito a esa brigada. Según la investigación, mientras estuvo en esos cargos ocurrieron 163 ejecuciones extrajudiciales
Sobre su participación, la jurisdicción especial insistió en que, al igual que Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Juan Carlos Piza Gaviria, su responsabilidad recaería en que fomentó la política de las bajas en combate como único parámetro de éxito militar. Además, dice la JEP, concedió incentivos positivos para fomentar este reporte; fomentó y toleró las relaciones entre los militares y grupos paramilitares, y además planeó operaciones militares, sin soporte en verdadera información de inteligencia.
Asimismo, dice el auto de imputación de cargos, “ordenó que no se reportaran capturas y en este sentido que se cometieran asesinatos y firmó documentos operacionales que le dieron apariencia de legalidad a los crímenes”. Piza Gaviria ya estaba en el radar de las autoridades mucho antes de que la JEP entrara a revisar sus antecedentes en la Cuarta Brigada. Aunque no tenía ninguna condena, la Fiscalía sí lo investigaba por ejecuciones extrajudiciales y había librado una orden de captura en su contra.
Sin embargo, como se sometió a la JEP, salió libre. Aunque tiene un pie en este sistema de justicia transicional, para acceder a sus beneficios, el general (r) tendría que aceptar los hechos, situación que no ha hecho ni él ni ninguno de sus predecesores. De esa aceptación dependerá el futuro de estos cuatro generales: si aceptan, el caso terminaría en una sanción propia de la JEP, que en todo caso no puede ser de más de ocho años de prisión de la libertas. En caso de que no, irián a juicio ante la Fiscalía de la JEP.
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