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Doce militares que pertenecieron al Batallón La Popa (Cesar) han sido acusados y enfrentan un juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como los máximos responsables de desapariciones forzadas y posteriores ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Pero, se encontró que estos militares que han aceptado responsabilidad en el pasado, también deben ser juzgados dentro de ese mismo macrocaso, el 03, por los delitos de persecución y tortura. Para entender a fondo la importancia de esta decisión histórica, El Espectador habló con la magistrada Ana Manuela Ochoa, quien dio detalles de la investigación, lo que implica y los tiempos en los que buscan tener listas las sanciones.
¿Cuántos falsos positivos hay del Batallón La Popa?
Actualmente, hay 135 casos reconocidos en la JEP de falsos positivos que fueron responsabilidad de al menos 12 uniformados que integraron La Popa e hicieron una alianza criminal con grupos paramilitares, en la cual asesinaron a indígenas, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad e, incluso, a personas en condición de discapacidad. La magistrada Ochoa le dijo a este diario que la decisión se sustentó en la investigación que hizo la Sala de Reconocimiento por las ejecuciones extrajudiciales, en la que “también había personas que habían sido víctimas de tortura” y sus casos se descubrieron revisando los más de 500.000 folios que tiene el expediente de La Popa.
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Personas que hablaron en las audiencias de reconocimiento en relación con los falsos positivos del Batallón La Popa, aseguró la togada, fueron los que le dieron a la JEP la línea en la que tenía que poner la lupa. “Fue lo que hizo que nosotros le pusiéramos un lente específico a las pruebas para buscar hechos de tortura y efectivamente se encontró que en algunos casos se habían presentado”, aseguró Ochoa, quien agregó que la decisión de este lunes era una deuda que se tenía con algunas víctimas de falsos positivos, porque “este es un delito que se discutió en la Sala de Reconocimiento y lo que se hizo en ese momento fue decir que se consideraba que estaba subsumido dentro del crimen de homicidio”.
Sin embargo, el trabajo hecho por la Sala fue más allá, según fuentes cercanas a la decisión que también hablaron con este diario. Muchas de las víctimas que les dieron luces a los investigadores de que había casos de persecución y tortura, señalaban que muchos de los casos de falsos positivos —los que tienen relación con población indígena y afrodescendiente— eran exterminios o genocidios. Incluso, señalaron que “algunos pueblos indígenas wiwa y kankuamo, tenían medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lo que les hacía dudar de la decisión que debían tomar. Sin embargo, tras seguir el hilo, la JEP no encontró que se tratara de genocidio, pero sí que se les estaban escapando los dos nuevos delitos.
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Asimismo, este diario conoció que la JEP lleva el caso con enfoques diferenciales, porque durante sus averiguaciones encontraron que las desapariciones y asesinatos contra miembros de comunidades indígenas partían directamente desde el Batallón La Popa, porque sus integrantes los estigmatizaban y eso hizo eco dentro de la alianza criminal que tuvo la fuerza pública con grupos paramilitares. “Los señalaron de ser auxiliadores de los guerrilleros y de cometer delitos para financiar a la guerrilla”, solo por habitar zonas del Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde se presentaron los casos de La Popa.
¿Cómo están divididas las víctimas?
Con el enfoque diferencial, la magistrada Ochoa le dijo a El Espectador que, por ahora, de los 135 casos “tenemos 10 personas que son del pueblo kankuamo, cuatro personas que son del pueblo wiwa, dos personas de una persona del Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, ubicado en el Cesar; y las demás víctimas son individuales que están principalmente en algunos municipios del César, del Magdalena y también de Bolívar”. La magnitud de los hechos, asegura, cambió incluso las dinámicas en partes como el Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende de Luruaco (Atlántico), donde por dos casos de falsos positivos, la comunidad decidió nunca volver al Cesar para recoger café, algo que antes era habitual.
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Ahora con la decisión, en palabras de la magistrada, es “completar algo que hacía falta” y se juzgarán por aparte y no dentro del delito de homicidio. Para la togada, algo de vital importancia que espera que entiendan los máximos responsables de los falsos positivos de La Popa es que “esto no va a grabar su situación jurídica, porque las sanciones en la JEP tienen unos tiempos de establecidos, y que, por el contrario, con esto lo que estamos garantizando es que haya seguridad jurídica para ellos y que estos procesos no sean reabiertos, es decir, si la JEP no juzga los crímenes que se cometieron es posible que más adelante, otros tribunales puedan reabrir estos procesos, incluso la Corte Penal Internacional”.
¿Quiénes son los responsables de los falsos positivos?
Aunque por los falsos positivos del Batallón de La Popa hay 12 personas vinculadas como máximos responsables, la togada Ochoa aclaró que no todas serán juzgadas también por persecución y tortura. Los militares que serán juzgados por el delito de persecución son Manuel Valentín Padilla Espitia, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, José de Jesús Rueda Quintero, Guillermo Gutiérrez Riveros y Carlos Andrés Lora Cabrales. En el caso del delito de tortura, son Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra, Guillermo Gutiérrez Riveros, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Carlos Andrés Lora Cabrales, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Leonardo Burgos Suárez y Elkin Rojas.
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Fuentes al interior de la JEP también le dijeron a este diario que aunque se está haciendo lo posible para que lo que dice Ochoa quede totalmente claro, les preocupa que lleguen recursos que puedan demorar aún más el tiempo que tiene para trabajar y darle celeridad al juicio contra los integrantes de La Popa. “Tenemos la esperanza de poder tener esta sentencia el próximo año en el primer trimestre, pero depende mucho de los recursos, porque si se empiezan a interponer distintos tipos de recursos a la decisión que acabamos de tomar, eso puede demorar la decisión final”. Por ahora, las víctimas están siendo notificadas personalmente, lo cual podría tomarles más de 20 días antes de poder convocar a una audiencia para agilizar el juicio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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