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En la casa del general en retiro Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI del Ejército con jurisdicción en Casanare, hay un elemento que tiene en discordia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la región. Se trata de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público con la que fue premiado Escalante por lo que se consideró su trabajo en garantía de la seguridad de los casanareños, entre 2005 y 2007. Su éxito se midió con bajas en combate, las cuales, en verdad, fueron cifras infladas por el reporte de al menos 303 ejecuciones extrajudiciales. Centenares de vidas de pobladores inocentes, quienes en búsqueda de trabajo o señalados de insurgentes, fueron asesinados y por los que el general fue premiado y reconocido como un héroe de la Patria.
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En julio pasado, Torres Escalante envió una propuesta formal a la JEP en la que ofreció entregar a sus víctimas la medalla, con el objetivo de dignificar a las familias en un acto simbólico y restaurativo. El Espectador conoció que un grupo importante de víctimas de Casanare no está dispuesta a aceptar la medalla y que, de hecho, califican el ofrecimiento como un hecho desatinado, ineficiente e indignante. Así lo dio a conocer el abogado José Hilario López, de la oenegé DH Colombia, a través de una carta enviada hace unos días a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. El mismo despacho que, en julio de 2022, imputó a 22 miembros y exmiembros del Ejército, un exfuncionario del extinto DAS y a dos civiles por ejecuciones en Casanare. Todos han aceptado su responsabilidad.
La medalla de servicios distinguidos lleva en su centro un sable en banda y un fusil en barra entrelazada con una rama de laurel, además, tiene el escudo de armas de Colombia y está elaborada en plata. A Henry Torres Escalante le fue entregado también un diploma que acredita su otorgamiento, el cual lleva las firmas del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y del excomandante de las Fuerzas Militares, el general (r) Freddy Padilla de León. Lo que en su momento fue una ceremonia en la que las autoridades exaltaron el trabajo de Torres Escalante, fue, para el abogado López, un acto de conmemoración a la muerte. “¿Qué le hace pensar que las víctimas de sus abominables crímenes, los cuales no han sido aceptados ni reconocidos, se van a sentir reparadas o restauradas o dignificadas, con la entrega de su medalla?”, le preguntó el abogado López a la JEP.
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Las preguntas denotan un fuerte contraste con lo propuesto por el general. “¿Y cómo qué pretende el distinguido condecorado que hagan las víctimas con la tal medalla? ¿Acaso que la cuelguen en el panteón de la infamia? (…) Contrariamente, para las víctimas, la espuria medalla simboliza la sangre derramada de sus seres queridos; las torturas, los sufrimientos y la ignominia a que fueron sometidos en estado de indefensión. De otra parte, si la quiere devolver, que se la devuelva a quienes se la otorgaron y que estos le digan al país cómo es que operaba la entrega de medallas por muertos y cómo operó este sistema de premios por muertes; pero que no utilice a las víctimas”, se lee en el documento enviado a la JEP.
La defensa de víctimas explicó también que, aunque entregue la medalla, en su folio de vida seguiría apareciendo la condecoración impuesta, el acto administrativo del Ministerio de Defensa y el diploma que acredita su otorgamiento. Por ello, al mismo tiempo, el abogado López le envió una petición al Ministerio de Defensa para conocer si esa cartera ha adelantado gestiones para retirar las condecoraciones que le fueron otorgadas a Torres Escalante en su carrera militar. El general en retiro, de otro lado, ya participó en un proyecto experimental de justicia restaurativa denominado “Siembras de Paz”, en el que estuvo plantando árboles en el Páramo de Sumapaz. La actividad fue ampliamente criticada por las víctimas y la academia, por lo que la JEP tuvo que aclarar que era solo una propuesta inicial y que esa no será la sanción propia contra él.
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Por otro lado, a pesar de este revés en Casanare, la JEP ha constituido la entrega de medallas por parte de militares como un acto simbólico del máximo interés. En febrero de 2023, por ejemplo, el coronel en retiro Jaime Pinzón, quien comandó el Batallón de Infantería 10 Atanasio Girardot, en Medellín, reconoció responsabilidad por más de 50 ejecuciones extrajudiciales y entregó la misma medalla que ofreció Torres Escalante. En julio siguiente, lo mismo hicieron el coronel Jorge Florián y el mayor Mauricio Ordóñez, excomandantes del Gaula Militar del Valle del Cauca. De hecho, en el mismo caso de Casanare, el capitán en retiro Jaime Alberto Rivera, exoficial del Gaula en ese departamento, ofreció su reconocimiento a las familias de las 59 personas asesinadas durante su paso por la unidad antisecuestro.
Para Michael Reed, investigador del centro de análisis y resolución de conflictos con sede en Londres, Guernica 37, “si la medalla de orden público se otorgaba por conteo de cuerpos y esos cuerpos fueron el resultado de hechos criminales, incluyendo homicidios, el Comando General y el Ministerio de Defensa deberían retirar la condecoración y deberían surtirse efectos del retiro de esa condecoración. Nunca entendí cual era el sentido de que un oficial entregara un premio conseguido con sangre y criminalidad como medida de reparación a las víctimas. ¿Qué es lo que está entregando? parece tener mucho más sentido que, comprobado el crimen y todos los actos fraudulentos para conseguir éxitos en el esfuerzo contrainsurgente, sea la organización castrense la que retire la medalla y los otros beneficios que se derivan de tal condecoración”.
El magistrado relator del subcaso Casanare, Óscar Parra, explicó que las respuestas de las víctimas son absolutamente válidas. “Solo si vemos condiciones para que sea un acto restaurativo, se va a llevar a cabo. De pronto o no realizamos el escenario o lo transformamos en otro tipo de actividad. Esto debe ser leído desde varias perspectivas. Los procesos de memorialización, es decir, de diversos ritos asociados a procesos restaurativos, son un camino complejo. Que tiene ires y venires, criticas y enseñanzas. Yo creo que es clave para la Jurisdicción ver esa complejidad en los escenarios restaurativos, que no son estáticos, en las víctimas ni en los comparecientes. Yo creo que lo que está pasando con la entrega de la medalla nos lleva a pensar a la importancia de los contextos para las actividades restaurativas. Debemos tener un balance entre rigor y empatía. Abrir espacios dialógicos para seguirlos pensando. Las voces de las víctimas nos ayudan a pensarnos cosas”, dijo en entrevista.
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