Familiares del ‘Papero’ no delinquieron: Fiscalía

Ni las hijas de Marco Antonio Gil Garzón (más conocido como el Papero), ni su yerno, ni su exesposa, ni la madre de su hijo menor seguirán siendo investigados por testaferrato y enriquecimiento ilícito. Un día antes de que el país celebrara la Navidad, en una decisión que se viene a conocer hasta ahora, una fiscal de la Unidad Contra el Lavado de Activos ordenó que estas cinco personas permanecieran en libertad y, de paso, archivó la investigación que se les había abierto para determinar si habían ayudado a Gil Garzón a ocultar sus bienes producto del narcotráfico y si, a la vez, se habían enriquecido con dineros ‘calientes’.

Los beneficiados con esta determinación son Alexandra y Andrea Gil Guío (hijas), de 40 y 38 años respectivamente; Max Lozano (yerno), de 42 años; María Soledad Guío de Gil (exesposa), y Mónica María Sierra Díaz (madre del hijo menor de Gil). Según el documento de 27 páginas, conocido en su totalidad por El Espectador, “si la Fiscalía sólo tuvo conocimiento de las actividades delictivas de Gil Garzón (…) muchos años después del último acto (…) se infiere que había de ser más que probable que en su núcleo familiar no se le supiera otro rol que el descrito por sus allegados”.

Llama la atención que la Fiscalía, más que referirse a su propia investigación, resalta las conclusiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alrededor del núcleo familiar del Papero, quien fue incluido en la Lista Clinton en 2007. Por ejemplo, al abordar el caso de Alexandra Gil y su esposo, Max Lozano, señala el organismo que “la OFAC no sólo los excluyó de la Lista Clinton en el mes de octubre del año 2009 (fueron incluidos en marzo de 2007), sino que se puede concluir, con base en su comunicación fechada el 8 de noviembre de 2013, que las personas (…) no forman parte de la estructura delictiva de Marco Antonio Gil Garzón”.

Tan esencial fue la información del gobierno estadounidense que, en una especie de confesión de su propia incapacidad, asevera la Fiscalía que “de no ser por la publicación de la Lista Clinton, nada se hubiera sabido del pasado criminal de Gil Garzón”. El ente investigativo anota que si bien la Lista Clinton no es prueba suficiente para determinar si estas personas cometieron algún delito, sí puede ser asumida como “información admisible de que las autoridades de Estados Unidos no los consideran como ejecutores” de testaferrato y lavado de activos y que, como Colombia tampoco tiene otros “elementos de convicción que constituyan mejor evidencia”, el proceso sólo puede ser archivado.

Todos rindieron indagatoria. Las hijas del Papero, Andrea y Alexandra Gil, narraron que desde que estaban en el colegio trabajaban con su papá. Andrea nunca estuvo en la Lista Clinton y demostró que sus bienes no tenían relación con su padre. Alexandra, médica radicada en Australia con su familia, hizo lo propio. María Soledad Guío de Gil expresó que cualquier sociedad se había establecido en el ámbito de la confianza de un matrimonio prolongado y, además, indicó la Fiscalía, “la legación diplomática estadounidense (…) no se ha referido a ella”. Max Lozano contó que su inclusión en la Lista Clinton por haber trabajado con su suegro había sido “traumático”. Mónica Sierra justificó todos sus bienes con su trabajo y con la herencia de su abuelo: Pepe Sierra.

Capítulo Pedro Gómez

Pero esta decisión de la Fiscalía tiene un segundo capítulo implícito: lo que se podría entender como la justificación de por qué no se va a investigar al empresario Pedro Gómez. Reza el documento: “Desde los albores de este proceso se supo de (las) relaciones personales y de negocios (de Gil Garzón) con importantes hombres de empresa quienes sólo en el presente vinieron a enterarse del pasado delictivo de éste, a quien tenían como persona de su confianza. Tal es el caso de Pedro Gómez Barrero, cuyas protestas de inocencia partieron siempre del supuesto de que a Gil Garzón no se le conocía por nada diferente a un buen nombre social, comercial y financiero”.

Las relaciones comerciales entre el Papero y Pedro Gómez se hicieron públicas cuando el primero fue incluido en la Lista Clinton. Desde entonces Gómez, un reputado constructor de Bogotá, ha sostenido que en el momento en que Gil Garzón cayó en el radar de las autoridades de EE.UU. los negocios con éste se disolvieron y que nada se sabía de su pasado turbio. Un argumento similar han esgrimido el general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, y su esposa, Elba Pulido Solano, quienes se encuentran detenidos preventivamente por supuesto enriquecimiento ilícito: Buitrago está en el Centro de Estudios Superiores de la Policía y Pulido está bajo detención domiciliaria.

Marco Antonio Gil, de 60 años, posó toda una vida de próspero hombre de negocios de la Central de Abastos de Bogotá, hasta que en marzo del año pasado fue capturado. Terminó acogiéndose a sentencia anticipada sabiendo que los testimonios de los extraditados Jaime Mor Saab y Édgar Guillermo Vallejo ya lo habían hundido, y fue condenado a seis años de prisión. A la fecha la Fiscalía le ha incautado 147 bienes, pero, como pocos figuraban a nombre de sus hijos o exmujeres, para el organismo investigativo la única conclusión posible es que el delincuente era él, no su familia.

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