Farc dice que debe haber veeduría internacional en caso de Palacio de Justicia

«Expresamos solidaridad con los familiares de las víctimas», dijo a la prensa la guerrillera Victoria Sandino, antes de iniciar una nueva jornada de negociaciones de paz con los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, sede de los diálogos de paz para Colombia desde noviembre de 2012.

Además, añadió que «levantamos nuestra voz para que sea escuchada su solicitud de una veeduría y acompañamiento internacional por las injerencias indebidas de la inteligencia militar y las irregularidad acaecidas a lo largo de la investigación».

Al cumplirse el viernes el 30 aniversario de la sangrienta retoma por el Ejército del Palacio de Justicia, que se saldó con un centenar de muertos –entre ellos 11 magistrados- y 10 desaparecidos, Santos reconoció la responsabilidad del Estado en esa matanza y pidió perdón, dando cumplimiento a una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La sede del poder judicial colombiano, en el centro de Bogotá, había sido tomada en noviembre de 1985 por miembros de la guerrilla M-19, que se desmovilizó en 1990, para presionar al entonces presidente Belisario Betancourt, con quien sostenían negociaciones de paz. (Vea el especial)

Los familiares de los desparecidos, ejecutados extrajudicialmente y torturados durante la retoma del Palacio exigen al presidente colombiano que se esclarezca la verdad sobre esos hechos y que sus responsables sean llevados a la justicia.

El gobierno y la guerrilla de las FARC, que discuten actualmente el complejo punto sobre víctimas, tras lograr consenso los de reforma rural, participación política y drogas ilícitas, sellaron en octubre un histórico acuerdo para la búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado en Colombia.

Guerrillas, grupos paramilitares, de narcotraficantes y agentes del Estado han participado en esa conflagración, que ha dejado en medio siglo unos 220.000 muertos, seis millones de desplazados, y entre 20.000 y 100.000 personas desaparecidas , según estimaciones oficiales y de organismos internacionales.