Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El pasado 20 de julio, la senadora Piedad Córdoba tomó posesión en el Senado para un sexto período como congresista en su larga trayectoria política. Pero su nuevo año en el Legislativo trae a cuestas un inédito llamado de la justicia a que dé explicaciones en un proceso judicial que lleva una década y media sin resolverse. La Corte Suprema de Justicia la citó el próximo viernes a versión libre en un proceso por los presuntos delitos de rebelión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como ya se sabe, el caso da cuenta de que hace varios años las autoridades tienen evidencias de los posibles vínculos de Córdoba con la exguerrilla de las FARC. Pero hay más.
Podría interesarle: Corte Suprema cita a la senadora Piedad Córdoba por “farcpolítica”
El Espectador tuvo acceso a todas las pruebas que reposan en la Sala de Instrucción en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Además de detalles de cómo habría sido la relación de Córdoba y el secretariado de las FARC, se esclarece un camino poco explorado hasta ahora: un supuesto enriquecimiento ilícito de ella y su familia, que consiguió haciendo lobby para empresarios ante el Gobierno venezolano. Entre las pruebas hay informes inéditos de inteligencia, análisis de las finanzas de la congresista y de 16 miembros de su familia, e interceptaciones de comunicaciones. También declaraciones que comprometen a la senadora del Pacto Histórico, como la de su exasesor Andrés Vásquez y de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.
¿Cómo se enriqueció Piedad Córdoba?
Andrés Vásquez fue testigo y protagonista de las movidas de la senadora que hoy investiga la Corte. Por eso, su testimonio sería clave para esclarecer cómo, en medio de la aparente afinidad de Córdoba con las FARC y su creciente cercanía al gobierno chavista, ella y su familia construyeron su fortuna. Ese no era el objetivo inicial de Piedad Córdoba, reconoció el testigo: “Piedad llega a Venezuela sin tener un propósito de enriquecimiento. Su propósito era la Presidencia y lograr el acuerdo humanitario como un trampolín a ser presidenta. Con el tiempo, y lo relata muy bien Gerardo Reyes en el libro, los mismos hijos le empiezan a decir a Piedad: ‘Sin plata no hay política’”.
Vásquez se refiere al libro Álex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, publicado en 2021 por Planeta. En el texto, el periodista de investigación Gerardo Reyes construye la historia del empresario de telas, hoy preso en Estados Unidos por, al parecer, lavarle millones de dólares al régimen venezolano. Aunque por años se había especulado sobre la cercanía de Córdoba y Saab, y la única prueba fehaciente era una foto de los dos, el libro aportó las primeras evidencias conocidas de esa relación. En su investigación, la Corte Suprema ha podido corroborar con pruebas judiciales buena parte de las afirmaciones.
Le recomendamos: El rastro de los dineros entre Piedad Córdoba y el empresario Álex Saab
Asimismo, el alto tribunal estableció que Andrés Vásquez es una de las personas centrales en la historia que reconstruyó el periodista. Cuando lo citaron a declarar en el consulado colombiano en Miami (EE. UU.), donde vive, Vásquez explicó: “Piedad sí ejerció un papel importante en la creación de una estructura financiera en Venezuela, que permitió a muchos empresarios hacer negocios en Venezuela, de los cuales Piedad se beneficiaba o alguno de su círculo cercano de manera económica, con porcentajes o con sociedades”. Una situación que está prohibida para cualquier congresista. Entre esos empresarios está Carlos Balilla Battistini, un empresario colombo-venezolano.
De hecho, en 2010 la Fiscalía analizó más de 10.000 correos de la senadora y de asesores suyos como Andrés Vásquez y otras personas. El informe da cuenta de cómo el equipo de la senadora y la empresa Led Media intercambiaban cuentas por pagar, incluso de actividades publicitarias para su campaña. Aunque el ente investigador hizo ese trabajo, la Corte revisó los resultados de esas pesquisas y se encontró con que el caso estaba archivado y el expediente refundido. Finalmente, las carpetas con las evidencias que logró recopilar la Fiscalía fueron halladas en las instalaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esa última entidad también tiene que ver con esta investigación, pues otra de las declaraciones que enreda a Piedad Córdoba es la de una exfuncionaria de esa agencia: Marta Inés Leal Llanos, subdirectora de inteligencia condenada por el escándalo de las chuzadas.
Podría interesarle: Proceso contra la senadora Piedad Córdoba por “farcpolítica” sigue en firme
Fue su división la que, hacia 2007, comenzó a indagar los rumores de una supuesta financiación del Gobierno de Venezuela a la entonces senadora liberal, que, al parecer, se concretó a través de la empresa de fertilizantes Monómeros. La Corte ya tiene identificado el contrato que le dio esta empresa a la fundación de una persona cercana a Córdoba, a través del cual habría ingresado el dinero.
Además, para corroborar todas estas declaraciones, la magistrada Cristina Lombana les pidió a varias entidades revisar las finanzas de la senadora. La Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), organismo de inteligencia económica y financiera adscrito al Ministerio de Hacienda, entregó sus conclusiones en noviembre de 2021. En su informe puso de presente varias actividades sospechosas. Por ejemplo, las consignaciones que le hizo César Ruiz Sandoval a Piedad Córdoba y varios de sus familiares, que suman casi $900 millones, luego de que él mismo recibiera transferencias de empresas de Álex Saab. Como contó este diario, Ruiz Sandoval fue asesinado en 2022 en Barranquilla tras un aparente ataque sicarial.
Otra alerta de los analistas tiene que ver con la compra en 2013 del apartamento en el que vive la senadora Córdoba, en el centro de Bogotá, con un área de 545 metros cuadrados. Calculando el precio del metro cuadrado para entonces, los analistas consideran que el inmueble valía realmente $4.400 millones, pero Córdoba reportó haber pagado $978. Y, no solo sorprende esta millonaria discrepancia en el valor, sino que la UIAF no entiende de dónde salió el dinero: “Hay un origen desconocido de los recursos propios (de Piedad Córdoba) por $226 millones que fueron utilizados para la compra del inmueble”, porque ese año solo reportó ingresos por $215 millones.
Conozca más: La guerra entre la Procuraduría, Gustavo Petro y otros funcionarios públicos
De allí que Lombana hubiera ordenado también revisar las finanzas de los miembros de su familia. Los hallazgos del informe, de 287 páginas, corroboran algunos de los dichos de Andrés Vásquez. Por ejemplo, que los tres hijos de Piedad Córdoba, el exsenador Juan Luis Castro Córdoba y sus hermanos Natalia y Camilo, son socios de una empresa llamada Papalma Inversiones, hoy Golden Palms Investments. Según el testigo, utilizaron esta sociedad “para que los dineros provenientes de Venezuela o de los negocios en Venezuela ingresaran a Colombia”. El informe muestra que hoy el representante legal es Camilo Castro y que hay al menos otra sociedad con el mismo nombre, también vinculada a él, radicada en Panamá.
La génesis del caso: las FARC
Aunque hasta ahora se conocen estas movidas sospechosas en el patrimonio de Córdoba, la investigación en su contra arrancó en 2008. “Yo los invito a la subversión, yo los invito a la rebeldía”, le dijo la entonces senadora del Partido Liberal a un auditorio lleno de estudiantes en la Universidad Nacional. Intervenciones como esta le valieron a la congresista siete denuncias que la Corte acumuló. Hacia el final del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, el alto tribunal comenzó a indagar si Córdoba abusó de la designación que le dio ese gobierno del 15 de agosto al 21 de noviembre de 2007 para mediar en un intercambio humanitario de secuestrados.
Durante ese proceso, el expresidente de Venezuela Hugo Chávez tuvo un rol predominante, pues también se ofreció a colaborar para que se firmara el acuerdo, y, según los testimonios de personas cercanas a Córdoba, allí comenzó a gestarse la cercanía de la senadora con la cúpula oficialista del vecino país. Pues bien, el alto tribunal pudo confirmar que el permiso que le dio el gobierno Uribe a Córdoba para mediar con la guerrilla duró apenas tres meses y, aun así, la senadora siguió relacionándose con altos mandos de las FARC. Al parecer, hasta los asesoraba sobre cómo dar a conocer sus ideas y acercarse al gobierno de Chávez.
Lea también: Gobierno deja en firme extradición de Álvaro Córdoba por narcotráfico
Aunque la supuesta cercanía de Córdoba con las FARC se ventiló cuando la Procuraduría la destituyó en 2010, decisión que tumbó el Consejo de Estado en 2016, hay novedades. La sanción fue declarada ilegal porque utilizó información del computador del exjefe guerrillero Raúl Reyes. Según había determinado la Corte Suprema, la cadena de custodia de los equipos se rompió y no podían ser usados como prueba. Con esa premisa, por años ha parecido imposible procesar a cualquier político mencionado en esas comunicaciones, incluida Córdoba, por la llamada “farcpolítica”. Sin embargo, la magistrada Lombana parece haber encontrado otro camino.
Para no utilizar los computadores de Raúl Reyes, la Corte comenzó a escarbar en expedientes de otras operaciones en las que fueron incautados dispositivos a las FARC. Por ejemplo, en computadores extraídos tras la operación en la que murió el Mono Jojoy, en 2010, se hallaron menciones a “La Negra” o “Gaitán”. Esa persona, al parecer, servía de “palanca” a la guerrilla ante la clase política y, en una comunicación de mayo de 2008, Alfonso Cano, el ideólogo de las FARC, le recomienda al secretariado: “Mover con ella nuestras propuestas políticas”. Según el informe de análisis de los equipos, el nombre lo usaban “para referenciar a una y solo una persona”: a la senadora Córdoba.
Entre las pruebas que ha recogido Lombana también hay testimonios que dan cuenta del nivel del supuesto involucramiento de Córdoba con las FARC. Por ejemplo, el de Víctor Tomnyuk, ciudadano ucraniano que se infiltró en la guerrilla haciéndose pasar por un miembro del Partido Comunista ruso. Según el relato, desde esa posición privilegiada, conoció a la senadora en una reunión política. Incluso, Tomnyuk le dijo a la Corte que un alto mando de las FARC le había dicho que estaban “preparando” a Córdoba para que fuera presidenta de Colombia, que sus vínculos con ella eran netamente políticos y que la guerrilla la apoyaba con votos en diferentes municipios.
Le recomendamos: Entre olvidos, Piedad Córdoba deja claro lo poco que sabe sobre el caso Álvaro Gómez
A esas declaraciones se suman otras de exsecuestrados, como Gloria Polanco y Jorge Gechem. La más reciente fue la de Íngrid Betancourt, excandidata presidencial, quien le dio su testimonio a Lombana en febrero de 2022 y aseguró que, en la década de los 90, cuando coincidieron en el Congreso, eran evidentes los lazos de Córdoba con la guerrilla: “Todos sabíamos que Piedad tenía relación directa con los comandantes de las FARC. Ella lo decía también”. Por ese canal, las congresistas se reunieron con el secretariado de las FARC en 2001 y le presentaron la consulta anticorrupción que promovía Betancourt. Un año después, a la candidata presidencial la secuestraron.
Con toda esta batería de pruebas, en más de una ocasión, al menos desde 2021, la magistrada Lombana ha presentado en sala todas las evidencias para vincular formalmente a un proceso penal a Piedad Córdoba. Hasta ahora, sin éxito. Además, el proceso ha tenido una gran talanquera: las recusaciones que radica, sin tregua, Ximena Castilla, la abogada de la senadora. En diálogo con este diario, Castilla explicó por qué ha sido tan insistente en recusar a la magistrada: “En primer lugar, porque ha sido totalmente evidente su falta de dignidad y de imparcialidad. Segundo, porque ella fue militar y las Fuerzas Militares declararon a Piedad Córdoba como su enemiga”. Y continuó: “Adicionalmente, la Corte Suprema no es competente porque cuando la Procuraduría la inhabilitó, Piedad Córdoba perdió la calidad de senadora. Por último, Lombana tiene el 100 % de incapacidad laboral y no tiene presentación que siga trabajando, incurriendo en irregularidades de las que yo no voy a participar”. La abogada Ximena Castilla explicó que no comparecerán a la diligencia de versión libre del próximo 28 de julio. Así las cosas, en la Corte Suprema ya cumplen 15 años recopilando pruebas contra Córdoba, mientras crece el miedo de que la senadora se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no puedan investigarla.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más