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A las 9:00 a.m de este 8 de febrero de 2021, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Corporación Fasol) entregará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “La justicia tiene corazón”, que documenta los hechos victimizantes contra funcionarios judiciales en el conflicto armado colombiano, entre los años 1979 y 2016. Según la propia organización, en ese lapso 1.151 funcionarios fueron violentados en el marco del conflicto y cerca de la mitad de los casos no fueron identificados un victimario.
“Este informe pretende que toda acción violenta que se ha perpetrado contra integrantes del poder judicial por su ejercicio sea identificado como un ataque continuo y vehemente catalogado en una sistematicidad. También pretende encontrar responsabilidad de los autores a partir de la constatación probatoria que realice la JEP y, por último, generar reconocimiento y visibilización de las víctimas pertenecientes al poder judicial colombiano, en aras de disminuir las cifras de impunidad y promover escenarios de reconciliación, memoria y fortalecimiento de la justicia como base para la construcción de la paz”, señaló Fasol a El Espectador.
El evento, que será privado, pero contará con la presencia de la Procuraduría, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tiene datos reveladores sobre la violencia que sufrieron los funcionarios judiciales durante más de tres décadas en Colombia en medio del conflicto armado. Por ejemplo, que 498 funcionarios que reportaron hechos victimizantes no tienen certeza quién o quiénes fueron sus victimarios.
Lo que pudo identificar Fasol en su informe es que los paramilitares serían los principales perpetradores de las afectaciones contra funcionarios judiciales (347 casos), seguido por agentes estatales (234) y los grupos guerrilleros (185) y grupos narcotraficantes (21). El periodo comprendido entre 1996 a 2005, según el informe, fue el lapso en donde los funcionarios sufrieron mayores ataques (60% del total), tiempo que coincide con el auge y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Fasol viene registrando estos hechos desde 1979 hasta el presente, entre las cuales se incluyen registros de violencias como muertes violentas, torturas, atentado contra la población civil y edificaciones de la administración de justicia, lesiones personales, amenazas con fines terroristas, desaparición forzada, desplazamientos y exilios. Sin embargo, Fasol señala que existe un subregistro de las afectaciones, ya que muchas veces los funcionarios judiciales no denuncian los hechos.
“Bogotá y Cundinamarca, por su densidad poblacional, aportan más de 259 casos desde 1979 a 2016. Antioquia concentró 213, Valle del Cauca 149 y Atlántico 30. Otros departamentos, que no tienen tanta densidad, como Norte de Santander, Caquetá también aportan cifras de hechos victimizantes importantes”, señaló un vocero de Fasol a este diario.
“Solo con la efectividad de una justicia que busque superar la impunidad y centre sus esfuerzos en la reivindicación de las víctimas, podrá el poder judicial colombiano superar la impunidad reinante y la sociedad encontrará escenarios que posibiliten la memoria, el perdón y la construcción de una cultura de paz que contribuya a superar la fractura en que se debate la sociedad”, señaló la Corporación Fasol, quien ha colaborado durante décadas en la protección de este sector de la población colombiana.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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