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La Federación de de Periodistas de América Latina y el Caribe coadyuvó la decisión se su afiliada en Colombia de conminar a la Corte Constitucional para que declare los delitos de injuria y calumnia como faltas no penalizables.
Las agremiaciones consideran que por esta vía se ha venido recortando la capacidad crítica de los periodistas, coartando su derecho a la libertad de expresión y obstaculizando las garantías para el disenso que deben reinar en una democracia.
“(…) La actual normativa legal de Colombia abre la posibilidad a que la inconformidad y la crítica propias de las sociedades pluralistas y democráticas sea criminalizada, y de este modo se limite el debate público, dado que la persecución penal disuade a los ciudadanos, y en particular los periodistas, a criticar, disentir y opinar sobre temas de relevancia pública” sostiene la Federación.
Indicó, además, que hay precedentes sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que demuestran la legitimidad de este requerimiento, que también queda sentada en la postura de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
“(…) La Organización de Estados Americanos, particularmente en los puntos 10 y 11 precisa que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, dice la Federación.
El organismo añadió que la petición ha sido apoyada por otros 12 afiliados que vienen cumpliendo logros importantes en la materia, en países como Argentina, Uruguay, México, Honduras y logros parciales en Brasil.
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