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Fernando Álvarez Morales estuvo en boca de todo el país en 2017, cuando su nombre fue incluido en una investigación penal. El exsecretario de Movilidad de Bogotá había sido capturado y enviado a la cárcel por supuesta corrupción. Desde entonces, quedó marcado por haber pertenecido a la administración del fallecido Samuel Moreno Rojas, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación. Sin embargo, Álvarez Morales se juró inocente. Durante ocho años él y su familia se mantuvieron en esa postura y, finalmente, la justicia les acaba de dar la razón en primera instancia en un proceso en el que, según el propio exsecretario, la Fiscalía jugó un papel “amañado, desleal y casi que tramposo”.
El exfuncionario terminó tras las rejas en medio de un proceso en el que se le investigó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por supuestamente haber amañado contratos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Puntualmente, lo que sostuvo por años la Fiscalía es que Álvarez lideró un “trabajo criminal” en la Secretaría de Movilidad, a través de un convenio suscrito en 2008 con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para la reestructuración del SITP, que costó más de $3.950 millones inicialmente, y al que se le agregaron más de $777 millones en cuatro adiciones.
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“Era perfectamente factible hacerle adiciones presupuestales al contrato interadministrativo que era además con una universidad pública. Pero la Fiscalía (en ese momento al mando de Néstor Humberto Martínez Neira) resolvió que esas adiciones habían modificado el objeto del contrato. Ahí se inventaron una historia que, ocho años después, queda perfectamente desvirtuada”, dijo en diálogo con El Espectador el exsecretario Álvarez. Su inocencia la acaba de respaldar el Juzgado Séptimo Penal de Bogotá que lo absolvió de toda culpa. “Aquí se demostró que los valores girados a la UNAD buscaban satisfacer el objeto contractual y las adiciones que se acompasaban al mismo, al punto que se ejecutó lo convenido”, se lee en la decisión judicial de 55 páginas.
En palabras más sencillas, lo que la justicia resolvió es que el exsecretario nunca actuó de mala fe, no se robó un peso y que el dinero cuestionado por la Fiscalía sí fue usado para su verdadero objetivo: reestructurar el SITP en Bogotá. Aunque la decisión fue concreta y le dio la razón a Álvarez Morales después de ocho años, el tiempo que duró el proceso fue un calvario para él y su familia. Según Álvarez, su nombre quedó en medio de las pesquisas de la Fiscalía, en un momento en el que buscaba entregar resultados a como diera lugar. El caso, sostiene, se manejó “con mucha intencionalidad de generar noticia y un falso positivo judicial donde no había elementos materiales probatorios suficientes para imputarme esos delitos”.
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Todo eso, asegura Álvarez, “cuando Néstor Humberto Martínez realmente estaba escondiendo una gran cantidad de intereses alrededor de todo el tema de Odebrecht”. El exfical Martínez llegó a liderar el ente investigador en 2016, después de haber sido abogado del Grupo Aval, uno de los salpicados en el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña. La teoría de la familia Álvarez es que, en ese afán de quitar cualquier duda sobre su transparencia, Martínez empezó una cacería de brujas. “No se estaban discutiendo ni coimas ni corrupción en este caso, sino una interpretación equivocada, intencionada para producir noticias y para poder imputar y mover todos los procesos que tenían medio quietos”, agregó el exsecretario.
Cuando Álvarez Morales terminó involucrado en este expediente, ya era un servidor público de vieja data. Fue subdirector técnico y subdirector administrativo y financiero del ICETEX en los años ochenta; secretario general de la Aeronáutica Civil en el gobierno de César Gaviria; secretario general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el gobierno de Ernesto Samper; y vicepresidente de Telecom, entre otros cargos. Sin embargo, su puesto como gerente de Transmilenio y secretario de Movilidad de Bogotá, entre 2008 y 2011, fue el que lo llevó al pleito que dañó su imagen pública en cuestión de días. Fue imputado el 21 de julio de 2017 y, menos de una semana después, ya estaba preso.
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Aunque solo duró seis meses en La Picota, el daño fue total. Asegura que no volvieron a contratarlo como consultor y que sobre él cayó el estigma de uno de los procesos de corrupción más sonados en Bogotá, sin tener nada que ver con eso. “Quedó demostrado en el juicio que esto no tenía nada que ver con el cartel de la contratación. Fue un contexto que usó amañadamente la Fiscalía para inducir al error al juez de garantías y hacerle creer que yo era un miembro más de esa banda de delincuentes y meterme a la cárcel”. Sus tres hijos, su esposa y la pensión que le quedó fueron los que lo mantuvieron durante los años que duró el proceso.
Por ahora, Álvarez Morales asegura que se tomará un descanso para procesar todo lo ocurrido en el expediente y respirar con calma por haber probado su inocencia, sin que la Fiscalía, que lo señaló por años, se atreviera ahora a apelar el fallo. También contempla si interpondrá o no una demanda de reparación contra el Estado para que lo indemnice a él y a su familia por haber dañado su buen nombre. Duda si hacerlo, asegura, pues, “esas indemnizaciones se pagan con los impuestos de todos. Entonces uno dice, ¿cómo hago pagar a toda la sociedad por la mala intención y el mal uso del aparato de investigación del Estado por parte de una persona que puso a su servicio ese aparato para proteger otros intereses?”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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