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La ausencia de una política farmacéutica en el país llevó a que, entre 2015 y 2018, el Estado pagara alrededor de $13 billones en sobrecostos de medicamentos. Así lo dejó en evidencia una acción popular que presentó la procuraduría de Fernando Carrillo, en 2019. Ese panorama podría cambiar durante los próximos días. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que acogió para estudio el recurso, está a poco tiempo de tomar una decisión que podría ser trascendental para el sector salud, pues la pretensión no es menor: lo que busca este proceso es que el Gobierno regule el precio de todos los medicamentos del país.
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La cuestión es novedosa, según lo explicó el Ministerio Público, en un documento de más de 60 páginas, en el que pidió una política pública para la regulación de los precios. Nueva, señaló la Procuraduría, puesto que ese sobrecosto no se está originando por abusos del Estado, sino por las entidades que prestan servicios en salud o proveen medicamentos. “Este es un problema que emerge del marco generado por los cambios realizados en los últimos 30 años, en los que se pasó de un Estado que directamente gestionaba o prestaba servicios públicos, a un régimen en el que los particulares prestan esos servicios, según regulación estatal”.
Por eso, lo que estudia el tribunal es si es necesario ordenar al Gobierno, como lo pide la Procuraduría, a que expida una política farmacéutica, en cabeza del Ministerio de Salud, para que exista un “marco regulatorio” del precio de todos los medicamentos a escala nacional. Asimismo, la acción popular busca que el tribunal obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adelantar investigaciones por violación del control de precios. Para el Ministerio Público, el Estado no ha hecho lo suficiente para regular esos sobrecostos y, por eso, la deuda que se ha generado en solo tres años ha sido de más de $13 billones.
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Para ilustrar el problema, la Procuraduría elaboró un cuadro en el que desmenuzó los problemas en los precios de varios medicamentos. El que más tiene sobrecosto es Symbicort Turbuhaler, un inhalador que se utiliza para el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc). Mientras hay EPS que cobran $48.844, el Ministerio Público encontró que otras lo venden a $540.775. Otro caso particular es el del Seretide Diskuz, otro medicamento en forma de inhalador de disco, que se prescribe para tratar enfermedades en las vías respiratorias. Su precio en algunas EPS es de $53.278 y en otras alcanza los $472.893.
Además de la urgencia en regular estas diferencias en los precios de medicamentos, la Procuraduría pidió que se ordene una investigación a las entidades que fabrican, comercializan y distribuyen medicamentos al por mayor que pudieron lucrarse de mayores ingresos por la venta de medicamentos a un costo superior a los autorizados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La finalidad de esta indagación es que, si incurrieron en algún actuación irregular, reintegren el dinero a las cuentas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Para dimensionar todavía mejor el asunto que podría resolver el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría fue explícita: de 74.696 medicamentos que se venden en el país, el 73,49 %, es decir, 54.936, no tienen ningún tipo de regulación; el 24 %, alrededor de 17.769, están reglamentados por el precio de referencia internacional (PRI); el 2,5 %, es decir, 1.922, tienen un control directo de precios, y solo el 0,01 %, 69, tienen una regulación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, aunque existen estos parámetros, ninguno se hace efectivo, a juicio de la Procuraduría.
El tribunal no la tiene nada fácil. Los magistrados de la Sección Primera que estudian este expediente tienen claro que su decisión podría sentar un precedente histórico. Fuentes cercanas al expediente le contaron a este diario que en las salas de debate han pasado varias preocupaciones por las discusiones jurídicas. Por ejemplo, que en Colombia está vigente una circular que ya debería regular todos los precios y, por eso, una salida más estratégica al asunto sería ampliar ese documento y no emitir la orden de crear una nueva política farmacéutica. Otra preocupación es el tema de los topes en esos precios.
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Sobre esta cuestión, lo que preocupa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que, al poner un número máximo en esos precios, las farmacéuticas podrían optar por no vender los medicamentos en Colombia, lo que generaría un déficit en la oferta. Una situación de extrema gravedad, pues, según el medicamento, podría tratarse de un asunto de vida o muerte. La discusión en el tribunal está liderada por el magistrado ponente Luis Manuel Lasso. En su momento, la Procuraduría explicó que los medicamentos son “bienes meritorios”, por lo que debe primar el beneficio social al individual de quien lo produce.
“Los bienes meritorios contribuyen a mitigar la desigualdad al permitir que la mayoría de personas de una sociedad que no tendrían acceso a ellos, bajo un modelo privado, puedan disfrutarlos. Es por esta razón que, en el caso de los medicamentos, la intervención del Estado es necesaria para conciliar los intereses de quienes producen medicamentos con los intereses en salud pública mediante el control de precios, de calidad y la promoción de la competencia, aseguró la Procuraduría. El tribunal no la tiene nada fácil. Ya sea por el camino de una política farmacéutica o ampliando la regulación existente, su decisión será determinante para la regulación de los precios de los medicamentos de ahora en adelante.
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