Fiscal acepta la renuncia de Marilú Méndez

Méndez, que había permanecido durante cuatro años y diez meses al frente de esa unidad, había sido mencionada en el escándalo de Fondelibertad. La misma servidora había explicado que su hijo mantuvo uno de estos contratos durante siete meses y que éste había sido entregado directamente por el Ministerio de Defensa, aún cuando señaló que ha habido algunos detalles relacionados con ese y otros contratos que no han sido presentados tal y como se dieron realmente.

Agregó que su llegada a la Dirección del CTI se produjo varios años después de que su familia empezara a tener estos vínculos contractuales con el Fondo  estatal, por cuanto no había oportunidad para que protagonizara tales irregularidades, aún cuando ya estaba acostumbrada a ser blanco de ultrajes y hostigamientos relacionados con esta situación.

Manifestó que no es cierto que su hijo hubiera sido contratado en 2010 y que tampoco recibió 50 millones de pesos en un solo mes, como se ha afirmado; aclaró que el convenio se dio en 2008, por 11 meses, y que él se vio obligado a finalizarlo anticipadamente por una oferta laboral que recibió proveniente de la empresa privada.

En torno a la situación de su hermana, Olga Lucía Méndez, explicó que desde hace diez años licita con la Policía Nacional, lo que haría inocua su eventual ayuda desde el cargo del que acaba de ser separada, por cuanto sólo llegó allí seis años después, es decir, hace cuatro.

Indicó que ya estaba habituada a ser objeto de ultrajes y hostigamientos relacionados con los contratos que mantenían sus familiares con Fondelibertad, pero que no estaba dispuesta a aceptar que fueran incluidos en organigramas.

“Yo estaba acostumbrada a recibir anónimos, a recibir amenazas, a ser hostigada y eso lo había hecho parte de su servicio y había asumido el riesgo, inclusive, había llevado a mi familia a asumir ese riesgo, pero ya el riesgo familiar de trabajar y que sea catalogado desde un organigrama por ser familiar de la Directora del CTI ya no estuve dispuesta a aceptarlo; no lo entiendo”, precisó.

Aclaró que todas las comunicaciones relacionadas con la contratista Fares tienen el requerido respaldo institucional y que el acompañamiento que la Fiscalía hizo frente a la gestión de la firma está plenamente autorizado por el ente acusador, por cuanto no entiende por qué se relacionan con el hecho de que su familia también haya sido adjudicataria de otros convenios con Fondelibertad.

“Todas las comunicaciones que han salido de la Dirección Nacional del CTI son registradas, son oficiales, son respaldadas por la estructura institucional. Hay una comunicación hacia una empresa que hace parte de una investigación penal (…) Es una empresa que acompañó la Fiscalía en la ejecución contractual, pero no participa en todo el trámite administrativo ante Fondelibertad (…) Esto está autorizado, está ordenado por el Fiscal General de la Nación”, concluyó.