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Paulo Xavier Romero Julio, un hombre del que poco se conoce públicamente, era hasta este lunes el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, uno de los cargos más altos y codiciados de la entidad. Aunque se trató de un nombramiento provisional, su llegada no duró mucho tiempo. El pasado lunes 23 de octubre fue destituido de ese cargo luego de que se conociera una conversación de 2016, que estaba en poder de la propia Fiscalía, en la que, al parecer, habría pedido puestos a un concejal en Cartagena mientras fue fiscal seccional en esa ciudad. Sin embargo, desde hace años, el ente investigador tenía indicios de que algo andaba mal en su carrera profesional.
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El Espectador pudo conocer que, en contra de Paulo Xavier Romero, hay 27 indagaciones activas, la mayoría por el delito de prevaricato por acción, es decir, cuando un servidor público actúa sabiendo que va en contra de la ley. Uno de esos procesos está relacionado con el caso de la Universidad Metropolitana (Unimetro) de Barranquilla y el Hospital Universitario de esa misma ciudad, un pleito familiar que ya ha tenido capítulos de corrupción judicial. Según la denuncia contra el fiscal Romero, quien arrancó el caso fue el abogado Jhonatan Peláez, el pasado 29 de septiembre, por presuntas irregularidades en investigaciones que adelantaba el exfiscal en el caso de Unimetro.
El expediente tenía que ver con presuntas gestiones indebidas que se presentaron en medio de la disputa por quién se debe quedar con el control de la institución universitario y el centro de salud. Este es, precisamente, el caso por el que ya fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar. La investigación en su contra reveló que buscó interceder en una audiencia en la que podía salir beneficiada una de las partes del caso Unimetro. El caso le tocó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí (Atlántico), a cargo entonces de Andrés Rodríguez Caez, quien grabó una reunión en la que el entonces senador le pidió desestimar las pretensiones de ese caso y le ofreció votos y dinero para una campaña política.
En este contexto, el abogado Peláez denunció, ante el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, que Romero habría realizado presuntas intimidaciones en su contra. Según el relato del abogado, el 19 de septiembre de 2023 recibió un correo del asistente del fiscal, mientras se encontraba en audiencia del caso, en el que se le informaba que era investigado por el delito de cohecho. Días después, y ante la solicitud del abogado de clarificar la información, el fiscal le confirmó que era investigado por ese delito. El problema, según la denuncia, es que la investigación es en contra servidores públicos y Peláez no lo es. Por eso, el abogado explicó que se trataba de una evidente intimidación.
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El abogado agregó: “El 29 de septiembre de 2023, recibí una llamada de parte de la fiscal auxiliar o de apoyo del fiscal séptimo y me manifestó que, básicamente, la investigación era porque sabían que yo había sido abogado en el proceso y que se relacionaba con el Hospital Metropolitano en donde habían encontrado un documento elaborado a mano me habían hecho supuestamente unos pagos. (…) Frente a esto debo decir que nunca he trabajado en ese hospital (…) es cuestionable e inadmisible que se le otorgue la calidad de indiciado a un abogado por recibir unos honorarios”. Peláez pidió en su denuncia que Romero sea apartado de la investigación y se abra un proceso penal en contra del ahora exfiscal.
“Es muy grave que el fiscal se atreva a perseguir la labor de un abogado”, concluye la denuncia. Sin que las investigaciones del caso surtieran algún efecto, Romero fue apartado de la Fiscalía por la denuncia que hizo el periodista Daniel Coronell, sobre la llamada en la que se escucha al exfiscal pidiendo puestos a un concejal de Cartagena. Los hechos se enmarcan dentro del presunto entramado de corrupción que se presentó en esa ciudad entre el exalcalde Manolo Duque y varios exconcejales de la ciudad para elegir a Nubia Fontalvo como contralora distrital. Hechos por los cuales el exalcalde y varias personas son investigadas por la Fiscalía y se encuentran a la espera del inicio de la etapa de juicio.
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Entre los presuntamente involucrados se encuentra el exconcejal Jorge Useche Correa, quien al igual que los demás se encuentra libre por vencimiento de términos. Su nombre es relevante porque es precisamente con él con quien se presentó la cuestionada llamada. En la conversación, revelada por Coronell, el exconcejal le dice a Romero que no se dejaron robar la Contraloría y el fiscal le pide puestos al concejal. “¿Cuánto me va a dar?”, “¿Qué me va a dar”, “¿cuándo le hago llegar las hojas de vida?”, son algunas de las expresiones que se escuchan en la llamada. En diálogo con La W, el exfiscal Romero señaló que el concejal Useche sí se ofreció a ayudarle “porque allá en Cartagena uno ayuda a los amigos”.
Y agregó: “Él me dijo, hombre te ayudo con cualquier amigo (…) Allá en provincia, cuando uno ayuda, ellos ofrecen esas cosas”. Por su parte, la Fiscalía expresó que “rechaza cualquier acto que ponga en duda la dignidad y la honra de la administración de justicia. Asimismo, reitera el compromiso de velar por el correcto actuar de sus funcionarios”. Aun así, el fiscal Romero logró treparse hasta llegar a la que es considerada la cúpula para los fiscales: la unidad delegada ante la Corte Suprema. Falta ver a dónde llegan las investigaciones que pidió la propia Fiscalía y si, a la luz de las denuncias periodísticas, las 27 indagaciones en contra de Romero resultan escuchadas.
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