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El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett advirtió que el ataque del ELN a un grupo de militares en zona rural del municipio de Güitán (Boyacá) puede ser calificado como un “crimen de guerra”. En la acción falleron 11 militares y dos policías, mientras que otros dos uniformados fueron retenidos de manera ilegal.
“Constituye un crimen de guerra atacar a personas protegidas, que no pertenecen al conflicto, en este casi, un policía que murió y los civiles”, aseguró el jefe del ente investigador quien este martes participó en una conferencia en la facultad de derecho de la American University.
Frente a las preguntas de los periodistas ante la aplicación del modelo de justicia transicional para los protagonistas del conflicto armado interno el Fiscal General aseguró que solo “debe haber uno” para los grupos insurgentes. En este sentido señaló que no puede haber uno para las Farc y otro para el ELN, de concertarse un proceso de paz.
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que es menester suspender la fase exploratoria para fijar una negociación entre el Gobierno y el ELN hasta que no se comprometan a que no se van a presentar nuevamente estos actos en contra de las Fuerzas Militares y la población civil.
“Se deberán suspender cualquier género de conversaciones y restablecerlas hasta que se comprometan a no volver a reiterar estos actos de barbarie. Esto debe tener consecuencias, es lo que el país exige, es lo que las víctimas desean, es un acto de elemental prudencial: suspender las negociaciones”, precisó.
Igualmente señaló que “el Gobierno debería exigir la inmediata liberación de los secuestrados (…) Lo que se ha pactado en La Habana ha enviado un mensaje a los responsables de las acciones de ayer de impunidad y eso motiva a realizar esta clase de actos de barbarie en contra de los miembros de la Fuerza Pública y la Registraduría”.
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