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Ante el juez 31 de conocimiento la Fiscalía General acusó de manera formal a tres oficiales de la Policía Nacional por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen en el lugar donde el joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió un disparo por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón la noche del 19 de agosto de 2011 en el norte de la capital de la República.
El ente investigador acusó por los delitos de falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas, favor eximiendo en homicidio, fraude procesal y ocultamiento de elementos materiales probatorios al coronel John Harvey Peña y los subintendentes Fleiber Leonardo Zaborda y Nelson Giovanni Tovar, quienes actualmente se encuentran privado de su libertad.
La fiscalía incido que el entonces comandante de la localidad de Suba conformó un pacto sepulcral con el fin de ocultar todo lo que habían hecho, tras ubicar en el lugar una pistola para desviar la investigación. El objetivo era señalar al joven de 16 años de ser un delincuente.
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