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El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett anunció que solicitará la extradición inmediata del empresario Víctor Maldonado Rodríguez, quien fue capturado este jueves en la Plaza de Colón en Madrid (España). El deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium de InterBolsa S.A. es requerido para las autoridades colombianas para que responda en una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
El jefe del ente investigador aseguró que se formalizará dicha petición basándose en el tratado firmado entre Colombia y España del siglo XIX que “regula la extradición de ciudadanos, en este caso, por tratarse de defraudación o malversación criminal de caudales privados llevados a cabo por un banquero, comisionista, administrador, sindico, director, cajero, empleado de una sociedad compañía o empresa”.
Maldonado deberá responder por las irregularidades que llevaron al descalabro bursátil de la comisionista de bolsa. «El caso del Fondo Premium implica una defraudación cerca de 1.250 inversionistas y más de 350 mil millones de pesos». Por estos hechos la Fiscalía General le imputó el pasado 26 de febrero cargos a ocho de los directivos de este Fondo.
El máximo accionista del Fondo Premium deberá responder por los delitos de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de dineros captados del público, por lo que se expone a una pena de 20 años de prisión.
La defensa del indicado le manifestado al ente acusador que su defendido está dispuesto a entregar los bienes para reparar a las víctimas acreditadas por el descalabro del Fondo Premium. Igualmente planteó la posibilidad de adelantar la audiencia de imputación de cargos vía teleconferencia, solicitud que no que no fue avalada en su momento por el juez de control de garantías.
El pasado 3 de marzo un juez dictó orden de captura internacional contra el empresario, quien salió del país a finales de febrero argumentando que no contaba con las garantías procesales en Colombia, por lo que incluso ha puesto su caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Igualmente su esposa radicó una demanda contra la Nación argumentando omisiones en la protección de los bienes.
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