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Fiscalía indaga al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por contrato de call center

La Contraloría compulsó copias a la Fiscalía para que investiguen al mandatario local por presunto detrimento patrimonial en $15.000 millones, en un contrato para apoyar el servicio al cliente de Emcali.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, se pronunció sobre el embargo a sus cuentas y aseguró que respetaba el proceso de control fiscal que realiza la Contraloría General y que espera que se avance en el caso con celeridad.
Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, se pronunció sobre el embargo a sus cuentas y aseguró que respetaba el proceso de control fiscal que realiza la Contraloría General y que espera que se avance en el caso con celeridad.
Foto: María Camila Morales López

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Fuentes en la Fiscalía le confirmaron a El Espectador que el ente investigador inició una indagación en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a raíz de un expediente en el cual la Contraloría advierte presunto detrimento patrimonial.

En contexto: Contraloría ordenó embargar cuentas de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali

Se trata de un convenio administrativo por alrededor de $18.000 millones que la Alcaldía firmó con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) y que buscaba “brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali.

Como conoció Caracol Radio, a través de información de la Contraloría, al parecer la empresa ERT habría subcontratado a terceros por alrededor de $15.000 millones. Una actividad contractual considerada innecesaria, por la cual se habría presentado un presunto detrimento patrimonial.

Le recomendamos: Lo que ha desatado en Cali el escándalo de contratación de Emcali

El sábado pasado, por otro lado, la Contraloría ordenó embargar las cuentas del alcalde de Cali. Esto luego de anunciar que su Unidad de Investigaciones de Lucha contra la Corrupción encontró “irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali”.

La Contraloría estima que en el desarrollo de ese contrato pudo haber un detrimento patrimonial de hasta $1.854 millones. Ese expediente disciplinario menciona al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, al supervisor del contrato, al gerente general de la empresa Impretic’s y a los miembros de la unión temporal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Ospina se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que “comprendo el embargo, aunque claramente no adelanté el proceso contractual ni ejecuté el mismo y, según todas nuestras informaciones, se ejecutó a cabalidad y calidad”. Además, el funcionario público dijo que respetaba el proceso de control fiscal que realiza la Contraloría General y que espera que se avance en el caso con celeridad.

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