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El próximo 2 de septiembre ante un magistrado con función de control de garantías la Fiscalía General le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza al Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el denominado escándalo del ‘carrusel de la contratación’.
En los últimos meses la defensa del mandatario departamental se habría reunido en por lo menos tres oportunidades con el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema con el fin de negociar un preacuerdo –en el que aceptaría los tres cargos- o un principio de oportunidad.
Según la investigación Cruz Vargas habría participado en la entrega irregular de una empresa en la que fungía como gerente por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en diciembre de 2009. Para esto, la empresa ICM había pagado un soborno cercano a los 800 millones de pesos.
Esto con el fin de garantizar la entrega del contrato de pavimentación y reparcheo en la capital de la República que tuvo un costo de $24 mil millones. El ente investigador cuenta con declaraciones que vinculan a Cruz de haber ordenado directamente el pago de sobornos a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Orlando Parada e Hipólito Moreno -todos condenados por el ‘carrusel’- además, de Iván Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), sentenciado tras aceptar cargos.
«Durante los meses de diciembre a febrero de 2009 el señor Álvaro Cruz Vargas entregó a varios funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales que manejaban dicha entidad dineros con el fin de que fueran favorecidas las uniones temporales asfaltos 2009, quienes eran adjudicatarias de contratos para la prestación del servicio de asfaltos para la ciudad de Bogotá», precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte al anunciar la citación.
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