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La Fiscalía estaría discriminando a las personas que están tras las rejas y hasta normalizando los abusos, torturas y homicidios que se cometen al interior de las cárceles. Así se lo aseguró una coalición de organizaciones de la sociedad civil a la Corte Constitucional, en un informe en el que documentaron con datos que esa clase de delitos violentos pueden cumplir varios años en indagación, sin que una sola persona sea vinculada a una investigación o reciba sentencia. La denuncia la estudiará ahora la sala que le sigue la pista a la masiva violación de derechos fundamentales que reconoció la Corte desde 2013.
El informe sostiene que, en contraste, habría mayor diligencia para investigar casos de corrupción de funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). “Estos datos sugieren la ausencia de control sobre los funcionarios penitenciarios, pues la acción penal en entornos carcelarios se concentra en delitos cometidos por o a favor de la población reclusa o contra el Estado (como algunos de corrupción), mientras que la persecución penal de conductas presuntamente cometidas (contra los reclusos) es baja –suelen ser archivadas, mantenerse en indagación y alcanzar índices muy bajos de imputación, acusación y sentencia–”, dice el informe.
El documento fue elaborado por Dejusticia, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, Codhes, Corporación Humanas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, entre otras organizaciones. Juntas, conforman la Comisión de Seguimiento de la sociedad civil a la Sentencia T-388 de 2013, que declaró que en las cárceles colombianas hay un estado de cosas inconstitucional, es decir, una violación masiva y permanente de derechos fundamentales que desconoce la Constitución.
A la Comisión le llamó la atención que, tras el fallido motín de la cárcel Modelo de Bogotá, pese a que hay documentadas investigaciones periodísticas que demuestran los abusos que cometieron funcionarios del Inpec esa noche, la Fiscalía no avanzara rápidamente en las investigaciones. A la fecha, de hecho, solo hay tres dragoneantes llamados a juicio por tortura, “lo cual contrasta con el informe del ente acusador del 21 de marzo de 2021 que señalaba que, además de las muertes ya mencionadas, 43 de las personas privadas de la libertad resultaron lesionados por armas de fuego y 19 por golpes de funcionarios del Inpec”, detallaron en el documento de 98 páginas.
Así, a partir de un análisis de la información que reposa en sistema de denuncias de la Fiscalía (SPOA), concluyeron que hay un patrón de discriminación de la población reclusa. “La Comisión advierte que esta discriminación puede estar haciendo que actos delictivos graves, tales como la tortura, estén siendo comprendidos por la Fiscalía General de la Nación como conductas menos gravosas (como el abuso de autoridad) o incluso como conductas lícitas propias de la función penitenciaria”. Incluso, dijeron que la entidad podría estar “normalizando la violencia” en las cárceles.
Por ejemplo, desde 2013 a 2022 han venido en declive las denuncias de delitos violentos como homicidio, tortura o lesiones personales cometidos en las cárceles. Sin embargo, la mayoría de esos casos se quedan en indagación. Apenas en el 16,7% de los casos de homicidio hay sentencia, por citar uno de los datos, mientras que el 31,9% de las denuncias de tortura en esos diez años han terminado archivadas. Sin embargo, la Comisión reconoció que, en muchos casos, puede ser difícil recopilar evidencias en las escenas del crimen, debido al control que ejerce el Inpec en las cárceles, y pidió medidas para paliar esta situación.
En los casos de violencia sexual el panorama no mejora. Pese a que entre 2013 y 2022 se denunciaron 60 casos de violencia sexual, solo ha habido sentencia en el 18% de los procesos. Y a renglón seguido la Comisión aclaró: “estos datos evidencian un subregistro al compararlos con la base de datos del INPEC, en la cual se establece que entre 2020 y 2021 se han recibido 18 quejas de violencia sexual contra personas privadas de la libertad. Esto sugiere una posible falta de interés del INPEC por transmitir estas quejas para su investigación penal, la deficiencia de los canales de denuncia para su investigación por parte de la Fiscalía y, al igual que los delitos sexuales en general, una tendencia a no denunciar por miedo a la revictimización”.
En contraste, en los casos de corrupción se estaría viendo mayor diligencia. “En primer lugar, se evidencia que existe una tendencia más alta a imputar delitos cuando estos son de corrupción contra el Estado o que se cometen en colaboración con las personas privadas de la libertad, a comparación de las conductas que se pudieron haber cometido contra estas. En segundo lugar, los datos también sugieren que, en las primeras, el archivo es menos usado para cerrar las noticias criminales a comparación de las segundas, con la excepción de los delitos de concusión y de extorsión”, dice el informe.
Para la Comisión, esta discriminación “no sólo implica una desprotección generalizada por parte del sistema penal de la población carcelaria, quienes pueden ser víctimas de violencia sexual, tortura, discriminación, lesiones personales e incluso de homicidio sin que haya investigaciones y sanciones efectivas”. También implicaría, insistieron, “la permisión de que funcionarios penitenciarios sigan ejerciendo funciones habiendo sido señalados de cometer delitos graves (por ejemplo, funcionarios acusados de violencia sexual con menores de edad)”. Con un agravante: estas tendencias, al parecer, también se observan en los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría.
Al presentarle estos datos, la Comisión le pidió a la Sala de Seguimiento que creó la Corte Constitucional desde 2013 para medirle el pulso a las cárceles que les dé una recomendación a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo: : “adopten medidas urgentes para facilitar la denuncia e investigar adecuadamente los hechos delictivos padecidos por la población reclusa, especialmente cuando involucran violencia sexual, homicidio, lesiones personales, actos de discriminación, prolongación ilícita de la libertad y el delito de tortura, pues son conductas que parecen ser normalizadas en la realidad penitenciaria y que afectan gravemente los derechos de las personas privadas de la libertad”.
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