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El ente investigador dijo que Amparo Guzmán deberá ser investigada porque no tenía como justificar sus aportes a DMG, ni la compra de varios bienes en Colombia y Estados Unidos.
La semana pasada otro de los socios de David Murcia, William Suárez, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y de esta manera asumirá su responsabilidad penal por lavado de activos, cohecho y captación ilegal de dinero. De aceptarse este acuerdo por el juez, recibiría una condena de 73 meses de prisión.
Por su parte, Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, otros socios de la firma, tendrán que pagar una condena de 53 meses; una multa de 375 salarios mínimos (cerca de $187 millones) y la inhabilidad para asumir cargos públicos por el mismo periodo de la condena.
La Fiscalía señaló durante su intervención, que sólo incluyeron el delito de lavado de activos, porque el enriquecimiento ilícito y la captación ilegal de dinero, son consecuencias del primero.
El ente acusador presentó varias pruebas durante el proceso, entre las que se encontraban interceptaciones telefónicas, estados económicos de la empresa y de los dos socios de David Murcia.
Según el material probatorio, Ángel era el encargado de relacionar a David Murcia con personajes importantes, coordinar el ocultamiento de dineros, vender propiedades y bienes en el exterior y servir de testaferro de la comercializadora.
Además, el patrimonio reportado por el socio de David Murcia no coincidía con sus ingresos y nunca pudo justificar la existencia de $500 millones que fueron incautados en su residencia.
Ante estos señalamientos, Ángel aceptó los cargos y negoció con la Fiscalía la rebaja de la mitad de la pena.
Por su parte, Margarita Pabón, abogada de Murcia, aceptó haber participado en la comercializadora vinculando asesores externos para dar legalidad a los dineros de DMG.
Es decir, Pabón efectuaba la coordinación de dineros de la empresa, que alcanzaron la suma de los cinco millones de dólares.
Bajó estos términos y con la previa aceptación de los cargos de los socios de DMG, el juez Carlos Enrique Tobón, emitió la condena y aceptó otorgar el beneficio de rebaja de pena por aceptación de cargos, pero negó la posibilidad de una detención domiciliaria.
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