Fiscalía y Contraloría compraron tapabocas y alcohol a empresa de productos de belleza

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, son muchos los mandatarios regionales y locales que terminaron con procesos penales, disciplinarios y fiscales por la forma en cómo contrataron alimentos y elementos de bioseguridad (aparentemente de manera irregular) para combatir la crisis sanitaria. Esas investigaciones tuvieron un gran despliegue mediático ya que el fiscal general, Francisco Barbosa; el contralor general, Felipe Córdoba; y el procurador general, Fernando Carrillo, realizaron varios pronunciamientos conjuntos para informar sobre el avance de las investigaciones.

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Caracol Radio acaba de revelar cuatro contratos que firmaron la Fiscalía y la Contraloría de manera directa con una empresa que vende productos de belleza y complementos nutricionales por cerca de $1.300 millones. Se trata de la compañía Bon Sante, la cual se constituyó en 2018 y el representante es Andrés Hernando Torres Toro. La emisora radial constató que la dirección que aparece en los documentos de la empresa “solo hay talleres de reparación de motocicletas”.

La empresa le vendió a la Fiscalía, a través de varios contratos un total de 290.000 tapabocas. El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2020. por un valor de $121 millones, el segundo fue por $415 millones y el tercero, de mayo pasado, por por $87 millones. Según la página de Bon Sante es “una marca basada en el bienestar, la salud y la belleza. Usamos la innovación y tecnología para brindar una experiencia y mentalidad orientada a la buena salud de nuestros consumidores”.

El documento revelado por el medio de comunicación da cuenta que el primer contrato, el del 17 de marzo, fue firmado por Marcela Yepes quien acaba de renunciar a la Fiscalía. Fuentes cercanas a Yepes aseguran que su renuncia no tuvo nada que ver con el polémico viaje a San Andrés durante el último puente de junio, que puso en la mira los viajes del fiscal Barbosa y la cercanía entre su familia y la del contralor. Al parecer, la exdirectora aceptó una propuesta laboral en el sector privado y el pasado 15 de julio le presentó su renuncia irrevocable al fiscal general.

En el contrato de la Contraloría, que fue por $722 millones, se lee que “Se obtuvo cotización por parte de la firma comparando los precios establecidos por Colombia Compra Eficiente en su catálogo. Con respecto a la cotización allegada esta última sigue siendo la propuesta más favorable, adicional, ofrece la totalidad de elementos para suplir la necesidad y su disponibilidad es inmediata”.

Aunque el convenio no hace precisión sobre qué era lo que se iba comprar, el documento también señala que se requiere urgentemente la adquisición de bienes y servicios para el nivel central y para las 31 gerencias departamentales de la Contraloría. “Entre ellos, elementos de Bioseguridad para el personal de la entidad, con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19 al interior de la institución”.