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Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz fueron siempre señalados de ser los cerebros del descalabro del Fondo Premium. La Fiscalía logró establecer que fueron ellos quienes crearon varias sociedades en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Delaware (Estados Unidos), Curazao y las Bahamas para triangular los recursos del público. Eran los únicos accionistas con derecho a voto del Premium Capital Appreciation Fund (en Curazao), a donde llegaron los más de US$181 millones entre 2009 y 2012 que les entregó gente que, creía, estaba invirtiendo en el exterior. El destino de las inversiones también lo definían ellos. Todo pasaba por sus manos.
Como “una verdadera empresa criminal de cuello blanco” llegó a calificar al Fondo Premium la fiscal del caso, Alexandra Ladino. Una empresa que se derrumbó junto con Interbolsa, la comisionista de bolsa más grande del país, que fue intervenida en 2012 por haberse convertido, como dijo el entonces procurador, Alejandro Ordóñez, en una “pirámide estrato seis”. No obstante, a partir de los preacuerdos que la Fiscalía pactó hace unos días con Ortiz y Jaramillo, estos dos hombres ya no figurarán en la historia de esta debacle como las personas que construyeron una telaraña de compañías en todo el Caribe para desviar dinero.
::El yate que los Jaramillo no reportaron para reparar a sus víctimas de Interbolsa::
Con los preacuerdos, Ortiz y Jaramillo pasaron de ser reconocidos como “coautores” del desfalco a simples “cómplices”. En el documento de Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo (fundador de Interbolsa), se lee que tanto él como Juan Carlos Ortiz “dispusieron todo lo necesario para participar de la estratagema y conseguir que se les entregaran dineros, sin estar autorizados para ello (…) hicieron parte de una maquinada organización, que captó dinero del público evadiendo los controles administrativos existentes en Colombia”. “Se utilizó una elaborada y sofisticada organización”, agregó la Fiscalía.
A cambio de ser reconocidos como cómplices de un esquema que en realidad se inventaron y con el cual captaron dinero del público a través de sociedades como Rentafolio Bursátil y Financiero, Global Advisors Investment Management o Andean Capital Markets, Ortiz y Jaramillo aceptaron haber cometido los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como no reintegro de lo captado. Una admisión que, dicen abogados de víctimas consultados por este diario, no es del todo negativa. Después de casi siete años de pelea judicial, Ortiz y Jaramillo por fin reconocen que su negocio fue en realidad una pirámide.
A ambos, la justicia los sancionó porque tomaron dinero del público a través de empresas que se escapaban a la vigilancia de la Superintendencia Financiera y lo malversaron. Por ejemplo, habrían usado de ese dinero para comprar un yate que llamaron Gaia, aunque Jaramillo aseguraba que le pertenecía a la familia de su esposa. En abril de 2018, fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, por estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores. La investigación contra ellos comenzó en 2015, tres años después de que Interbolsa y el Fondo Premium fueron intervenidos por la Superfinanciera.
La intervención se dio porque, para ese momento, ya todas las alarmas estaban encendidas: Interbolsa no tenía liquidez para responderles a sus clientes y el Fondo Premium, que se negociaba a través de Interbolsa, tampoco. El destino de los más de US$181 millones que Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz captaron con el Fondo Premium, según la Fiscalía, fueron a parar a los bolsillos de sus promotores y a tres empresas de un reconocido y adinerado empresario, Víctor Maldonado. La Fiscalía sostiene que Maldonado “conocía de antemano la forma en que funcionaban los fondos y aceptó ser parte de esa organización”.
En noviembre de 2015, Maldonado llegó a Colombia extraditado de España, país del cual también es ciudadano. Fue llamado a juicio por los mismos delitos que Ortiz y Jaramillo y, aunque el escrito de acusación se radicó en mayo de 2015, han pasado cuatro años y este aún no se inicia. En enero de 2017 quedó libre porque la Fiscalía dejó vencer los términos. Por el descalabro del Fondo Premium, 1.034 personas se registraron como víctimas y todas han recibido ya, en dinero o en propiedades, todo o casi todo lo que invirtieron, por cuenta, principalmente, de lo que el Estado le quitó a Maldonado. Por eso, sus abogados no descartan tomar medidas para cobrarles a Jaramillo y a Ortiz.
::Recuperan piezas precolombinas en poder de socios del Fondo Premium de Interbolsa::
“De los $350.000 millones que se pagaron (a los 1.034 inversores del Fondo Premium), por lo menos el 85 % se hizo con recursos de la familia Maldonado representados en efectivo, participaciones en sociedades, bienes inmuebles e inversiones”, le confirmó a este diario Iván Cancino, abogado del empresario. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz ofrecieron en sus preacuerdos, cada uno, una “reparación simbólica” —según se lee en el documento— de $400 millones. Ortiz, incluso, ofreció inicialmente ese dinero pero en acciones de Millonarios, pero su propuesta fue rechazada.
En su oferta nunca hubo bienes para reparar y así habría quedado todo de no ser porque, en febrero de 2018, la Fiscalía halló 11 bienes, avaluados en unos $20.000 millones, que Ortiz y Jaramillo “intentaron mantener ocultos en Colombia”. El listado incluía una casa y tres apartamentos en una de las zonas más caras de Bogotá, oficinas y parqueaderos en El Poblado (Medellín), una finca en Tenjo (Cundinamarca), 103 hectáreas en Cumaral (Meta) y un yate de $1.500 millones. Tanto Ortiz como Jaramillo, señaló la Fiscalía en su momento, los habían cedido a terceros o a sociedades, pero seguían disfrutándolos.
Víctor Maldonado perdió su participación en la sociedad del hotel Santa Clara de Cartagena y en la cadena de pizzerías Archie’s. Asimismo, fincas en la sabana de Bogotá, apartamentos en la capital del país, locales comerciales y fincas en el Eje Cafetero, y derechos fiduciarios en hoteles Ibis, y fueron subastados un edificio en Bogotá y unas casas y un lote en Cartagena que les pertenecían a él y a su familia. Y aunque ya se devolvieron las inversiones, el tema no está cerrado: los abogados de las víctimas esperan que también se les reconozca el lucro cesante, es decir, los intereses que habrían ganado sus defendidos de haber tenido el dinero en alguna inversión (un CDT, por ejemplo) en estos siete años.
La reparación simbólica que ofrecieron los creadores del Fondo Premium representa el 0,1 % del dinero que, se estima, captaron ilegalmente. Una cifra que, para las víctimas, es “irrisoria”. ¿Por qué, entonces, aceptaron los preacuerdos? Un abogado, incluso, señaló que recomendó a su cliente no darles luz verde, pero le dieron la orden de hacerlo. Otros litigantes le dijeron a este diario que consideran este proceso exitoso en verdad y justicia, por lo cual admitieron los preacuerdos, y que ahora van detrás de la última pieza para cerrar el círculo: la reparación. “No se puede entender de ninguna manera que estamos felices con lo que ofrecieron”, aclaran.
::Ricardo Martínez, el delator del Fondo Premium::
Iván Cancino asegura que Maldonado, cuyo juicio debería comenzar este año, “ha respondido con su patrimonio personal y familiar a sus deudas, pero jamás reconocerá que delinquió porque no fue así”. Ignacio Álvarez, defensor de Maldonado ante el sistema interamericano, dice que los preacuerdos de Jaramillo y Ortiz son “una situación paradójica: aceptan delitos solo cuando las víctimas ya fueron indemnizadas con los recursos de la familia Maldonado. No es casualidad que apenas ahora hayan llegado a ese acuerdo. Jaramillo y Ortiz se quedaron con lo mejor de los dos mundos: no van a la cárcel y no pagan un peso”.
En 2018, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo merecían una pena de 12 años y tres meses en prisión, más una multa de 610 salarios mínimos mensuales vigentes. Hoy serían unos $564 millones, pero los condenados presentaron una demanda de casación ante la Corte Suprema y de la decisión de ese tribunal depende que haya fallo en firme. Desde la primera sentencia, en 2017, a Ortiz y a Jaramillo se les otorgó casa por cárcel. Los preacuerdos no cambian esa condición, aunque incluyen una multa individual de 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes (a hoy, unos $1.850 millones).
Muchas de las víctimas del Fondo Premium creen que la última esperanza radica en los incidentes de reparación, que podrán darse una vez haya condenas en firme. Este martes 30 de julio había cita para la primera audiencia de este tipo, con otros dos culpables de este descalabro financiero: Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, quienes ayudaron a construir la telaraña empresarial de Ortiz y Jaramillo. Tirado y Maluf también llegaron a preacuerdos con la Fiscalía en enero de este año y noviembre del año pasado, respectivamente, en los que ofrecieron una “reparación simbólica” de $200 millones cada uno. La audiencia se suspendió al final; la jueza quiere hacerla con Ortiz y Jaramillo presentes también.
::Juan Carlos Ortiz se ganó la plata grande de los bonos de agua::
Para ser una “sofisticada organización” que captó más de $350.000 millones, los inversores del Fondo Premium esperan reparaciones mucho menos simbólicas y mucho más reales.
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