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El exdirector de la cárcel La Modelo en Bogotá, William Gacharná, entregó su relato a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los hechos ocurridos en el centro penitenciario entre 1999 y en 2001. El exdirector mencionó diversas situaciones irregulares que ocurrieron durante su dirección, como el control paramilitar de la cárcel, la aceptación de sobornos, las desapariciones forzadas y la presunta existencia de fosas comunes al interior de las instalaciones.
Aunque el testimonio de Gacharná, revelado por W Radio, sobre su participación en estos hechos es inédito, desde hace años existen expedientes judiciales y testimonios con las claves para establecer qué pasó adentro de la cárcel y quiénes participaron de la guerra que se libró en esta cárcel de Bogotá. Sin embargo, de ellos solo se sabe que permanecen en total impunidad y engavetados en algún anaquel de la Fiscalía. Para empezar, al menos desde 1998 se conocen detalles de lo que ocurría en La Modelo.
La periodista Jineth Bedoya se encargó de ponerle la lupa a los excesos y a los planes criminales de varios jefes paramilitares que, desde la cárcel, seguían dando órdenes a sus hombres en terreno. Lo hizo primero en RCN Radio y posteriormente en El Espectador. Entre el 16 de febrero de 1999 y el 25 de mayo de 2000, en este diario, además de otras informaciones judiciales, la periodista Jineth Bedoya escribió 34 artículos sobre esa crisis carcelaria.
Contó, por ejemplo, sobre ajustes de cuentas entre los criminales que estaban presos; los túneles con planes de fuga; los secuestros; el tráfico de armas; y otro largo etcétera de ilegalidades que solo se pudieron gestar bajo la mirada permisiva de las autoridades. El trabajo periodístico de Bedoya tuvo un violento giro: el 25 de mayo de 2000, justamente cuando estaba a punto de entrar a la Modelo para seguir con sus investigaciones, fue secuestrada por desconocidos y fue sometida a tratos crueles y ultraje sexual.
Tuvieron que pasar 12 años para que la justicia se interesara por el caso. Hoy están condenados Mario Jaimes Mejía o El Panadero y Alejandro Cárdenas o JJ, pero es claro que no fueron los únicos implicados. Además, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho nada por proteger a la periodista y por haber dejado, durante años, que su expediente judicial permaneciera bajo total impunidad.
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Los mismos años de olvido tuvo la justicia penal para investigar lo sucedido adentro de la cárcel. Es más, la deuda de esclarecimiento sigue vigente. Lo que más ha avanzado la Fiscalía en este expediente se conoció en marzo de 2018, cuando este diario reveló un informe que elaboró un grupo de fiscales e investigadores del CTI, por orden de la Dirección Especializada de Justicia Transicional. El documento consolidó una inédita mirada a lo que sucedió entre 1999 y 2003 en la Modelo y de cómo las autoridades no hicieron nada por evitar una guerra sin precedentes.
El informe incluyó información clave de cómo se crearon de estructuras armadas ilegales conformadas por hombres que estaban privados de la libertad; de cómo operaban bajo la mirada tolerante de las autoridades y de aproximadamente 4.900 internos que vivían hacinados en el centro penitenciario. Según este informe, el ala sur de La Modelo estaba al mando de las autodefensas, mientras que el extremo opuesto era controlado por las guerrillas. Ambos bandos tenían en su poder fusiles, granadas, subametralladoras o pistolas.
Así lo confirma el relato entregado por el exdirector Gacharná, quien afirmó que en muchos casos solo se desempeñó como un espectador, al cual le llegaba la información, pero que nunca investigó. Entre las situaciones de las cuales tenía pleno conocimiento fueron, por ejemplo, los sistemas de tortura que idearon los paramilitares. “Se hablaba de que a las personas las desaparecían en ácido clorhídrico, las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas hasta que se deshicieran” relató ante la JEP.
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Según el reporte de los investigadores de la Fiscalía, las autodefensas, con el denominado Bloque Interno Capital, se impusieron en la cárcel Modelo, lo que desencadenó una serie de homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas y torturas para quienes no se acogieran a sus mandatos. Este grupo ilegal fue comandado por Miguel Arroyave Ruíz, alias Arcángel, quien ingresó al centro penitenciario en mayo de 1999 y llegó a tener bajo su mando a al menos a 200 hombres. Su dominio sobre las instalaciones era tal que tenía estricto control sobre el ingreso de las personas al penal, además del tráfico de armas y explosivos.
El exdirector confirmó que recibió información sobre las acciones que cometía alias Arcángel y sobre las desapariciones en medio de ajustes de cuentas. Además de aceptar que en los años que lideró el penal no se realizó un solo allanamiento y no se tenía un conocimiento claro sobre la cantidad de presos, lo que facilitaba las desapariciones y las fugas. Reconociendo así el delito de concierto para delinquir con los paramilitares, “Yo estoy seguro de que todos los que pasamos por La Modelo, de alguna u otra manera recibimos dinero, y de una u otra manera somos responsables de la crisis” expresó ante la JEP.
Sobre las desapariciones mencionadas por el exdirector, la Fiscalía tiene documentados cinco casos cuyas identidades son: Carlos Candia, Joaquín Gallego, Jorge Vargas, Luis Norberto Osorio y Janer Torres. Los investigadores judiciales también descubrieron que posterior al asesinato, los responsables intimidaron a las familias de las víctimas para que dejaran de buscar información sobre sus parientes. Esta misma suerte corrieron personas que entraron como visitantes al penal, pues terminaron retenidas dentro de este y posteriormente fueron asesinadas, según narra uno de los testimonios del expediente de la Fiscalía.
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En sus declaraciones, el exdirector mencionó que no era el único responsable de los hechos ocurridos al interior del centro penitenciario, pues los hechos se venían presentando desde 1998 y recaerían sobre directores anteriores. Entre los nombres que mencionó está la directora Liliana Obregón y el mayor Jaime Gallo, jefe de inteligencia del general (r) Fabio Campos Silva, quien fue director del Inpec. Finalmente, el exdirector expresó que dirigió el penal con una sensación de soledad frente al actuar de otras instituciones, como el Ministerio Público y la Defensoría, quienes nunca habrían tomado acciones para frenar lo que ocurría en La Modelo.
El testimonio de William Gacharná se suma a las pruebas y expedientes que por años ha tenido la Fiscalía, sin que haya un avance contundente en la investigación, y que ahora quiere tomar la JEP. De por medio está la verdad de uno de los capítulos menos indagados en el devenir de la violencia colombiana de los últimos tiempos, pero también víctimas y familiares que siguen sin saber nada del rastro de sus seres queridos y de quiénes pudieron contribuir a sus desapariciones, incluyendo a agentes del Estado que no hicieron nada por evitar el desenlace doloroso que hoy sigue arropado por el manto de la impunidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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