Fracasó audiencia de acusación contra dos coroneles por caso grafitero

La diligencia que estaba programada para este jueves tuvo que ser aplazada debido a la solicitud presentada por el abogado de Nubia Mahecha, esposa del conductor del bus de servicio público que denunció a Becerra Lizarazo de participar en un hurto, no pudo asistir. La mujer es procesada por su presunta participación en los delitos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento en homicidio y se encuentra actualmente bajo detención domiciliaria.

La Fiscalía General sostiene en el escrito de acusación conocido en exclusiva por ElEspectador.com que los dos oficiales participaron activamente en la manipulación de las pruebas en el lugar donde el joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió un disparo mortal por parte del patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón en la noche del 19 de agosto de 2011 en el norte de la capital de la República.

Para el ente también es claro que en la ubicación de manera predeterminada de un arma de fuego en el lugar de los hechos participaron varios miembros de esa Institución, de diferentes rangos, con el único fin de desviar el curso de la investigación e inculpar al joven de 16 años de participar en un atraco a los pasajeros de un bus de servicio público.

En el escrito de acusación de 63 páginas en contra de los dos oficiales –quienes se encuentran privados de la libertad- y que será presentado este jueves ante un juez de conocimiento, se establece que los procesados tuvieron conocimiento de la situación pocos minutos después de que el patrullero Alarcón le informara a sus superiores.

Igualmente sabían que pocos minutos después de que se registrara la muerte del joven Becerra Lizarazo en la clínica Shaio, a la cual fue transportado por el patrullero Alarcón, se buscó por todos los medios conseguir un arma de fuego con el fin de ubicarla en la calle, para así darle apariencia de legalidad a lo que había acabado de pasar.

Desde el CAI de la Alhambra, a pocas cuadras del lugar que ya había sido demarcado por las autoridades, se obtuvo el arma que de manera sigilosa, y bajo la asesoría del abogado Héctor Ruiz, se ubicó cerca de un andén, esto con la finalidad de crear la historia de que el joven había participado con tres compañeros más en el asalto a un bus de servicio público.

Basándose en los testimonios de los testigos de la zona, así como en los informes y declaraciones de los agentes del CTI de la Fiscalía General y los primeros respondientes, el ente determinó que muchas pruebas fueron alteradas después de un grupo de agentes de la Policía Metropolitana cercasen el lugar.

“(…) una vez les entrega la misma aproximadamente cinco horas después de ocurridos los hechos, sobre las 03:30 a.m. del día 20 de agosto de 2011, que esta fue alterada al colocarse, plantarse o sembrarse en la zona acordonada y donde cayera el menor al ser impactado por el proyectil de arma de fuego, un arma de fuego, clase pistola, de color cromado calibre 22 largo, marca Sterling”, precisa uno de los apartes del escrito de la acusación.

En este punto, al citar varios testimonios, se señala que en el lugar de los hechosno se estableció en un principio la presencia de un arma de fuego, la cual apareció poco después tirada en el piso cerca del andén donde Becerra Lizarazo recibió la herida mortal.

Pero varios detalles llamaron la atención de los investigadores. Primero que todo, el arma no correspondía a las características “de la utilizada por los presuntos ladrones” como lo declararon los policías, el conductor del bus y su esposa, que aseguraban que el joven los había asaltado.

Segundo, la pistola no tenía rastros de pintura, los cuales sí habían sido hallados en las manos de Diego Felipe Becerra, quien no tenía ninguna muestra en su humanidad de haber utilizado un arma de fuego con anterioridad.

“(…) tampoco se encontró en el arma de fuego sembrada en la escena trazas de la pintura por transferencia del occiso a dicha arma, en otras palabras, que el joven Diego Felipe Becerra, no estaba participado de ningún atraco a una bus, que la actividad que estaba desarrollando en el momento de los hechos era una expresión urbana conocida graffitis, que no portaba ninguna clase de arma de fuego tal como pretenden hacer ver o creer y que menos acciono un arma de fuego en contra de la humanidad del patrullero Wilmer Alarcón”,señala el documento.

En sus respectivos interrogatorios ante la justicia penal militar y la Fiscalía General, el patrullero –quien es procesado por estos hechos- le dijo al uniformado Nelson Navarrete que en el lugar se encontraba un arma de fuego. Esta información le fue reportada al subintendente Juan Carlos Leal Barreto quien se encargó se acordonar el área. En ese momento llegó al lugar el subteniente Rosemberg Madrid Orozco quien llegó a verificar lo sucedido y a certificar la presencia de una pistola.

Sin embargo este último –quien se ha comprometido a colaborarle a las autoridades para esclarecer estos hechos- le ha manifestado a las autoridades que existió una presión por parte de sus superiores con el fin de ubicar el arma y así darle apariencia de legalidad a la actuación del patrullero Alarcón, quien ha manifestó que le disparó al joven en defensa propia puesto que este lo habría amenazado con una pistola.

Para la Fiscalía “se establece, que en principio, la víctima no portaba ninguna clase de arma de fuego o elemento alguno con el que pudiera atentar contra la integridad física del patrullero Alarcón”, reseñando que este mismo participó activamente en la alteración de las pruebas con “la anuencia de oficiales de grado superior que hicieron presencia en la escena del crimen”.
En este proceso el ente investigador solicitará que se tengan en cuenta 58 testigos, entre los que se destacan investigadores, familiares de la víctima y los policías que participaron en los hechos, entre los cuales se encuentran varios de los procesados penalmente. Además se cuentan con 54 pruebas documentales.

“Se pactó guardar silencio o mención alguna sobre los oficiales de grado superior que hicieron presencian en el lugar de los hechos y en especial no se podía mencionar al J2, el señor coronel José Javier Vivas Báez evidenciándose que todos los policías que hicieron presencia en la escena sabía qué se iba a hacer, que no era otra cosa que favorecer el actuar del patrullero Wilmer Antonio Alarcón”.

Los coroneles son procesados por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravada, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal agravada, favorecimiento al homicidio.