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Después de 30 minutos de conversaciones, la defensa del electo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego no llegó a ninguna conciliación en la demanda que le impuso el concejal distrital, Orlando Parada por las presuntas irregularidades que cometió al momento de inscribirse como candidato a la alcaldía puesto que estaría inhabilitado para hacerlo ya que fue condenado por el delito de porte ilegal de armas, un acto considerado como no político.
Petro explicó que “no hubo pacto de cumplimiento” por lo que la denuncia presentada en su contra se resolverá por decisión judicial.
“No hubo delito, no es una sentencia judicial, sino una actividad administrativa que le permitía a los generales de la época o a los comandantes de Brigada condenar a civiles por infracciones”, precisó el electo alcalde de Bogotá.
El excongresisa manifestó que la denuncia no tiene ningún peso puesto que se menciona que existe una inhabilidad para ocupar cargos públicos. “No entiendo, no se presentó en ningún problema en mi inscripción a la candidatura a la presidencia y no hay que olvidar que yo fui senador por 15 años”.
En la diligencia judicial, el representante de la Procuraduría solicito el cese del procedimiento judicial en esta investigación puesto que no existen argumentos ni pruebas claras.
Petro, fue demandado por el concejal de Bogotá, Orlando Parada, investigado por las irregularidades en la contratación, al considerar que se presentó una grave irregularidad en el proceso de inscripción.
El concejal Parada demandó la inscripción de Petro Urrego, por considerar que estaba inhabilitado ya que el dirigente político fue condenado en el año 1985 por porte ilegal de armas por un juez penal militar y esta sentencia condenatoria lo inhabilitaba para poderse inscribir como candidato, como lo manifiesta la propia Constitución Política de Colombia.
Sin embargo, un dato curioso se presenta en este caso pues el proceso penal que se adelantó contra Petro Urrego, se encuentra extraviado y solo se conoce tres folios dentro de la minuta en dicho trámite judicial.