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La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formularle cargos al presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña en 2022, tiene igual trasfondo político como jurídico. Si bien no es la primera vez que pasa, pues esta instancia electoral ya había intentado investigar al expresidente Juan Manuel Santos, cuando hubo dudas del supuesto ingreso de dinero de Odebrecht a la contienda política en 2010, esta ocasión es diferente.
No solo porque el presidente actual no renunció a su fuero presidencial, como sí sucedió en el caso del expresidente Santos, sino porque el propio Petro ha dicho que es ilegal que el CNE lo investigue. Aunque el jefe de Estado ha escogido las redes sociales para dar su debate, lo cierto es que sus abogados han preferido recurrir a instancias judiciales para llamar la atención sobre una situación que podría ser irregular.
En palabras sencillas, lo que sostienen los juristas es que el fuero presidencial que tiene Petro lo protege de investigaciones administrativas, precisamente como la del CNE, pues su verdadero juez es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La figura del fuero presidencial en Colombia es una que tiene fronteras no definidas. Como lo explicó El Espectador en la edición del pasado 9 de mayo, y luego el abogado y columnista de este diario, Yesid Reyes, el asunto radica en que es poco claro si el fuero cobija al presidente para temas penales, o si se extiende a otros casos judiciales y administrativos, como en este caso.
“El dilema no es de poca monta porque tiene que ver con el origen de esta figura (la del fuero presidencial) que nació para evitar que la voluntad popular manifestada en la elección de un presidente pudiera ser fácilmente desconocida por autoridades administrativas o judiciales”, puntualizó Reyes.
Para la mayoría de los magistrados del CNE, el fuero no cobija a los presidentes en sus investigaciones, pues las conductas que examinan no tienen que ver con sus funciones como jefe de Estado, sino como un ciudadano más. Sin embargo, el debate todavía no está del todo claro, pues la defensa del presidente insiste en que el fuero presidencial tiene que entenderse como uno integral y que, por supuesto, debe ampliarse a todos los ámbitos.
En todo caso, en este debate lo que sí está claro es que el CNE tiene todo listo para investigar el rol que tuvieron los administradores y gerentes de la campaña presidencial, pues tienen pruebas para asegurar que se violaron los topes permitidos y no reportaron cuáles fueron realmente los gastos. Mientras que en el terreno político el presidente llamó a una movilización nacional, para evitar lo que él llama el comienzo de un golpe de Estado en su contra, en el judicial todavía hay cartas por jugar.
No solo porque la defensa de Petro está calculando cuál es la mejor vía para seguir peleando la protección del fuero, sino porque tampoco es claro si los magistrados del CNE se darán la pelea de ser los primeros en llevar a una sanción a un presidente electo o si, por el contrario, el envían toda su investigación y conclusiones a la Comisión para que sea esta la encargada de sancionarlo. La siguiente jugada está por verse.
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