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Un fuerte jalón de orejas le habría lanzado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco por señalamientos que lanzó en contra de algunos defensores de derechos humanos durante la sesión de este jueves en Washington, Estados Unidos.
Según el vocero de la organización Sembrar, el regaño proveniente de la misma Presidencia del organismo multilateral se originó porque éste llamó “mentirosos” a los defensores, tratando de desestimar la veracidad de algunas de sus denuncias relacionadas con la aplicación del fuero militar en casos de violación a los derechos humanos.
Aseguró que la CIDH le exigió al togado más respeto a los intervinientes e indicó que no se permitía utilizar tales adjetivos en la Sala, por cuanto recriminó la actuación de Claros Polanco.
El organismo multilateral evalúa cuál ha sido la actuación de las autoridades colombianas en este sentido, teniendo en cuenta los estándares internacionales, que rechazan el que sean tribunales castrenses los que diriman los procesos en los que agentes de la Fuerza Pública son sospechosos de violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Frente a esta particularidad, la Judicatura intenta demostrar que no ha habido proceso de esa naturaleza que haya quedado a cargo de jueces militares; la CIDH también había ordenado a las autoridades colombianas abstenerse de permitir que las penas por ese tipo de delitos fueran cumplidas en guarniciones militares y no en prisiones, por cuanto defensores de derechos humanos plantearon el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega como una omisión a esa disposición.
Los defensores agradecieron la intervención del Presidente en su favor y su determinación de exigir al Estado colombiano un informe detallado del avance de las medidas de protección especial exigidas a favor de la Corporación Sembrar y del abogado Jorge Molano.
En la misma audiencia la Comisión escuchó las precisiones de los magistrados María del Rosario González de Lemos e Iván Velásquez, así como la del ex integrante de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, quienes han venido estando sometidos a seguimientos irregulares y hostigamientos desde hace varios meses y han solicitado la imposición de medidas cautelares para que el Estado colombiano garantice su seguridad.
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