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La Fuerza Aeroespacial Colombiana insiste en mantener su nuevo nombre, pese a que la Corte Constitucional ya tumbó el cambio de nominación que el gobierno de Gustavo Petro introdujo en julio de 2023. El objetivo, explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, es “brindar un soporte constitucional para las operaciones militares en el espacio”. Aunque a simple vista el debate podría no generar mucha polémica, pues se trata de un simple cambio de nombre (antes se llamaba Fuerza Aérea Colombiana), en la realidad hay implicaciones que podrían ir desde el ámbito judicial hasta el fiscal. No solo porque el Gobierno sigue insistiendo en un nombre que la Corte ya dijo que no se puede usar, sino porque el Comando de la Fuerza Aérea ya gastó casi $1.000 millones para introducir su nueva nominación.
Lea: Corte Constitucional tumba el cambio de nombre de la Fuerza Aérea
Lo hizo al comprar gorras beisboleras, parches e insignias metálicas con el nuevo nombre: Fuerza Aeroespacial Colombiana. En respuesta a un derecho de petición presentado por El Espectador, el segundo comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Fernando Silva Rueda, indicó que en mayo y agosto de 2023 el Comando de la Fuerza Aérea abrió la convocatoria pública para dos contratos. El primero fue adjudicado a la empresa Suministros 2020 SAS, para elaborar 7.200 gorras beisboleras azul oscuro por un valor de $215 millones. Según pudo conocer este diario, los accesorios del uniforme ya fueron entregados y, en efecto, tienen el nombre que tumbó la Corte Constitucional.
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Se trata de una empresa representada legalmente por Eliud Erney Palacios Garnica, que en 2020 ya había sido contratista de la FAC con dos convenios de $100 millones relacionados con indumentaria para sus soldados. Además, la compañía ha sido contratista del Ejército, el Inpec, el Gaula y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía. De acuerdo con un documento de la Fuerza Aérea de marzo de 2023, que da especificaciones sobre las gorras, algunas de ellas tienen un distintivo especial: un estampado de hoja de roble en la visera para los oficiales generales y los oficiales superiores. Pese a que el contrato ya finalizó, estas no han sido usadas públicamente por la FAC.
Fuentes de la FAC le contaron a El Espectador que las gorras están guardadas en una de las bodegas del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), al occidente de Bogotá. El segundo contrato firmado está relacionado con “la adquisición de parches, elementos bordados y metálicos para dotación del personal militar”, el cual fue adjudicado a tres empresas por un valor de $713 millones. Según los contratos, cada firma tenía la tarea de entregar un lote y que en total suman más de 30.000 unidades, entre parches, insignias y distintivos. Y, de nuevo, debían tener el nuevo nombre propuesto por el gobierno Petro, pero que, en teoría, no puede ser utilizado.
Las tres empresas que ganaron el contrato son Granados y Condecoraciones SAS, Distribución y Servicios SAS y Mozt de Colombia SAS. La última de estas compañías resalta pues, según los registros de las Fuerzas Militares y de Policía, desde 2017 hasta la fecha firmó 69 millonarios contratos, que van desde los $800.000 hasta los $4.700 millones, en la adquisición de espadas, anillos, cascos, medallas, bastones y otros elementos de ceremonias de la fuerza pública. Mozt Colombia, representada legalmente por Sabina Mogollón Orduz y ubicada en Bogotá, ha sido contratista de la Armada, la Policía, el Ejército y, por supuesto, ahora de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El primer contrato, el de las gorras que costaron $215 millones, fue adjudicado en junio de 2023, mientras que el segundo, el que costó $713 millones, fue suscrito en octubre de 2023. Es decir, este último fue firmado un mes después de que la Corte Constitucional notificara a la Fuerza Aérea que había una demanda contra la ley que permitió el cambio de nombre. De todas maneras, la teniente coronel Ana Milena Mejía Zapata, directora logística de los servicios, autorizó el millonario convenio. Aunque la cúpula de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están convencidos de que el cambio de nombre es necesario, hay voces que no están muy seguras de ello y piensan que hay prioridades de fondo.
Dos altos oficiales que hablaron con El Espectador y pidieron anonimato afirman que, por ejemplo, habría que definir qué aviones van a remplazar a la flota de aviones Kfir, uno de los primeros propósitos del primer mandatario en su primer año de gobierno. Sin embargo, la propuesta se fue diluyendo, entre otros factores, por la relación de Petro con el Gobierno de Israel (uno de los países en donde se podrían adquirir las aeronaves) debido a los ataques contra la población civil en la Franja de Gaza, que Petro ha condenado públicamente. De acuerdo con los altos oficiales, solo seis de los 21 Kfir están activos y se espera que salgan de circulación a finales de 2024 por falta de mantenimiento.
Uno de los oficiales que habló con este diario indicó que, aunque comparte el cambio de nombre, considera que es un paso a dar en el futuro, pero “no ahora”. Aunque dice que ha habido algunos cambios, pide “que se mejore en equipos y tecnologías que ya son obsoletas, además de ajustes a personal militar en temas de salarios y capacitación en asuntos aeroespaciales. Las comunicaciones del Estado colombiano no dependen de los tres satélites que tenemos en órbita. Se ha hecho un buen camino, pero queda un largo trecho por recorrer. Por eso digo que esta insistencia del Gobierno para cambiar de nombre es apresurada”, destacó el alto oficial, que lleva más de dos décadas en la Fuerza Aérea.
Esta semana, el ministro de Defensa, en compañía del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el general Luis Carlos Córdoba, se presentó ante el Congreso para insistir en una proposición que la Corte Constitucional le anuló hace apenas tres semanas. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro radicó un nuevo proyecto de ley con el que busca cambiar, de nuevo, “la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana por Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de brindar un soporte constitucional para las operaciones militares en el espacio”, señaló Velásquez en una rueda de prensa en el Senado de la República.
La insistencia del Gobierno en este cambio de nombre de la Fuerza fue sorpresiva, pues luego del reciente revés en el alto tribunal, no era claro si el Ejecutivo insistiría de nuevo en su propuesta. Para la Corte Constitucional, hubo un error de forma en la presentación ante el Congreso de esa modificación del nombre: el ministerio debió radicar un acto legislativo para modificar la Constitución y no una ley ordinaria, la cual no permite cambiarle ni una coma a la carta magna. Lo cierto es que ahora ese cambio de nombre dependerá tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, con los que el gobierno Petro no tiene las mejores relaciones en los últimos meses, tras el hundimiento de varios de sus proyectos bandera.
Tras radicar el nuevo proyecto, el comandante de la Fuerza Aérea mostró las charreteras de la institución que dirige en cuanto a asuntos aeroespaciales para sacar pecho por los avances e insistir en por qué el cambio de nombre. El general Córdoba indicó que, desde 2006, la FAC ha ejecutado proyectos direccionados al “dominio espacial, por ejemplo, lideramos como secretarios generales la Comisión Colombiana del Espacio. Además, desde 2008, lanzamos el primer satélite (el Libertad 1), posteriormente lanzamos el Facsat 1 y el año pasado pusimos en órbita el Facsat 2 desde California. Este fue un satélite que se construyó con manos colombianas, personal de su Fuerza Aérea, y fue orientado por empresas europeas”.
Una vista al vecindario y las potencias
De acuerdo con la información oficial de las fuerzas aéreas de América del Sur, ninguna ha cambiado su nombre. Ni siquiera Brasil, que tiene 17 satélites activos en órbita. En el caso argentino, el país tiene a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, órgano no militarizado e independiente que también tiene el mismo número de satélites que Colombia. En cuanto a las potencias, Estados Unidos creó en 2019 una Agencia Espacial, totalmente independiente de la Fuerza Aérea, destinada a proteger su infraestructura crítica en el espacio ante las tensiones militares con países como China y Rusia. Además, desde 1958 tiene la NASA, encargada de los temas de investigación científica fuera de la Tierra.
Rusia, en cambio, sí cambió su nombre en 2015 a Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa, tras una extensa carrera espacial durante casi siete décadas con Estados Unidos. Lo cierto es que Colombia, con apenas una escueta trayectoria en asuntos aeroespaciales de 14 años, se empeña en modificar su nombre. Esta insistencia del Ministerio de Defensa tendrá que ser aprobada en ocho debates en el Congreso, con el riesgo de que en cualquier momento se pueda hundir y que, como mínimo, tardaría un año, según fuentes cercanas al proyecto. El tiempo dirá si la millonaria compra de estas prendas con un nombre que, por ahora, no puede usar, se trató de un posible caso de uso indebido de recursos públicos o si, por el contrario, se trató de un asunto clave en la modificación de esta institución militar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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