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Ser jugadora profesional de fútbol en Colombia es, casi por regla general, enfrentarse al mercado laboral más precario posible. Todo por un acuerdo de la Dimayor y la mayoría de sus clubes, en el que se habría creado un sistema que, si bien alcanza a enmarcarse en la categoría profesional, ofrece las más mínimas condiciones para su desarrollo como proyecto de vida. Esa es la imputación que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le comunicó a Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol, siete personas naturales y a 26 clubes de primera y segunda división, los cuales fueron vinculados formalmente a una investigación por trasgresión a la sana competencia del mercado. De comprobarse los hechos, todos podrían ser sancionados con multas y obligados a ofrecer condiciones dignas.
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“Los investigados habrían generado distorsiones en el mercado con la concertación de las condiciones laborales ofrecidas a las futbolistas”. Esa es una de las conclusiones a las que llegó la SIC, tras requerir información, practicar declaraciones y hacer inspecciones a los investigados, además de realizar un análisis detallado de 1.274 contratos laborales de jugadoras entre 2017 y 2023. Entre los imputados por conformar este supuesto cartel de precarización laboral están el expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez y el actual presidente, Fernando Jaramillo. Asimismo, los siguientes representantes de clubes: Carlos Alberto Barato (Fortaleza), Luis Eduardo Méndez (Santa Fe), Diego Perdomo (Huila), Carlos Mario Zuluaga (La Equidad) y Oscar Ignacio Martán (Cortuluá).
El análisis de los contratos de las futbolistas para la temporada 2023 arrojó casos como el de Cortuluá, que a todas sus jugadoras les paga el sueldo mínimo. Para este año, en siete clubes indagados, se encontró que solo cinco jugadoras tenían salarios superiores a los $4 millones. De hecho, desde 2017, el 97 % de los contratos se han firmado por debajo de ese valor. Según la investigación de la SIC, los datos responden a que la Dimayor y sus clubes afiliados se “habrían alineado para estandarizar y unificar las condiciones laborales de las jugadoras”. Para probarlo, la SIC cuenta con una resolución de noviembre de 2017, cuyo punto del día número seis fue la “proposición y presentación de modelo de contrato laboral a suscribir con las jugadoras que participarán en la Liga Femenina de 2018″.
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Desde entonces, a excepción del contrato que firmó la estrella de la Selección Colombia, Leicy Santos, con Santa Fe en 2019, los contratos ofrecidos por los clubes colombianos son prácticamente idénticos. Por ejemplo, Santos firmó un contrato laboral por tres años. No obstante, la inmensa mayoría de las futbolistas firman por un promedio de tres meses. Y esto es porque, según consideran los clubes, basados en el Estatuto del Jugador, la duración mínima de un contrato puede ser desde que son inscritos a un torneo, hasta el final de la temporada. Esto no sería un problema, si no fuera porque los torneos femeninos duran apenas tres o cuatro meses, y, aunque la regla del Estatuto aplica también para los hombres, ellos sí suelen firmar acuerdos laborales por dos y hasta tres años.
Además, los contratos revelaron que, a las jugadoras contratadas, quienes de por sí ya ganan generalmente lo mínimo, se les prohibió por cláusula obtener la explotación exclusiva de sus derechos de imagen. Para ello, la SIC cuenta con contratos de Santa Fe, Tolima, Nacional y Orsomarso, que tienen cláusulas idénticas sobre el tema. Aún más delicado resultan los debates internos descubiertos, en actas de asambleas generales, que revelarían un acuerdo para fijar topes salariales. “No podemos seguir pagando salarios altos, porque ahora las niñas se quieren equiparar a los futbolistas”, les dijo a los clubes el expresidente Perdomo, en 2017. América y Cortuluá, entonces, consideraron propuestas en las que categorizaron a las futbolistas y ubicaron ese tope de los $4 millones, que terminó consolidándose casi que por regla general desde hace seis años.
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La SIC también reveló que, aunque públicamente los representantes de clubes se han quejado por falta de apoyo, los investigados se han negado a recibir recursos del Estado. Por ejemplo, en 2020, la FCF y el Ministerio del Deporte firmaron un convenio para que el fútbol femenino recibiera $1.500 millones en logística. No obstante, solo habrían ejecutado $215 millones. En 2021, el Ministerio ofreció $3.000 millones, pero el presidente Jaramillo, en asamblea de junio de 2022, manifestó su inconformismo por el “desgaste muy grande” que sería aliarse con el Gobierno. El expresidente Vélez no se quedó atrás y, en una Comisión de Contratación de 2020, señaló que recibir esos dineros podría “generar una rendición de cuentas”. Un año antes, mencionó que el apoyo implicaba “vigilancia de las entidades de control”.
Un dato desalentador dejó algunas entrevistas que coinciden en que los clubes, en realidad, no estarían interesados en disputar la liga femenina, sino que se sienten obligados, dado que la Conmebol exige a los clubes masculinos participantes en torneos sudamericanos tener una categoría femenina. La SIC, al final, dejó bien claras las limitaciones a la sana competencia que podrían ser castigadas: “Restricciones a las jugadoras para acceder a mejores oportunidades económicas; disminución de la posibilidad de gozar de estabilidad laboral; y obstaculización del desarrollo personal y profesional de las jugadoras”. La Dimayor respondió que “todas las sospechas o dudas que pueda tener el ente de control sobre el proceder frente al fútbol femenino serán desvirtuadas en el proceso”. Y aunque concluyeron que el “fútbol femenino tiene todo nuestro respaldo”, la SIC tiene información de que, puertas para adentro, eso no es así.
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