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Germán Olano amplía indagatoria ante la Corte por carrusel

Es sindicado de ejercer tráfico de influencias en los procesos de contratación del Distrito, en favor de los Nule.

05 de agosto de 2011 – 05:40 a. m.

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Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia amplía indagatoria este viernes el excongresista Germán Olano Becerra, cobijado con medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el escándalo del carrusel de la contratación.

Aparentemente, el exrepresentante a la Cámara por Bogotá ejerció tráfico de influencias ante autoridades distritales, a fin de favorecer los intereses de los exempresarios Nule, en varios procesos contractuales.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante 12 años, al considerar que exigió el pago de comisiones, a cambio  de actuar con arreglo a los intereses de los excontratistas

El Ministerio Público volvió a pedirle cuentas dentro de este proceso, a fin de que declarase en el juicio disciplinario que enfrenta el suspendido senador Iván Moreno Rojas; la diligencia, que había sido programada para este viernes, debió ser fijada nuevamente para este 22 de agosto, tras la diligencia de indagatoria que cumple el dirigente en la Corte.

El excongresista fue sindicado de de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho propio, en concurso, en calidad de interviniente, por las irregularidades que rodearon la asignación del contrato de la Fase Tres de Transmilenio, adjudicado al grupo Nule.

El exdirigete fue detenido el 1 de mayo pasado por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, una vez pasó por el control migratorio del aeropuerto, a sabiendas de la existencia de una orden de captura en su contra, que no pudo hacerse efectiva desde el momento de su expedición, debido a que permanecía en Miami, Estados Unidos. El exparlamentario se entregó voluntariamente a las autoridades.

Según pruebas acopiadas por la Procuraduría, a Olano se le atribuye la exigencia la exigencia de al menos 1.700 millones de pesos que serían repartidos entre algunos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con el fin de asegurar un trato preferencial a los contratistas Nule.

Además, aparentemente, buscaba que los integrantes del concesionario le cedieran una participación del 2 % en el valor total del contrato en cuestión.
 

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