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El próximo 3 de agosto se retomarán las audiencias finales de un espinoso proceso que avanza fuera de los focos en contra de un conocido empresario acusado de aliarse en el Cesar con los hombres del exjefe paramilitar alias Jorge 40. Se trata del expediente contra Edgardo Percy Díazgranados, quien durante los noventa fue gerente de la mina La Jagua, la tercera más grande de explotación de carbón en Colombia y que era propiedad de la reconocida empresa Cementos del Caribe. Aunque la Fiscalía aseguró tener las pruebas suficientes de que Díazgranados le ordenó a los paras asesinar y desplazar campesinos en el municipio de Becerril, Cesar, en los últimos días la historia dio un giro inesperado.
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La fiscal del caso, Nancy Martínez Iglesias, la misma que ordenó capturar en 2018 y llamarlo a juicio a Díazgranados, pidió hace una semana absolverlo. Así lo confirmaron la abogada de las víctimas y el abogado del empresario, quien señaló que el ente investigador encontró serias irregularidades en el testimonio del principal testigo contra Díazgranados. El Espectador se contactó con la fiscal del caso, pero aunque vio los mensajes, nunca respondió. Este complejo caso tiene la particularidad de que pocos hablan del expediente. Incluso, desde hace varios meses este diario ha insistido a través de derecho de petición acceso a las audiencias públicas, pero el juzgado se niega a responder.
La acusación contra Edgardo Percy Díazgranados
La Fiscalía, antes de pedir la absolución del empresario del carbón hace unos días, fundamentó su llamado a juicio en 2019 en el testimonio de dos exparamiltares del frente Juan Andrés Álvarez del bloque Norte de las Autodefensas. Se trata de Alcides Mattos Tabares, alias El Samario, jefe del frente paramilitar mencionado y principal testigo contra Díazgranados. El segundo es Ernesto Ochoa Quiñones, alias el Mecánico, quien también hizo parte de esa célula paramilitar en el municipio de Becerril, Cesar. Ambos testificaron que, entre 1997 y 2003, tuvieron reuniones con Díazgranados para planear los desplazamientos de familias campesinas en la vereda Santa Fe.
Esas reuniones entre los paras y el empresario, acusó la Fiscalía, también se hicieron para “coordinar los contactos con los integrantes de la junta directiva de Carbones del Caribe y acordar los aportes a las Autodefensas por los desplazamientos efectuados en la vereda y la seguridad que prestaban para evitar que los predios ya despojados volvieran a hacer (sic) ocupados (…) esas parcelas eran requeridas para convertirlas en un botadero para Carbones del Caribe, y como contraprestación el grupo armado era financiado”. En ese momento la junta directiva de la empresa estaba conformada por grandes empresarios que aún están vinculados a la industria del carbón.
Díazgranados respondió en su indagatoria que, para ese momento, Carbones del Caribe (hoy conocida como SATOR) estaba dirigida por el gerente general Alfredo González Rubio y, el presidente Juan Manuel Ruiseco Viera, y negó tajantemente que la compañía le entregara dineros a los paramilitares. Más allá de los testimonios de los exparamilitares, en el expediente tampoco reposa alguna prueba que indique que la cúpula de Carbones del Caribe financió al grupo paramilitar para asesinar y desplazar a los campesinos de la vereda Santa Fe. En estos años, tampoco la Fiscalía General abrió investigaciones formales contra la junta directiva de Carbones del Caribe.
Además de los testimonios de los exparamilitares, la Fiscalía recopiló los testimonios de seis campesinos que coincidieron en que tuvieron que salir de la vereda Santa Fe luego de ser amenazados por los paramilitares del frente Juan Andrés Álvarez. Aseguraron que, luego de ser amenazados, Díazgranados aparecía para comprarles las tierras y que, en medio de ese contexto de amenaza, tuvieron que vender y salir corriendo. Los testigos señalaron que el empresario hacía estas compras a través de testaferros y con la ayuda de un notario corrupto de Becerril, hechos que la defensa de Díazgranados ha insistido durante el juicio son falsas y que todas las acciones de la compañía fueron legales.
Testigo en común con el caso Drummond
No es la primera vez que alias Samario declara contra empresarios de la industria del carbón. Incluso, su nombre volvió a sonar en los pasillos judiciales en mayo pasado, cuando la Fiscalía General anunció que llamará a juicio al presidente y expresidente de la multinacional carbonera Drummond. Con base al testimonio de Samario y otros testigos, el ente investigador dice que José Miguel Linares y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la compañía estadounidense, financiaron en los años noventa en el Cesar al frente Juan Andrés Álvarez de los paramilitares. Acusación que también ha negado tajantemente la Drummond.
Ese supuesto vínculo entre las carboneras y los paramilitares también fue reiterado en mayo de 2023 por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien durante horas, le repitió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) gran parte de la información que ya le había dado a la Fiscalía General. Un jefe paramilitar que según los expedientes podría aportar información sobre estos hechos (tanto en el caso Drummond como en el de Díazgrandos) es Jorge 40, ya que el frente Juan Andrés Álvarez estaba a su mando. Sin embargo, nunca aportó en la JEP información sobre esta supuesta alianza y otros graves crímenes cometidos en la Costa Caribe por los paramilitares. Silencio que le costó una extensa pena que aún lo mantiene tras las rejas.
Díazgranados fue capturado en febrero 2018 y, a finales de ese año, quedó libre luego de que se venciera el plazo para que la Fiscalía radicara la resolución de acusación en su contra. Un hecho que según la ley, le permite solicitar su libertad. En enero de 2019, la Fiscalía finalmente lo llamó a juicio y ordenó recapturarlo, pero hasta hoy no ha sido posible conocer su paradero. Su abogado le dijo a este diario que hace años no tiene contacto con él y que “solo lo he tenido contacto con su familia. Sé que está muy enfermo y que está quedando prácticamente ciego. Pero más allá de esta situación de salud, lo clave es que se está demostrando que alias el Samario le mintió a la Fiscalía”, afirmó el abogado de Díazgranados a este diario.
Así las cosas, el próximo 3 de agosto el abogado del empresario ahondará en sus argumentos en los que hará énfasis en las supuestas mentiras de alias el Samario, en la audiencia de alegatos finales previo a que la justicia dicte sentencia absolutoria o condenatoria. También falta que intervengan en esa audiencia la Procuraduría y la abogada de víctimas, quien está convencida de que Díazgranados y la cúpula de Carbones del Caribe sí se aliaron con los paramilitares para quedarse con varias tierras en la vereda de Santa Fe en Becerril. La fiscal Nancy Martínez, por su parte, ahora quiere que su trabajo de años sea decidido a favor de quien llevó a juicio.
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Por David Escobar Moreno
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