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El presidente Abelardo de la Espriella hizo una promesa que para algunos expertos desde ya parece difícil de cumplir: erradicar más de 261.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante fumigación. El presidente lo anunció durante la posesión presidencial y habló de un herbicida “de última generación que no causa daño, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afecta el medio ambiente”. Aunque el mandatario hasta ahora no se ha referido directamente a la sustancia que utilizará en su estrategia, todo apunta a que se trata de glufosinato de amonio, un herbicida que reemplazó al glifosato luego de que en Colombia se suspendiera su uso, pero que abrió el mismo debate sobre su efectividad.
Este diario pudo establecer que el gobierno está planeando presentar un piloto de fumigación con glufosinato de amonio, un agrotóxico que se usa para asperjar grandes extensiones de cultivos, como una alternativa al glifosato. En su funcionamiento, el herbicida actúa como un producto que mata la maleza, pero que no se aplica con distinción. Es decir, que si se asperja sobre un gran terreno, no es selectivo, por lo que puede quemar tanto la mata de coca como los cultivos de pancoger. A diferencia del glifosato, que penetra y va a la raíz de la planta, el glufosinato quema las partes externas de las plantas, las seca y actúa rápido, aunque requiere de varias aplicaciones sobre el mismo terreno.
Para Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien participó en una de las mesas de negociación de la política de paz del gobierno Petro, hay muchos factores ambientales que se deben tener en cuenta si se va a usar el glufosinato de amonio para evitar efectos colaterales en afluentes de agua, en las personas y en los animales. De acuerdo con la investigación de este experto, el uso del glufosinato puede bloquear las enzimas que le permite a los humanos eliminar el amoníaco del cuerpo. Una intoxicación grave se relaciona con convulsiones, pérdida de memoria y coma. También se advierte un riesgo de alteraciones en el desarrollo fetal y la fertilidad.
Asimismo, puede producir quemaduras químicas severas por contacto con la piel y los ojos. Por otra parte, en los ecosistemas acuáticos, es extremadamente tóxico para peces y plantas marinas si llega a los ríos. Además, puede alterar el comportamiento de insectos, destruir larvas de abejas, reducir la cobertura vegetal y acelerar la erosión. En animales domésticos, la ingestión puede causar temblores, asfixia y vómitos, mientras el contacto provoca quemaduras. Todas estos posibles efectos secundarios están bajo la lupa del Ministerio de Justicia, que ajusta los últimos detalles del decreto con el que el país regresaría al debate sobre la aspersión de cultivos de uso ilícito.
Las alarmas están encendidas, especialmente porque los expertos que asesoran a la cartera ministerial tienen claro que el uso de cualquier sustancia química para estos fines tiene criterios estrictos fijados en 2017 por la Corte Constitucional. En ese momento, el alto tribunal prohibió el uso del glifosato para la fumigar estos sembrados porque, en palabras sencillas, la evidencia científica demuestra que es altamente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esa razón, la estrategia del gobierno De la Espriella debe ajustarse a esos parámetros judiciales y, dentro de la baraja de opciones para regresar a este método de erradicación de cultivos, está hacerlo con el uso de drones.
La razón: esas aeronaves no son tripuladas y podrían liberar el químico a una altura mucho más baja que lo que haría una aeronave tradicional, reduciendo el espacio donde caen las partículas químicas. Sin embargo, para expertos consultados para este artículo, los drones tampoco serían la solución. En una investigación realizada por González para demostrar los peligros del uso del glufosinato, el experto explicó que usar drones para fumigar puede generar una dispersión del herbicida más allá del área prevista. Las hélices del dron producen corrientes de aire que pueden levantar y desplazar las gotas, especialmente en condiciones de suelo seco o caliente. Además, las boquillas generan una fina “neblina” de partículas que puede ser transportada por el viento a cientos de metros o incluso kilómetros.
Además, el riesgo aumenta cuando se presenta inversión térmica, fenómeno en el que las gotas quedan atrapadas en una capa de aire y pueden desplazarse horizontalmente. De esta manera, el producto puede alcanzar fuentes de agua, cultivos, viviendas, animales y zonas habitadas, dificultando el control sobre dónde termina finalmente el herbicida aplicado. En este contexto, resalta González, y para evitar un escenario similar al que ya vivió el país con el uso del glifosato, lo importante es recordar lo que ya dijo la Corte Constitucional. Aunque recuerda que las sentencias se han referido a casos por el uso de glifosato, el alto tribunal ya señaló que ante el uso de cualquier agrotóxico de alto impacto, como el glufosinato de amonio, el Estado está obligado a priorizar la vida y el agua sobre el exterminio químico.
Ahora bien, para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si el gobierno se limita a fumigar el mismo lote durante sus cuatro años de gestión, no habrá coca allí, pero tampoco habrá nada más. “El peligro de que el gobierno tenga la opción de fumigar es que tiende a centrarse excesivamente en esta herramienta visible y a descuidar otras alternativas que generan sostenibilidad y mejores resultados a largo plazo. Como la fumigación permite mostrar resultados inmediatos, pueden terminar relegando toda la política en ello”, explicó. En esa vía, la experta agregó que es importante entender cuál es la estrategia en cada territorio.
El reto, entonces, no será únicamente encontrar un herbicida que permita cumplir la promesa presidencial, sino demostrar que su aplicación puede reducir de manera efectiva los cultivos de uso ilícito sin repetir los cuestionamientos ambientales, sanitarios y jurídicos que llevaron a suspender la aspersión con glifosato. La estrategia tendrá además que responder a una pregunta clave: si la fumigación, por sí sola, puede evitar la resiembra en territorios donde persisten la presencia de grupos armados y las economías ilegales. Esa será, en últimas, la prueba para una promesa que el Gobierno tiene sobre la mesa, pero cuyo cumplimiento todavía enfrenta más de un interrogante.
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