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La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación se tomará un plazo más amplio para determinar si accede o no a la petición del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, luego de la sanción que recibió por parte del organismo, por participación indebida en política.
Hasta 22 días podría tomarse el Ministerio Público para decidir si ratifica o no la destitución e inhabilidad general en el ejercicio de funciones públicas durante diez años que le fueron impuestas al dirigente.
Luego de la determinación, Abadía acudió a versiones de prensa en las que, dice, la procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, señaló que el disciplinado no actuó con mala fe.
En el momento de presentar el recurso de apelación aseguró que si no hubo mala fe, como la afirmaba la representante del ministerio público, no había dolo y, por tanto, no había lugar a la sanción.
Abadía Campo fue señalado de aprovechar su cargo para participar en las actividades de partidos y movimientos políticos, al convocar una reunión con 21 alcaldes del departamento del Valle en la que se hizo presente el ex precandidato conservador a la Presidencia, Andrés Felipe Arias, en momentos en los que adelantaba su campaña electoral.
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