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Gobierno firma decreto para ampliar protección de magistrados de la JEP

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, expidieron un decreto que amplía las medidas de seguridad a las que pueden acceder los magistrados y magistradas de la JEP. Esta decisión se tomaría debido a situaciones denunciadas por los mismos funcionarios.

Los magistrados de la JEP hacen seguimiento a órdenes que protegen 36 cementerios en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero.
Con el decreto firmado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Gobierno explicó que buscaba reiterar su compromiso con la implementación del Acuerdo de paz
Foto: Jurisdicción Especial para la Paz

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El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa firmaron un decreto (085 de 2024) para ampliar las medidas de protección de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el Gobierno Nacional, con esta acción buscan “garantizar la labor” de los funcionarios, debido a las solicitudes que presentaron los magistrados por situaciones en las que vieron en riesgo su vida y el ejercicio de sus funciones, en años anteriores.

Con el nuevo decreto, tanto los magistrados de las Salas de Justicia como el secretariado ejecutivo de la JEP, podrán contar con acompañamiento de la Policía Nacional, de manera adicional al acompañamiento que tienen en estos momentos por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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El año pasado, el magistrado Alejandro Ramelli y su magistrado auxiliar, Hugo Escobar, quienes han liderado las investigaciones por falsos positivos en la JEP, recibieron amenazas por parte del Clan del Golfo. Ramelli fue amenazado mediante un mensaje enviado directamente a su número de WhastApp en el cual era declarado objetivo militar. El jurista había realizado varias intervenciones en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), también encontró fosas comunes con víctimas de desaparición forzada.

Por su parte, el esquema de protección del magistrado auxiliar Escobar, fue atacado en el sector El Poblado de Medellín, según la versión de las autoridades con un arma de fuego. El hecho fue rechazado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entre otras personas y entidades.

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Con el decreto firmado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Gobierno explicó que buscaba reiterar su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. Además, agregaron que este es un paso importante en la consolidación de una política en este ámbito, buscan “la garantía en la protección de la vida de los que trabajan por las víctimas del conflicto, la verdad, la reparación y la no repetición”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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