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Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera el acto legislativo No. 01 de 2017 que creó las “disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” se ajusta a la Constitución Política de 1991 cuando fija a la paz como un derecho fundamental para todos los colombianos y una obligación de los Gobiernos para alcanzarla.
“Es indispensable tener en cuenta que el Acto Legislativo No. 01 de 2017 es en consecuencia de una situación transicional y excepcional que busca poner fin al conflicto armado en Colombia y que permitirá, ahora más que nunca, la consecución de la paz con fin último de la Constitución de 1991. Sólo a partir de esa lógica argumentativa, resulta posible resolver cualquier de los problemas jurídicos particulares que queda genera el Acto Legislativo objeto de discusión”, señaló.
El jefe de la cartera política consideró que el acuerdo final para la paz fijó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para la implementación de estos conceptos se configuró una jurisdicción especial para la paz que brinda las herramientas necesarias al momento de investigar, juzgar y sancionar a los protagonistas del conflicto armado.
Dicho acto legislativo crea los mecanismos para esclarecer los hechos que se registraron en el desarrollo de esta guerra como es la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, las medidas de reparación integral a las víctimas y las herramientas para que las acciones ilegales contra la población civil no vuelvan a ocurrir.
“La implementación en el menor tiempo posible de todas las medidas se contemplan, tienen una finalidad esencial: garantizar los derechos de justicia, verdad y no repetición de las víctimas”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional fijó la necesidad de ejecutar los mecanismos para garantizar la paz y proteger a las víctimas.
En su intervención ante los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, Rivera explicó que el debate de dicho acuerdo cumplió con todos los requisitos que exige la ley. Igualmente, contó con la participación de representantes de las víctimas del conflicto para que presentaran sus posiciones.
En este sentido considera que no existen fallas de fondo en la aprobación en el Congreso de la República de este acto legislativo. “No vio afectada la eficacia de la conformación de su voluntad democrática y su incidencia en la configuración normativa (…) ejerció su espacio de participación democrática, hubo deliberación política, respecto por el pluralismo y protección de los derechos de las minorías”.
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