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El gobierno nacional lanzó este lunes un mensaje de protesta en contra de la decisión que adoptó la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz hace unos meses de permitir salir del país a varios miembros de la FARC sin tener competencia para ello. Más aún, cuestionó que el sistema hubiera avalado un viaje al exterior al exguerrillero Fernando Arellán Barajas, condenado por el atentado del Club El Nogal.
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El Ministerio de Justicia dijo que, aunque respeta la autonomía de la JEP, “ese tipo de decisiones deslegitiman la institución y alimentan a quienes quieren desprestigiar la Jurisdicción de Paz”, señaló en su cuenta de Twitter la cartera judicial, cuya cabeza está a cargo del ministro Enrique Gil Botero.
Se refiere, particularmente, al comunicado que en las últimas horas emitió el organismo en el que se desliga de cualquier responsabilidad frente a la determinación que adoptó su exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, quien aparece como el firmante en los permisos concedidos a seis exguerrilleros, incluido uno de los jefes del naciente partido Pastor Alape, como lo reveló este diario.
(Lea: Piden investigar a Néstor Raúl Correa por salidas del país de exguerrilleros)
“La Secretaría Ejecutiva de la JEP tuvo competencia para otorgar permisos de salidas del país a exintegrantes de las Farc acreditados por el alto comisionado para la paz hasta el 15 de enero de 2018(…) Desde el 15 de enero de 2018, la Sala de Amnistía e Indulto asumió esta competencia”, aclaró la JEP cuya presidencia la ejerce la magistrada Patricia Linares.
A raíz de estos hechos, el congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen las actuaciones del exsecretario Correa mientras tuvo a su cargo la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz.
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