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Los municipios de la vertiente norte de la Sierra Nevada sufrieron una triste derrota como comunidad durante el gobierno de Gustavo Petro. Por primera vez desde la desmovilización paramilitar, en 2006, se presentaron combates armados en los que su población rememoró el temor de los peores tiempos de la guerra por el territorio y las rutas de narcotráfico. Esa es una de las múltiples zonas donde el gobierno actual espera que su política de paz total haga efecto, al entablar diálogos con los grupos armados, con miras a un eventual desarme. Sin embargo, el hecho de que el Ejecutivo se siente cara a cara a negociar con estos criminales, terminó siendo un incentivo para que se fortalecieran territorialmente. Y, de hecho, para que intentaran demostrar fines políticos que nunca tuvieron.
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Esas son las conclusiones a las que llega la organización académica Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, más conocida como Fescol, en dos informes sobre la implementación de la paz total en el Caribe y el Pacífico. A través de información en terreno y documental, soportada en voces de expertos en conflicto armado, así como notas de prensa regionales, Fescol encuentra que la idea de la paz total, en gran medida, ha traído algo de tranquilidad a la población civil. Sin embargo, sacando a los pobladores de la ecuación, en realidad el conflicto armado siguió reconfigurándose en puntos históricamente estratégicos para quienes se financian de economías ilegales como el narcotráfico, la explotación de oro, las extorsiones y la cooptación de criminalidades locales.
El gobierno adelanta negociaciones de tipo político con el ELN y el Estado Mayor Central de las Disidencias FARC (EMC), refrendados en ceses al fuego bilaterales, pero que han tenido tropiezos que han llevado a suspensiones esporádicas de las conversaciones. Para otros actores armados, el gobierno ha dado tintes de querer someterlos a la justicia, con menores beneficios a los que podrían acceder si tuvieran carácter político. Según Fescol, esta división en la iniciativa, primero, terminó fortaleciendo un estatus que el EMC no tenía. Y, segundo, motivó a los otros actores a politizarse. Como ejemplo, el informe habla del caso del Clan del Golfo, que ha creado páginas web, o de las Autodefensas de la Sierra Nevada, que se constituyeron como tal y dejaron de presentarse como Los Pachenca o La Oficina.
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Sobre la costa Caribe, Fescol encuentra que el cese al fuego, en la práctica, le permitió “a los grupos armados liberarse de un frente de confrontación bélica, en este caso, con la fuerza pública, y poder concentrarse en enfrentar a sus competidores armados”. Como lo reporta la Fundación Ideas para la Paz, al comparar el último año del expresidente Iván Duque, con el primero de Petro, se disminuyeron un 47% los ataques contra la fuerza púbica, pero aumentaron en un 85% entre los grupos. Además, dice Fescol, persiste la idea de la expansión territorial, aunque se dialogue con el Ejecutivo. El sur de Bolívar es zona de urgente acción, pues desde 2021 se enfrentan el ELN, EMC y Clan del Golfo por el control de los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
Para Fescol, los efectos colaterales se miden en desplazamientos y confinamientos. Por lo anterior, los informes llaman la atención de que, a pesar de que el Clan del Golfo es el grupo armado con mayor presencia en la costa, está por fuera de la paz total. Fescol sostiene que contar con ellos es urgente, pues mantienen la “gobernanza armada” de regiones como los Montes de María, al proveer de bienes y servicios a la población. Uno de los informes sostiene que este grupo armado se ha incrustado a tal punto que castigan la delincuencia común y establecen normas de conductas para las comunidades, pero no alternar otros indicadores de violencia, como los homicidios.
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En cuanto al Pacífico, de Chocó hasta Nariño, Fescol explica que el ELN ha continuado expandiéndose por el Atrato y la desembocadura del río San Juan; el Clan del Golfo sigue con su carrera por llegar hasta Nariño; en el Valle del Cauca, hay disputas territoriales en una zona que diversas facciones del EMC manejan, como la Adán Izquierdo o la Jaime Martínez; en el Cauca, entran con fuerza la Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia; y en Nariño la atención está en Tumaco, donde confluyen multiplicidad de actores armados, en una zona que registra un enclave de coca sin precedentes, según el último informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. En el Pacífico la complejidad es máxima y los avances pocos.
Ahora bien, la tendencia de la violencia es variada. Los homicidios se redujeron en un 45% en 2023, con respecto a 2022 en los cuatro departamentos. Pasaron de 3.914 a 1.770. Sin embargo, los desplazamientos forzados han aumentado, siendo la preocupación principal Nariño, que pasó de 10.552 víctimas a 17.838 en el mismo periodo. “Los indicadores anteriores presentan un escenario complejo que exige respuestas integrales y coordinadas. No tiene sentido seguir dando las respuestas tradicionales mientras el conflicto se reconfigura rápidamente”, explica Fescol. De otro lado, el paro armado liderado por el ELN en el Chocó, en diciembre pasado, demuestra, para la organización académica, que “la distancia entre los acuerdos establecidos y la persistencia de acciones armadas afectan a la sociedad civil y minan la credibilidad del proceso”.
Según Fescol, aunque el EMC mantiene una mesa de negociación desde el pasado 8 de octubre, no se entiende cómo, si es que está agrupado, mantiene una escalada de violencia que ha incluido hostigamientos a la fuerza pública en Inzá, Timba, Santander de Quilichao (Cauca) y Jamundí (Valle). “Las expectativas de paz parecen ir disminuyendo con el paso del tiempo, ya que, a pesar de existir una agenda pactada, una voluntad institucional y una expresión de diálogo por parte del grupo armado, las confrontaciones continúan”, argumenta Fescol. Los documentos académicos concluyen que la política de paz total debe involucrar una fuerte presencia estatal o, de lo contrario, las guerras por llenar esos vacíos y controlar las narcorutas permanecerán. Por último, Fescol recomienda que no se sacrifique la estrategia de seguridad, previendo que los grupos armados se puedan levantar de la mesa.
Los investigadores de ambas publicaciones en Fescol son Inge Helena Valencia, Juan Sebastián Carrejo, Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo Sarmiento.
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