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Un comunicado del Consejo Gremial Nacional fue la manzana de la discordia. La organización, que representa a los gremios económicos más importantes del país, rechazó en ese mensaje los actos de terrorismo ocurridos en Norte de Santander y Chocó y, de paso, hizo un llamado al gobierno para que “garantice la seguridad en todo el territorio nacional”. No era para menos. En cuestión de cuatro días, grupos armados volaron un peaje y atacaron un CAI de la Policía en Cúcuta, y una motobomba explotó en el parque central de Morales (Cauca), dejando a varias personas heridas. Todo esto sin contar que, en medio de esas acciones criminales, el Chocó estaba saliendo de un paro armado anunciado por el ELN.
El primero en sembrar los “peros” fue el presidente Gustavo Petro, quien trinó en su cuenta personal que el Consejo Gremial Nacional estaba desinformando. “Les pido dejar de ser contra evidentes. La paz de Colombia necesita datos objetivos y seriedad”, escribió el jefe de Estado. En esa misma vía, el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, se unió a la discusión y soltó la frase que terminó por avivar la polémica. Aunque aceptó que la situación es grave, Velásquez señaló que, en realidad, “no es tan dramática”. Las palabras las expresó el pasado 25 de febrero, al finalizar un Consejo de Paz y Seguridad convocado por el presidente de la República en Bogotá.
En el fondo de la discusión que presentó el presidente Petro y su saliente ministro es que, según los datos oficiales sobre delitos, como el de homicidio, las cifras muestran que, en el tiempo del gobierno Petro, estos hechos han disminuido. Sin embargo, este tipo de afirmaciones hay que verlas con lupa. Por ejemplo, para el jefe de Estado y Velásquez, es un logro del gobierno actual que la tasa de homicidios haya disminuido, por lo que quienes han pedido garantizar la seguridad, como el Consejo Gremial Nacional, y quienes informan sobre situaciones de orden público, como medios de comunicación (incluyendo este diario), están desinformando y “maximizando”, en palabras del saliente ministro, la situación del país.
En contexto: “No es tan dramática”: mindefensa sobre la situación de orden público en el país
Sin embargo, y para entender el panorama, existen “datos objetivos” que sirven para contextualizar las declaraciones de ambos. A manera de ejemplo: según datos de la Policía, al asumir la presidencia en agosto de 2022, Petro recibió un país con una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes. Para marzo de 2024, esta cifra se redujo a 25,47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque es cierto que la tasa en lo que va de esta administración es mucho menor que en la era Uribe, (cuando se registraron 40 asesinatos por 100.000 habitantes), si de comparar se trata, la diferencia con el gobierno anterior no pareciera mostrar que en Colombia, realmente, está bajando la violencia.
No solo porque la reducción en homicidios es muy baja (0,53 para ser exactos), sino porque hay otros índices de violencia que muestran que la situación es dramática. Dos de ellas son: las cifras de personas reclutadas por grupos armados y el número de desplazados. Sobre las primeras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó hace dos días que en 2024 creció un 58 %. Además, que durante todo el año el organismo documentó 216 casos de ese crimen contra los menores, entre los que hay 86 niñas. Y sobre el segundo tema, lo ocurrido en enero pasado en el Catatumbo rompió el récord sobre desplazamiento, al menos durante los últimos tiempos.
En cuestión de semanas, más de 52.000 personas se vieron forzadas a huir de sus hogares y comunidades en medio de una escalada violenta entre el ELN y las disidencias del Frente 33 FARC. Además, se reportaron 60 asesinatos como resultado directo de los combates, entre los que se encuentran seis firmantes del Acuerdo de Paz del gobierno Santos, mientras que ocho más se encuentran todavía desaparecidos. La crisis humanitaria en esta región de Norte de Santander sigue más vigente que nunca, pues el regreso de los miles de desplazados todavía está en veremos, pues el control territorial de la zona todavía es una tarea pendiente del gobierno Petro.
La voz de los expertos
Consultados para este artículo, varios expertos en la materia sentaron sus posiciones frente a este problema. Una de ellas es Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). “Uno no hace una fiesta de cohetes con un 1 % de disminución en los homicidios (en realidad es de 0,53), y máxime en un país como Colombia donde hemos tenido disminuciones mucho mayores”, declaró. Para Bonilla, la violencia no se puede medir en homicidios, especialmente la atribuida a la presencia y al control territorial de actores armados, los cuales han cambiado sus dinámicas e implementaron “una violencia más selectiva que se ve, por ejemplo, en los homicidios de líderes y lideresas sociales”.
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Según las cifras más recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el gobierno Petro va raspando la materia. Aunque por ahora solo se puede pedir el año 2023, pues es el único completo que hasta ahora lleva Gustavo Petro en la Casa de Nariño, los números muestran que, durante esos 12 meses, la cifra de 188 asesinatos contra líderes sociales. En contraste, en 2022, que incluye el final del periodo de Iván Duque y los primeros cuatro de Petro, se registraron 187 casos. Y, solo en enero y febrero de 2025, Indepaz ya reportó 22 homicidios. Sin ir más allá, y en palabras de la fiscal Luz Adriana Camargo, “Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos”.
Por su parte, Jorge Mantilla, experto en temas de conflicto armado, seguridad ciudadana y política de drogas, señaló que, para él, la situación de orden público en el país es crítica. “Esto ya ha sido documentado por organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Estos días lo que hemos visto es una discusión sobre la reducción en la tasa de homicidios, que hay que reconocer que sí disminuyó y eso siempre será positivo. Pero la pregunta debe ser: ¿Qué significa esa disminución en un contexto de aumento del impacto humanitario, de la extorsión y otros índices de violencia?”, expone Mantilla.
Y continúa: “Esta situación lo que demuestra es que hoy en día los grupos armados y de crimen organizados son más poderosos, tiene más número de personas al inicio de este gobierno, se han expandido territorialmente y han sofisticado y evolucionado sus formas de control de territorio y de las poblaciones”. Según el experto, sobre la tasa de homicidios de la que ha sacado pecho el gobierno Petro, hay que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, que desde 2016 ese índice ha permanecido prácticamente igual, por lo que lo correcto sería hablar de un “estancamiento” de las cifras, y no de una reducción. En esta misma vía, se pronunció María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
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“¿Con respecto a qué el ministro Velázquez está diciendo que ha mejorado la situación?”, se preguntó la experta. “Si nos comparamos con finales de los años 90 y principios de este siglo, que es el peor momento del conflicto de las últimas décadas, pues por supuesto que estamos mejor. Pero, si nos comparamos con el periodo inmediatamente después de la desmovilización de las FARC, pues no lo estamos” señaló. Además, agregó que en 2022 existían ocho zonas de enfrentamientos entre grupos armados, una cifra que actualmente asciende a 14. “Es decir, un aumento muy significativo en los últimos dos años. Estamos empeorando y esto hay que medirlo con más indicadores y no solamente con los homicidios”.
En la misma declaración en la que el ministro Velásquez aseguró que la situación de orden público no es dramática y que varios sectores la han “maximizado”, el saliente funcionario aceptó que hay cifras preocupantes. Por ejemplo, habló de la extorsión. Aunque no dio números exactos, las Fuerzas Militares han reportado que, mientras que en 2023 se registraron 11.078 casos, en 2024 aumentaron a 12.334, es decir, un incremento del 11,3%. Además, a esta radiografía sobre la violencia en el país, hay que sumarle un dato no menor: la Defensoría ya alertó que hay once zonas en donde la posibilidad de enfrentamientos entre grupos armados es “inminente”, así como la afectación grave a la población civil.
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El saliente ministro Velásquez deja así su mandato en el Ministerio de Defensa. Su reemplazo, el general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Pedro Sánchez, toma las riendas de la cartera, con la tarea inaplazable de frenar el aumento de todos los índices de violencia, justamente en plena época electoral. Desde ya, y como advierte Jorge Mantilla, la cifra sobre homicidios será uno de los caballitos de batalla del presidente Petro. Así las cosas, los datos objetivos sobre la paz en Colombia y la opinión de expertos siguen mostrando una realidad que va más allá de una leve disminución en los registros de un delito, mientras que otros asuntos siguen en exponencial aumento.
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