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Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos le contó al mundo que la famosa multinacional Odebrecht tenía una oficina dedicada únicamente a coordinar el pago de sobornos a funcionarios públicos y políticos en varios países de Latinoamérica y África, Colombia no tardó en tomar cartas en el asunto. Ese anuncio se conoció en diciembre de 2016 y, en enero del siguiente año, la Fiscalía, entonces bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, ya había acorralado a los primeros sospechosos. Sin embargo, una cadena de decisiones de esa administración del ente investigador permitió, en parte, que las cabezas del entramado corrupto en Colombia salieran del país sin asumir sus actos.
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Sin una justicia que los presionara para que contaran cuáles políticos y funcionarios hicieron parte de su nómina, los directivos partieron a Brasil. Sin embargo, correos electrónicos de la Fiscalía, hackeados por el grupo Guacamaya, dan cuenta de que esta administración estaría buscando negociar con los ejecutivos que, a su vez, ya están soltando nombres de quiénes fueron esas figuras públicas que recibieron dinero, legal o de coimas, para el beneficio de la constructora Odebrecht. Uno de los nombres que ha salido a flote en las declaraciones, a las que tuvo acceso El Espectador, es el del exministro uribista Andrés Felipe Arias.
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Quien dio detalles de su relación con Odebrecht fue el colombiano Yesid Arocha, exdirector jurídico de la empresa en este país. Ocurrió primero en diciembre de 2020 y luego en octubre de 2021. El abogado, que antes del escándalo era un respetado profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Externado, se conectó por videollamada para cumplir su cita con la fiscal Liliana María Calle, cabeza del grupo que el fiscal Francisco Barbosa designó para esclarecer el que podría ser el mayor expediente de corrupción de la década. Al comenzar, Calle le aclaró a Arocha que la diligencia se adelantaba “en el marco del proceso de acercamiento” de la Fiscalía con el abogado de Odebrecht.
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Bajo la gravedad del juramento, Arocha le contó a la funcionaria varios hechos desconocidos. Por primera vez en seis años, un exdirectivo de la multinacional que se codeaba en juntas directivas con las cabezas de los sobornos le contó a la Fiscalía que Andrés Felipe Arias también recibió dinero de la multinacional. La confirmación por parte de Arocha de que el exministro de Agricultura, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, sí ensanchó sus bolsillos con dinero de Odebrecht, va al compás de lo que otros testigos del ente investigador le han dicho desde hace años a los fiscales, sin que hasta ahora exista un avance en el esclarecimiento de lo sucedido.
Arocha le contó a la Fiscalía, desde finales de 2020, que la relación con Andrés Felipe Arias se remonta a 2009. Para entonces, el exministro era precandidato presidencial, pero Luiz Bueno —presidente de Odebrecht en Colombia— le ordenó que contrataran sus servicios a través de la empresa que indicara Arias. “Se me dice que ese contrato no puede ser de asesoría ni de gestión, sino que debe tener otro objeto: el de hacer algunos estudios para un proyecto”, declaró el exdirectivo. El proyecto en cuestión era el Ferrocarril del Carare, que finalmente no se llevó a cabo. Sin embargo, la labor que supuestamente desarrolló Arias para Odebrecht fue totalmente distinta.
Arocha aseguró que Luiz Bueno había decidido contratar a Andrés Felipe Arias “porque era una persona que tenía muy buenas relaciones de carácter político, tenía muy buenas relaciones empresariales, podría ser precandidato presidencial y adicionalmente, en la época en que Bueno llegó a Colombia, Arias le presentó tanto a funcionarios gubernamentales como políticos colombianos, entonces por eso él ha decidido apoyar a Andrés Felipe Arias y realizar ese contrato con él”. El contrato que, al parecer, le dieron en 2009 y se habría extendido hasta 2011 o 2012, era “el apoyo que le iba a brindar en la presentación de personas el doctor Arias al doctor Luiz Bueno”.
En el supuesto contrato, Odebrecht le pagó $16 millones mensuales a Arias y, al parecer, se pagaron a través de la empresa Compañía Colombiana de Capitales (CAP). Según otros documentos filtrados en el hackeo de Guacamayas y conocidos por este diario, la Fiscalía ya tiene en su poder el documento, aparentemente fachada, que firmó esta empresa con la constructora brasileña. El monto pagado asciende a $197 millones. De hecho, fue uno de los contratos sobre los que alertó la auditoría de Price Waterhouse Cooper, la firma que en 2016, tras estallar el escándalo de sobornos, revisó en retrospectiva la contabilidad de la constructora desde que llegó a Colombia.
Además de Arocha, el exsenador Otto Bula y el exministro Gabriel García Morales le han contado a la Fiscalía que Arias recibió pagos por su apoyo cuando Luiz Bueno aterrizó en el país con el propósito de quedarse con millonarios contratos de infraestructura. Eran tiempos en que las vías 4G estaban de moda y el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez abrió la licitación para encontrar al constructor que se hiciera cargo de un ambicioso proyecto: conectar la costa Caribe con el centro del país a través de lo que ahora se conoce como la Ruta del Sol. Aunque Odebrecht había participado en otros negocios, ninguno era tan jugoso.
El ganador de ese proceso licitatorio se conoció en 2009 y fue el consorcio Ruta del Sol, conformado mayoritariamente por Odebrecht y, con un porcentaje menor, por el Grupo Aval y Css Constructores. Bula y García Morales, condenados por haber recibido sobornos, le han dicho a la Fiscalía que Andrés Felipe Arias ya no era ministro cuando se entregó el negocio, pero sí recibía una especie de sueldo de la multinacional. Además de Arias, aclaró Yesid Arocha, Bueno también le habría entregado dinero por esas presentaciones a Juan David Ortega, su exsecretario privado. Al parecer, la constructora lo contrató entre 2010 y 2012, por recomendación de Arias.
García Morales y Bula se embarcaron en un proceso de negociación con la Fiscalía. A cambio de declaraciones y testificar en contra de personas relacionadas en el escándalo, ambos podrían recibir beneficios. Fue así cómo, bajo la gravedad del juramento, el exsenador agregó a su testimonio que Federico Gaviria, empresario también condenado por haber recibido una coima, le contó que Odebrecht le ayudaba con un sueldo a Arias, era un hombre cercano a la multinacional y esta firma le daba una gratificación. Lo cierto, explicó Bula, es que Arias era muy amigo de Federico Gaviria, “creo que del colegio”, puntualizó.
Como los presuntos pagos al exministro de Agricultura ocurrieron cuando ya no tenía fuero de funcionario público, la pesquisas en su contra nunca pasó por la Corte Suprema de Justicia y siempre ha estado en cabeza de la Fiscalía. Ni la administración de Néstor Humberto Martínez ni la de Francisco Barbosa han tenido mayores avances en esta línea de investigación. Sin embargo, desde hace meses, agentes del FBI y otras autoridades de Estados Unidos han estado husmeando en los expedientes de Odebrecht para establecer qué dejó de investigar el búnker, que ha estado inmerso en otro escándalo por cuenta de la cercanía que nunca declaró Néstor Humberto Martínez con el caso.
Solo a finales de 2018, dos años después de que estallara el escándalo, se supo que Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria —una especie de auditor de los contratos—, le contó en reuniones personales que había algo que no marchaba bien con Odebrecht. Aunque Martínez siempre se defendió diciendo que en ese momento no era para nada claro que lo que sucedía era un entramado de corrupción, lo cierto es que las alertas siempre estuvieron encendidas y él nunca explicó, ni cuando anunció las primeras decisiones del caso, que sabía desde hacía años que algo andaba mal con la multinacional. “Esos son sobornos, hp”, le dijo en su momento Martínez a Pizano.
De acuerdo con El Tiempo, uno de los expedientes que ya ha estado estudiando el FBI es, precisamente, el de Andrés Felipe Arias y los presuntos pagos que recibió de Odebrecht. Él, por su parte, siempre ha dicho que nunca fue lobista de Odebrecht y, en abril de este año, confirmó que la Fiscalía no tenía ningún proceso en su contra por esos hechos. La diligencia que practicó la fiscal Calle es solo una de una lista de acercamientos que ha hecho esta administración con peces gordos de la multinacional, pese a que en julio pasado confirmó que no había firmado ningún principio de oportunidad a cambio de beneficios a favor de los exdirectivos.
El hackeo a los correos de la Fiscalía comprueba que desde la cúpula de Odebrecht han confirmado que Arias recibió dinero por orden de Luiz Bueno. El problema ahora podría ser político: Andrés Felipe Arias sigue siendo una pieza de fuertísimas conexiones con el Centro Democrático, cuyo máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está inmerso en un proceso judicial por hechos totalmente distintos. Desde hace meses, el ente investigador de Barbosa se ha empeñado en que se debe cerrar ese caso, bajo una lluvia de críticas por un supuesto favorecimiento al investigado por los vínculos de esta administración de la Fiscalía con el uribismo.
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