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Según datos públicos, de los procesos penales en los que hubo algún tipo de decisión en 2021, en el 77% de los casos se trató de archivos. Es decir, más de tres cuartas partes de los expedientes, terminaron cerrados por decisión unilateral de los fiscales a cargo. Esa fue la suerte que corrieron una serie de denuncias contra personas o bien cercanas al fiscal Francisco Barbosa, o a su amigo personal y quien lo nominó al cargo, el expresidente Iván Duque. Aunque la Fiscalía solo notifica de estas decisiones al denunciante y al denunciado, los documentos quedaron al descubierto en el hackeo del grupo Guacamaya a los sistemas del búnker.
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Las decisiones de archivo reciben constantes críticas de abogados penalistas porque no necesitan el visto bueno de un juez y en muchos casos la labor investigativa de los fiscales es mínima, o nula. Así ocurrió en procesos que han archivado en el último año buena parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema en contra de dos exministras del gobierno Duque, gobernadores del Centro Democrático, el excontralor, y hasta altos funcionarios de la propia Fiscalía. Este es un resumen de algunos casos que involucran a personajes de alto perfil y que terminaron silenciosamente archivados.
Exministras de Duque
Con miles de contagios y escasas medidas, la gestión de la pandemia del COVID-19 en las cárceles es un lunar gigantesco en el paso de Margarita Cabello por el Ministerio de Justicia, cargo que ocupó antes de ser ternada para la Procuraduría. De hecho, le valió una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo y lesiones personales, expediente al que también fue vinculado el general Norberto Mujica, exdirector del Inpec. El fiscal del caso citó al denunciante a una ampliación de denuncia donde le preguntó por más información sobre la negligencia de Cabello y Jaimes, pero terminó por archivar el caso. Según el fiscal, corresponde a los jueces determinar quién puede salir de prisión.
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También salió bien librada en la Fiscalía María Victoria Angulo, exministra de Educación. El Tribunal Administrativo de Tolima había pedido investigarla por prevaricato, pues el Ministerio de Educación nunca contestó una demanda en la que la entidad terminó condenada. Al estudiar el caso, el fiscal determinó que Angulo había delegado la defensa jurídica en un funcionario, con lo cual la exfuncionaria nunca omitió sus deberes. Además de estas decisiones, el caso contra el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por posible corrupción con la emisión de bonos de agua quedó en manos de un fiscal ordinario, donde ha avanzado poco.
El contralor Córdoba
Una denuncia contra el excontralor Carlos Felipe Córdoba, amigo personal del fiscal Barbosa, también resultó archivada este año. El escrito, con “ausencia de claridad”, según la orden de archivo, aseguraba que Córdoba habría favorecido en una auditoría a personas involucradas en la debacle de la planta de Bioenergy en Puerto López (Meta). La labor investigativa del fiscal se limitó a buscar al denunciante, pero no tuvo suerte, con lo cual determinó que la denuncia fue puesta de manera anónima. Así las cosas, sin otra verificación, determinó que la denuncia no podía ser investigada a fondo ya que estaba llena de acusaciones “abstractas, genéricas, lacónicas e imprecisas”.
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Los gobernadores
Como contó previamente este diario, la filtración de Guacamaya muestra que hay 60 expedientes priorizados contra algunos gobernadores. Y el propio Barbosa ha dicho que es el fiscal que más gobernadores ha metido presos. Ahora bien, también se han archivado investigaciones por corrupción contra otros, mucho más cercanos al gobierno Duque y al uribismo. Tal es el caso del hoy senador Alirio Barrera y su sucesor en la Gobernación de Casanare, Salomón Sanabria, caras cada vez más visibles del Centro Democrático.
Alirio Barrera fue denunciado por un contrato para la educación inclusiva de niños con discapacidad que se habría adjudicado a dedo. En mayo de este año, el fiscal a cargo archivó el caso porque “no se advierte que existan irregularidades sustanciales que afecten la transparencia”. Sin embargo, en otra serie de comunicaciones filtradas con el hackeo se observa que este proceso hace parte de una denuncia que involucraba a otros funcionarios, como la exministra de Educación Yaneth Giha y exgobernadores como Camilo Romero, Carlos Amaya, Dilian Francisca Toro, Carlos Julio González Villa, entre otros, muchos de los cuales continúan siendo investigados.
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Salomón Sanabria, por otro lado, fue denunciado por posibles sobrecostos en un contrato para la entrega de mercados durante la pandemia del COVID-19. El fiscal del caso, sin embargo, se limitó a verificar si el contrato lo había firmado el gobernador directamente o alguien que seguía sus órdenes. Al ver que lo firmó el director de Gestión de Desastres de la Gobernación, decidió archivar el proceso. “Salomón Sanabria, en su condición de Gobernador de Casanare no tenía competencia ni actuó dentro del trámite precontractual y contractual llevado a cabo para la celebración del negocio jurídico”, dice la decisión.
Los directivos del búnker
Al propio jefe de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, le archivaron una denuncia en marzo de este año. Resulta que desde enero de 2021, un ciudadano de Arauca le había advertido formalmente de los presuntos vínculos de los exgobernadores de ese departamento, José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado, con el Eln. En ese momento, Jaimes inadmitió las denuncias. Pero meses más tarde, la Fiscalía capturó a ambos políticos y actualmente los procesa por esas mismas razones. Para el denunciante, Jaimes incurrió en prevaricato. Pero para el fiscal que lo investigaba, que además es su subordinado, el denunciante no había incluido información suficiente.
Finalmente, la Fiscalía también le archivó un proceso al exdirector seccional de Magdalena, Vicente Guzmán. El gobernador de ese departamento, Carlos Caicedo, pidió que fuera investigado por participación en política, luego de que Guzmán publicara en sus estados de Whatsapp contenidos que parecían probar una “animadversión” hacia Caicedo, según sus palabras, que explicaban una supuesta persecución judicial en su contra. El fiscal a cargo entrevistó a una serie de funcionarios que seguían las órdenes de Guzmán, quienes aseguraron que nunca recibieron presiones y que la publicación de esos contenidos podría deberse a que “no era ágil en el manejo de los sistemas”.
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