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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido dos grandes informes de manos de la Procuraduría sobre los procesos disciplinarios que este organismo ha llevado a cabo por ocasión del conflicto. El primero se lo entregó el Ministerio Público el 11 de diciembre de 2018, en el cual se contó que entre 2006 y enero de 2018 se abrieron 1.588 casos de esta naturaleza. De esos, 220 estaban finalizados con fallos absolutorios o sancionatorios, lo que resultó en sanciones para 286 militares y 4 integrantes de la Armada por su responsabilidad en “graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
El pasado lunes 30 de septiembre fue el turno de entregar el segundo informe, que abarcó un periodo mucho más amplio: procesos disciplinarios concluidos desde 1990 hasta el 31 de enero de 2005. El trabajo implicó una revisión de 1.306 expedientes físicos y 8.194 registros en las bases de datos de la Procuraduría, que dio como resultado el hallazgo de 593 procesos relacionados con el conflicto. “Este ejercicio constituye un enorme esfuerzo, con el objeto de brindar insumos a la JEP para construir la memoria histórica como elemento indispensable y estructural de escenarios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, le dice la Procuraduría a la JEP.
El documento de 80 páginas explica un contexto importante a tener en cuenta. Señala que de 1990 a 2005 surgió la nueva Constitución, tanto los grupos guerrilleros como paramilitares se expandieron y, en concreto, estos años “se caracterizaron por ser un periodo en el que la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización”, afirma el organismo, con base en informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fue una época en que la violencia guerrillera se recrudeció y en que las Convivir pasaron abiertamente a la ilegalidad. Todo, en paralelo con la bonanza del narcotráfico. Eran tiempos aciagos.
Asesinatos. Masacres. Procesos de paz fallidos –entiéndase, El Caguán–. La mayor ofensiva política, militar y jurídica que se hubiera visto contra las Farc. Los paramilitares dejaron las armas. Nació la Ley de Justicia y Paz. Se descubrió la perversa prática de los falsos positivos. Fue una época, sin duda, difícil. Además, dice la Procuraduría, “uno de los actos violatorios de Derechos Humanos que fue perpetrado durante el conflicto armado y sobre el cual este informe quiere fijar su atención, sobretodo de cara a implementar medidas de no repetición, es la violencia sexual, una conducta cometida (…) en gran medida como dinámica del conflicto armado interno”.
Los 593 procesos que halló la Procuraduría en relación con el conflicto, dice el informe, se refieren a 619 hechos victimizantes en total, que habrían sido ejecutados entre 1985 y 2005 (se menciona un hecho ocurrido en 1946 que terminó en prescripción, pero no se dan detalles). Con un dato adicional importante: “La mayor cantidad de hechos victimizantes ocurrieron en zonas alejadas de capitales departamentales y de ciudades intermedias. En muchos casos en veredas y corregimientos de estos”. Confirmando, así, lo que siempre se ha sabido: con excepciones claras y escasas como la bomba al Club El Nogal en 2003, Bogotá no ha sido el escenario de la guerra que ha vivido el país.
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El reporte incluye varias cifras que son significativas. Para empezar, que del total de procesos con los que trabajó, el 90 % fueron archivados, la mitad de ellos por falta de pruebas suficientes, y solo 33 casos terminaron en sanciones contra los investigados: 46 eran integrantes del Ejército (incluidos dos generales), 17 de la Policía, 11 del DAS y 4 de la Armada. Las víctimas, en cambio, fueron 3.573, de las cuales el 87 % eran hombres y, un tercio, integrantes de partidos políticos (1.389). La mayoría de los afectados se encontraban, al momento de los hechos, en el rango de los 21 a los 40 años de edad, es decir, en el periodo más productivo de la vida de un ser humano.
Patrones de faltas graves La Procuraduría estableció tres patrones. El primero es abuso de autoridad por parte de servidores públicos, el cual se relaciona con 315 hechos victimizantes. “Existe una recurrencia a menciones sobre abusos de autoridad de miembros del Ejército y de la Policía como: aprovechamiento de su papel de autoridad dentro de la población para retener documentos de identidad a civiles, hacer allanamientos a viviendas o lugares de trabajo sin una orden judicial y/o, llevar a cabo detenciones ilegales”, Lo más grave, advierte el reporte, es que “en el marco de estas detenciones se encontraron denuncias que relacionan amenazas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas”.
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El segundo patrón es “apoyo, impulso o connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares”. Reza el informe que “en muchas otras denuncias se encontró que miembros de estas fuerzas eran apoyados por integrantes de grupos paramilitares y viceversa. En estas denuncias, se hace especial énfasis en esta relación, principalmente en zonas donde también existía la presencia de grupos guerrilleros”. Denuncias conocidas por el Ministerio Público concuerdan, por ejemplo, en episodios en los que policías o militares se presentaban ante la población civil acompañados de civiles o de hombres uniformados que no pertenecían a ninguna de esas dos instituciones.
“Un ejemplo en las denuncias de estas señaladas alianzas queda evidenciado en muchos de los relatos que evidencian que los hechos sucedieron durante retenes de la Policía o el Ejército, donde se subían miembros de estas instituciones a los vehículos, o, en otros casos, eran civiles o uniformados, que se identificaban como paramilitares y eran los que retenían a las personas que ellos indicaban”. En menor proporción, también se denunció por esta conducta a miembros de la Armada, de las unidades antisecuestro, del DAS y hasta de la Fiscalía. Aunque el tema, bien advierte el Ministerio Público, no se limitaba a los miembros de la Fuerza Pública.
“Personas con cargos de elección popular también se vieron relacionados con grupos paramilitares, según los hechos denunciados en los expedientes. Los casos más mencionados son los de alcaldes, donde describen que existía un apoyo de estos en la búsqueda de información sobre la guerrilla”, le dijo la Procuraduría a la JEP. En menor medida, pero lo mismo hicieron gobernadores, concejales, personeros, incluso ministros. “En estas situaciones se presentaba desde la omisión del deber de proteger a la población civil o de trasladar sus denuncias a las autoridades competentes, hasta la realización de reuniones con élites políticas y económicas con grupos paramilitares”.
El último patrón determinado por el Ministerio Público fue el de “violencia y estigmatización en la búsqueda y persecución de grupos guerrilleros por parte de servidores públicos”, el cual, dice el organismo, está “estrechamente relacionado con el anterior”. Según la Procuraduría, miembros de la Fuerza Pública fueron denunciados reiteradamente por acusar sin fundamentos a personas de las comunidades de pertenecer a la guerrilla. Detenían a civiles, a los que terminaban amenazando y torturando, para conseguir información sobre campamentos, militantes o caletas de armas. “Estos hechos según las denuncias, traj(eron) desenlaces violentos para la población civil”.
“Otra constante que se identificó en los expedientes fue la denuncia de torturas y asesinato de personas, generalmente hombres, a los que se les vestía con prendas de uso de las guerrillas para pretender que fueron muertos en combate (…) este engaño era evidente para la población. En algunos casos las personas fueron torturadas y posteriormente asesinadas”, resalta el Ministerio Público, en clara referencia a los falsos positivos. Con base en información de la Corte Penal Internacional, la Procuraduría afirma que “los asesinatos estuvieron a veces precedidos por detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos”.
Finalmente, sobre el tema de violencia sexual, la Procuraduría revela un dato estremecedor: de los 31 hechos de violencia de género que encontró “fue posible identificar un patrón de tortura y amenaza, perpetuado por el Ejército y la Policía contra las mujeres”. Ese patrón, indica el organismo disciplinario, consistía en que funcionarios del Estado recurrieran a la violencia sexual “como método de tortura”, pues las mujeres, durante interrogatorios, fueron “desnudadas forzosamente y amarradas”. En otras ocasiones, en inspecciones a casas, se supo que servidores públicos abusaron de menores de edad presentes en las diligencias.
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En resumen, la Procuraduría entregó dos informes a la JEP que hablan de 2.181 procesos disciplinarios que se concluyeron entre 1990 y 2018, y de los cuales derivaron 299 sanciones. La información de este ente de control dejó ver que, en ese periodo, Antioquia, Meta, Tolima, Arauca y Bolívar fueron los departamentos en los que más se cometieron hechos victimizantes por parte de agentes del Estado. “Debe destacarse que la presentación de este informe es la manifestación del interés y el compromiso de la PGN de construir memoria y aportar a la consolidación de la paz”, dice la Procuraduría, al tiempo que aclara que enviará cualquier documento adicional que la JEP requiera.
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