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Los hermanos Sara Luz Jiménez y Carlos Ernesto Jiménez fueron enviados a la cárcel luego de ser capturados el pasado jueves. Son señalados como parte de la organización que compraba sufragios para que Aída Merlano llegara al Congreso de la República. De acuerdo con la Fiscalía, Sara Luz era la persona que, al parecer, tenía contactos en la Registraduría Nacional para obtener las bases de datos de los votantes previo a la jornada electoral del pasado 11 de marzo.
En el caso del abogado Carlos Ernesto Jiménez, el fiscal delegado explicó que su función era ocultar aquellas pruebas, documentos y evidencias, que comprometieran a los miembros de la organización ante las autoridades. Según se reveló en la audiencia de imputación de cargos de los hermanos, la “organización criminal” se originó en los comicios de 2015 y la conformó Merlano, en compañía de Sara Luz Jiménez, Carolina Díaz, Kevin Sarmiento, entre otros particulares. Del mismo modo, el fiscal delegado afirmó que reconocidos políticos de la región, como Margarita Ballén, Rubén Zamora, Aissar Castro y Lilibeth Llinás, entre otros, también participaron en la mencionada organización que se dedicaba a la compra de votos.
(En contexto: Así habría sido la ayuda de funcionarios de la Registraduría en la campaña de Aída Merlano)
La Fiscalía explicó que la organización trascendió y llegó a la jornada electoral de este año, en la que Merlano salió elegida con más de 73.000 votos. Esa estructura, según la investigación, guardaba desde los comicios de 2015 material de votación, computadores con información sensible, dineros para la presunta compra de votantes, letras de cambio, y más actualmente los mecanismos que la congresista habría utilizado para verificar quiénes votaban a su favor.
El pasado 11 de marzo agentes de la Sijín y el CTI de la Fiscalía encontraron en la sede de campaña de Aída Merlano $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales, además de cuatro armas de fuego. Luego de esos hallazgos, el pasado 13 de marzo la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que abriera investigación en contra de Merlano.
(Más información: Hermanos investigados por el caso de Aída Merlano no aceptaron cargos)
De igual modo, la Procuraduría General radicó este viernes en el Consejo de Estado una demanda de investidura en contra de la representante a la Cámara y electa senadora, Aída Merlano. La congresista está detenida en la cárcel El Buen Pastor porque la Corte Suprema de Justicia encontró evidencias que comprometerían a la congresista con conductas contra la libertad de los ciudadanos de elegir en épocas electorales. Por eso, ante el alto tribunal, es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir.
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