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Desde que el entonces presidente Juan Manuel Santos inauguró Hidrosogamoso, en enero de 2015, en Santander —en su momento la represa más grande del país—, se han conocido diversas inconformidades de habitantes de los nueve municipios que alcanza a tocar el proyecto. Líderes de la región empezaron a indagar lo que a sus ojos son irregularidades, tanto en la construcción como en el manejo ambiental dado a la represa por parte de Isagén, empresa a cargo de la explotación energética allí. A cuatro años de la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, ya hay denuncias ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que le pongan lupa al tema.
La hidroeléctrica que opera Isagén cubre 7.000 hectáreas de los municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, San Vicente de Chucurí, Lebrija, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barrancabermeja. Encontrarla en un mapa es sencillo: basta con trazar una línea recta entre la capital del departamento, Bucaramanga, y la capital petrolera del país y casi en el medio, sobre el río Sogamoso, se encuentra la represa. Allí, dicen los habitantes, cambió el clima, se han perdido especies de peces que antes abundaban y, según denuncian, Isagén en asocio con políticos regionales ha tomado decisiones sin consultarles.
Según denuncian habitantes del sector, perdieron el acceso que tenían al río, pues Isagén puso cercas que no pueden traspasar y les dejaron unos puntos de entrada determinados; hay un CAI fluvial que velará por la seguridad en la zona que no ha podido comenzar funciones, aunque la Gobernación anunció que empezaría a operar en diciembre del año pasado; y, además, hay un plan para explotar el turismo en el embalse, pero, dicen, no han incluido a las familias de pescadores asentadas allí. En diálogo con El Espectador, Humberto Patarroyo, líder de la zona, resumió así la situación: “A las familias nos cambiaron la vocación”.
El turismo, por ahora, está en veremos, pues Isagén pidió este año a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) una modificación en su licencia para hacer realidad los planes de la Gobernación. Y en ese trámite todavía no hay humo blanco. El proyecto incluye un muelle público con mirador, así como un complejo turístico —que tendrá hasta hotel y teleférico—, que sería construido en asocio con Comfenalco. A esta última empresa se le señala, en una denuncia ante la Fiscalía que conoció este diario, de acceder al contrato con información privilegiada, pues acompañó a Isagén en una fase de construcción de la represa.
En un reporte de la ANLA de abril de este año, sobre el manejo ambiental de la represa, la entidad regañó a Isagén, le advirtió sobre una serie de irregularidades que podrían traerle sanciones y le exigió que sus ideas construyan “visiones de desarrollo conjuntas” con las comunidades. Consultada por este diario, la empresa aseguró que, precisamente, con el fin de atender las órdenes de la ANLA es que han pedido modificar su licencia “para complementar las actividades de generación de energía con iniciativas locales que sean compatibles con el medio ambiente (…) en sintonía con lo dispuesto por las autoridades locales y no es cierto que se busque beneficiar a un grupo empresarial”.
Otro de los denunciados, según conoció este diario, es el secretario de Desarrollo de Santander, Samuel Prada. El funcionario fundó Corsogamoso en 2011, una organización sin ánimo de lucro que busca “construir, fomentar y desarrollar los valores culturales, turísticos y empresariales en la zona de influencia de Hidrosogamoso”, según se lee en el registro mercantil, que sería dueña del bote en el que va a funcionar el CAI fluvial. Y su padre, Alberto Prada, es dueño de dos predios inundados con la construcción de la represa (las fincas La Lajita y Las Vegas). Las autoridades indagan un posible conflicto de intereses, si desde su oficina tomó decisiones sobre el manejo de la represa.
“Se construyó la represa y esa construcción inundó parte de los predios de mi padre. Ese es todo mi pecado”, le dijo a este diario el secretario Prada, quien además agregó que sus treinta años de funcionario no guardan relación con las propiedades de su padre. Con respecto a su vínculo con Corsogamoso, empresa que tiene por su constitución intereses sobre el embalse, admite que la fundó y dice que les brindó asesoría, pero que ya no está vinculado. “La gente finalmente tiene es envidia. Ahora que se hizo una joda que nada tiene que ver conmigo, le quieren sacar los ojos a mi pobre padre”, dijo Prada, tras señalar que ha sido cuestionado en varias ocasiones por estos hechos.
Prada incluso se declaró impedido para conocer cualquier asunto relacionado con Hidrosogamoso. A través de un oficio dirigido a su jefe directo el 28 de febrero de 2017, el gobernador Didier Tavera, le dio a conocer sobre las propiedades de su padre y le pidió que nombrara a alguien más de la Secretaría para que esté al frente de estos temas. Por su parte, Patarroyo le dijo a este diario que fueron los habitantes del sector los que le pidieron a Prada que se declarara impedido, pues dice que estuvo presente en varias reuniones antes de enviarle la misiva al gobernador Tavera y que fue allí donde le reclamaron por el supuesto conflicto de intereses.
Patarroyo, líder de la zona, también cuestionó la actitud del gobernador Tavera en el asunto, pues dice que le han enviado por lo menos cinco derechos de petición para que se haga presente en la región y no ha sido posible. En las denuncias que conoció este diario, radicadas este año en la Fiscalía, también se pide que lo investiguen penalmente a él y a funcionarios de Isagén, Comfenalco y a los socios de Prada en Corsogamoso, por todo esto. Además, dicen las denuncias, habría una “estrategia de estigmatización” de los involucrados en estos hechos para intentar criminalizar las acciones de los líderes sociales que le han hecho seguimiento al caso.
Aunque los soportes de estas denuncias reposan en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y hasta en la Defensoría del Pueblo, los líderes de la zona lamentan que no ha habido respuestas concretas, sino apenas promesas vacías. Según Patarroyo, la falta de interés de los organismos del Estado demuestra que “en Santander los entes de control son ciegos, sordos y mudos”.
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