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José Jaime Uscátegui comenzará una vigilia permanente frente a las instalaciones de la OEA en la ciudad de Bogotá, con el propósito de implorar la protección efectiva e inmediata de sus derechos y ante la falta de respuesta de la CIDH frente a la petición de revisar las presuntas irregularidades en el caso de su padre, el general Jaime Humberto Uscátegui, oficial retirado que purga una sentencia de 37 años de prisión tras haber sido hallado culpable de la masacre de Mapiripán (Meta).
“Debido a los atropellos de la justicia colombiana durante 15 años y al silencio que lamentablemente ha tenido la CIDH frente a mi petición durante 11 años, he resuelto hacer una vigilia permanente al frente de la oficina de la OEA. Empiezo mañana (miércoles) hacia las 10 am., después de radicar una carta. Estaré ahí hasta recibir una respuesta”, manifiesta José Jaime Uscátegui en una carta enviada a ese organismo internacional.
Finalmente señala que es urgente la revisión de la condena del general Uscátegui, debido a que el proceso judicial presenta serias irregularidades que involucran a falsas víctimas, falsos testigos y falsas pruebas. “Todo ha estado orientado a culpar a mi padre por una supuesta omisión, mientras los verdaderos responsables de la masacre no han sido sancionados”, agrega. (Lea: Corte, dividida por condena al general (r) Uscátegui)
La condena al general
Según la Fiscalía, el general Uscátegui, el 17 de julio de 1997 obtuvo información en detalle proveniente de un subalterno suyo, según la cual un grupo de paramilitares había llegado a Mapiripán con la intención de cometer una masacre.
El ente acusador sostuvo que el general «no habría realizado ninguna acción positiva contando con los medios y el deber jurídico de hacerlo, en su calidad de comandante de la VII Brigada, dejando a los habitantes de Mapiripán a merced de un grupo de autodefensas ilegales».
Esos hombres armados, que hacían parte de las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá llegaron a Mapiripán, y asesinaron al menos a 39 personas. Un número hasta hoy desconocido de víctimas fue arrojado al río Guaviare, por los mismo homicidas.
En octubre pasado de 2009, un juzgado de Villavicencio condenó al suboficial retirado del Ejército Leonardo Montoya Rubiano, a Francisco Enrique Gómez Vergaño y Arnoldo Vergara Trespalacios, alias «Mochacabezas», por su participación en esa misma masacre.
Los tres acusados fueron encontrados culpables del delito de homicidio agravado y secuestro extorsivo agravado, y Gómez Vergaño como Vergara Trespalacios también fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.
Por estos mismos hechos ya habían sido condenados también a 40 años de prisión el coronel retirado del Ejército Lino Hernando Sánchez Prado, y los suboficiales retirados José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo.
Así mismo, a este proceso judicial se encuentra vinculado el jefe desmovilizado de las Autodefensas Salvatore Mancuso, pues los paramilitares con la colaboración de miembros del Ejército habrían realizado la masacre.
El general Uscátegui durante todo el proceso alegó que Mapiripán no estaba en su jurisdicción y que, por ello no hubo omisión.
Es recordada la escena de enero de 2005 en la que el mismo juez, que este miércoles lo exoneró, le preguntó a general retirado si conocía el nombre del paramilitar que había ordenado la masacre y éste con lágrimas en los ojos le contesto que «prefiero que mis hijos tengan un padre preso y no un padre en una tumba», para evitar las retaliaciones de Salvatore Mancuso, acogido a la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso, en sus indagatorias aceptó la planeación de la masacre y dijo que recibió colaboración del coronel del Ejército Lino Sánchez, quien ya recibió una condena de 40 años, pero nunca no mencionó a Uscátegui.
El 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano como responsable por la masacre, al determinar que servidores estatales y particulares coordinaron las acciones que producirían la matanza.