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De rectora universitaria que se codeaba en los círculos sociales más prestantes de Barranquilla a juicio por una supuesta conspiración con paramilitares para matar a uno de sus rivales: esa es una de las tantas aristas del novelón judicial que enreda a Silvia Gette Ponce, quien ya está condenada por un autopréstamo de US$1 millón que se hizo mientras estuvo a la cabeza de la Universidad Autónoma del Caribe, pero tiene pendientes otros procesos. Uno por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, que le acaban de revivir; y otro por un supuesto carrusel que creó para adjudicarse los contratos más jugosos de la institución que dirigía, que no se ha movido en la Fiscalía.
El crimen de Cepeda
El 22 de agosto de 2003 el ganadero Fernando Cepeda, con amplia influencia en el Caribe por sus fincas en Sabanalarga, fue asesinado de un tiro en la cabeza en Barranquilla. La justicia no ha podido esclarecer del todo homicidio, pero sí tiene claras tres cosas: que quien jaló el gatillo seguía órdenes del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas; que para que esa estructura se involucrara en un crimen así tendría que haberlo ordenado el comandante del frente, y que varios exparamilitares le han contado a Justicia y Paz que al ganadero lo mandó a asesinar una mujer, quien además habría una gran suma de dinero por el homicidio.
Estas certezas están plasmadas en la resolución con la que la Fiscalía decidió reabrirle el proceso por este crimen a Gette, documento que conoció en su integridad El Espectador. Y es que la exrectora, quien asumió las riendas de la universidad tras la muerte de su esposo, el exmagistrado Mario Ceballos, fue investigada por años luego de que exparamilitares le dijeran a Justicia y Paz que la mujer que ordenó el crimen de Cepeda fue Gette. Sin embargo, desde 2017, la Fiscalía le archivó el proceso “porque no se recaudó prueba con la contundencia y entidad suficientes para acusar a alguna de las procesadas como determinadora del homicidio”.
La Procuraduría apeló esa determinación, pues consideraba que existían indicios suficientes para llevar a Gette a juicio, y la fiscal 40 delegada ante el Tribunal de Bogotá, Esperanza Peña, le dio la razón apenas este año. La funcionaria tuvo en cuenta una serie de irregularidades que ha habido en el proceso, como que Gette fue condenada por ofrecerle $250 millones a uno de los principales testigos en su contra, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, excomandante del frente José Pablo Díaz de las Auc, para que cambiara su versión. Ese proceso judicial llegó, incluso, hasta la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en 2018 que la condena estaba ajustada a derecho.
En la misma línea, la fiscal advirtió que la funcionaria del CTI que investigaba el asesinato, Martha Pinilla, fue condenada en 2019 por ofrecer sobornos a exparamilitares para que hablaran en favor de Gette. Así, aunque en 2017 la Fiscalía consideró que las pruebas del caso eran confusas, este año el ente investigador rebatió su propio argumento, pues concluyó que el expediente era así por las acciones mismas de Gette. “La duda propuesta como soporte de la decisión preclusiva a favor de la procesada Gette Ponce constituye el producto de ilícitas conductas destinadas a afectar la prueba de cargo esgrimida en su contra”, reza el documento.
Según ha contado Don Antonio, la muerte de Cepeda se fraguó en una reunión en Barranquilla a la que acudió uno de sus hombres, Pedro Soler, alias Aguas; otros paramilitares; Juan Carlos Rada Padilla, entonces jefe de seguridad de la Universidad Autónoma; y la mujer que habría prometido la cuantiosa suma. Don Antonio ha dicho que él no asistió a ese encuentro, pero que le han dicho que esa mujer sería Gette. En 2012, sin embargo, Rafael Julio, otro hombre del Bloque Norte, le dijo a la justicia que el asesinato fue un encargo de María Paulina Ceb
allos, esposa de Fernando Cepeda e hija del exrector Ceballos.
Luego del cambio de versión de uno de sus hombres, la Fiscalía le abrió un proceso a Don Antonio por falso testimonio. La última declaración que falta en el juicio es la del propio exparamilitar, programada para el próximo 18 de junio, y, el ente investigador insiste en que el exjefe de las Auc mintió. En el proceso contra Gette, sin embargo, la misma Fiscalía tiene una posición opuesta: “Procede apreciar como creíbles las declaraciones que alias Don Antonio ha efectuado y con las que señala como determinadora del delito a la procesada Gette Ponce, pues no solamente no han sido desvirtuadas por ninguno de los desmovilizados, sino que han sido avaladas con la conducta desplegada por la sindicada”.
En su defensa, Gette interpuso una tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con la que busca tumbar esta reapertura de la investigación. Según el recurso, que conoció El Espectador, la Procuraduría no tenía “interés jurídico” para apelar la preclusión, pero además lo habría hecho por fuera de los tiempos que dictaba la ley. La exrectora asegura que el Ministerio Público actuó por presión mediática y que, de hecho, el procurador que estaba asignado inicialmente al caso también había pedido precluir la investigación en su contra. Por ende, pide que se proteja su derecho al debido proceso y se deje sin efectos la decisión de la fiscal Peña.
Mientras tanto, el documento de reapertura de la investigación contra Gette deja muchas preguntas sobre otro de los protagonistas de esta historia: el entonces jefe de seguridad de la Universidad Autónoma, Juan Carlos Rada Padilla. El hombre fue condenado en 2006 por sus vínculos con el frente José Pablo Díaz, pues a través de su empresa de seguridad ASIS Ltda. carnetizó a paramilitares para camuflarlos como guardias privados. Desde los comienzos de la investigación se ha hablado de su posible responsabilidad en la reunión en que se fraguó el crimen de Cepeda, y aunque la Fiscalía lo citó a indagatoria en enero de 2013, al parecer no asistió y todo indica que está en Argentina en libertad.
El hombre en Argentina
En su decisión de reabrir la investigación contra Gette, la Fiscalía habla de la relevancia de Rada Pinilla en el crimen y sostiene que él habría sido el “intermediario” de la exrectora con los paramilitares, pues las supuestas colaboraciones de la universidad con Jorge 40 se habrían gestionado a través de él. Incluso, en el documento se lee que fue Gette quien habló de sus vínculos con Rada en indagatoria: mencionó su nombre y dijo que, luego de que el hombre saliera de la cárcel tras purgar su condena por nexos con paramilitares, fue a visitarla. Sin embargo, según anota el documento de 2017 en el que la fiscal de entonces archivó el proceso a Gette, Rada Padilla
“no ha podido ser ubicado”.
Hasta donde este diario pudo establecer, el último paradero de Rada Padilla fue Argentina. Dos fuentes cercanas al proceso manifestaron que el hombre está en el país natal de Gette, supuestamente, administrando los bienes que la exrectora tiene allí mientras ella purga su condena por un autopréstamo de US$1 millón, en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla. Entre las pruebas de la posible presencia en Argentina de quien sería la mano derecha de Gette hay una Clave Única de Identificación Tributaria ―equivalente al RUT colombiano― tque iene registro de un extranjero con el mismo nombre y apellidos, con residencia en Buenos Aires.
Concretamente, el Juan Carlos Rada Padilla de los registros argentinos tiene como domicilio la localidad Del Viso y tiene una deuda con el fisco de Buenos Aires por más de 10.000 pesos argentinos (unos $5 millones colombianos). Además, no especifica a qué se dedica en concreto en ese país, pues su actividad económica está registrada como “servicios personales”, un código tributario para personas que se dedican a labores que pueden ir desde el espiritismo y la astrología hasta ser lustrabotas o acomodadores de autos. Por su parte, la actividad económica de la exrectora en Argentina está registrada como “servicios inmobiliarios”.
Al parecer, a través de Rada Padilla, la exrectora ha venido haciendo movimientos con sus bienes para garantizarse ingresos en el país austral e iliquidarse en Colombia. ¿La razón? Desde 2016, la Superintendencia de Sociedades advirtió posibles malos manejos en su gestión en la universidad. El ente de control halló, por denuncias de los abogados de la institución, que Gette Ponce creaba necesidades en la universidad para luego constituir una empresa a la que ella misma le asignaba el contrato como rectora. “Lo anterior, al parecer, producto de la doble condición que aquella ostentaba; esto es, de una parte, controlante de las anteriores empresas y, de otra, con posiciones de dirección, decisión, mando y manejo en el citado ente educativo”, anotó la Supersociedades.
Por esto, desde hace cuatro años el ente de control comenzó una supervisión de las compañías Gette Ponce y Compañía, Getteavalos y Cía., Instituto de Lenguas del Caribe E.U., y Constructora Caribeña Ltda. Además, le pidió a la Fiscalía que abriera una investigación contra la exrectora y una docena de miembros directivos de la universidad, nombrados por ella, que le dieron el aval a estos contratos. No obstante, a la fecha ni los bienes de propiedad de la exrectora ni los de sus sociedades han sido sometidos a un proceso de extinción de dominio. Se estima que por estos convenios Gette se habría lucrado ilegalmente por cerca de $40.000 millones.
“Pese a lo anterior, no ha sido posible que la Fiscalía General emita pronunciamiento alguno sobre los bienes de propiedad de Gette, muchos de los cuales fueron adquiridos con dineros de la institución universitaria. Debe recordarse que uno de los pilares de la justicia es la reparación y como víctimas también estamos interesados en que se recuperen esos activos, que pueden beneficiar al ente universitario para una correcta prestación del servicio educativo”, señaló Daniel Largacha, abogado de la Universidad Autónoma del Caribe.
Otro de los procesos pendientes que tiene Gette lo lleva un juzgado de Barranquilla y está en su recta final. A la exrectora la acusó la Fiscalía del delito de abuso de confianza. En el juicio, un fiscal especializado contra el lavado de activos dijo que, entre 2008 y 2012, Gette Ponce se hizo autopréstamos por $1.075 millones para costear deudas y gastos personales bajo la aparente figura de préstamos. “Para pagar, entre otras, sus obligaciones tributarias y personales, así como los honorarios del abogado que la representó en un proceso”, dijo el fiscal. El juzgado a cargo del proceso lleva un año sin ponerle fecha a la audiencia en la que indicará si condena a Gette o la absuelve.
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