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Alejandro Moya Riveros es un filósofo y abogado colombiano de 36 años, egresado de la Universidad de los Andes. Aunque inició su carrera en la rama judicial del país, su trabajo dio un giro que lo llevó a colaborar, casi por azar, con la académica de Oxford, Philippa Webb y la abogada Amal Clooney, esposa del actor de Hollywood, George Clooney.
Ahora, están unidos en un proyecto que se adelanta en conjunto con el Instituto de Oxford, Microsoft y la Fundación Clooney. Moya ahora hace parte de un equipo de investigación dedicado a comprender el papel de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales en los modelos judiciales de distintos países, así como en el desarrollo de otras nuevas que, en algún momento, podrían aplicarse en Colombia.
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¿Cómo llegó a hacer parte del equipo y cuál es su rol?
Desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 estudié la maestría en Política Pública en Oxford. Mi supervisora académica, Philippa Webb, llegó con la idea de crear un instituto enfocado en la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia y me invitó a unirme. Fue una coincidencia afortunada, porque yo estaba buscando la manera de mejorar la justicia.
Soy uno de los investigadores asociados que tiene la particularidad de haber trabajado muchos años en la rama judicial, en mi caso, de Colombia, por lo que me llaman el especialista judicial. Eso significa que mi aporte al equipo es ofrecer la perspectiva del rol de juez.
¿Cómo surgió la idea de desarrollar esta investigación sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia?
Philippa Webb y la abogada y profesora Amal Clooney, esposa del actor de Hollywood George Clooney, escribieron el libro El derecho a un juicio justo en el derecho internacional, (The Right to a Fair Trial in International Law), que trata sobre el derecho a un juicio justo. Ambas se dieron cuenta de que muchas de las garantías que involucra ese derecho estaban en riesgo, porque varios países y jueces estaban empezando a inyectar tecnología en las cortes de una manera orgánica y desorganizada.
A partir de ello decidieron crear un instituto que se encargara de investigar la aplicación de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, en la justicia, para analizar cómo se sostienen las garantías que tanto tiempo ha tomado construir.
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¿Cómo garantizar que estas herramientas no sustituyan el juicio humano ni afecten el debido proceso?
Esto aún está en debate. La mayoría de las personas, tanto académicos como funcionarios judiciales, cree que la inteligencia artificial no debe reemplazar el juicio humano, porque consideran que no tiene empatía, no razona, no comprende el derecho; solo puede replicar patrones y seguir lógicas muy frías. También hay quienes piensan que, a medida que la inteligencia artificial se desarrolle, llegará el momento en que pueda reemplazar al juez, incluso en los casos más difíciles.
Nuestro instituto aún no ha tomado postura: estamos recopilando información de distintos países y construyendo lineamientos propios. Seguramente iremos por una línea de mucho cuidado, porque la justicia es una actividad de alto riesgo; si hay un error, las consecuencias pueden ser muy graves.
¿Cómo se puede aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia?
Hay cuatro formas. La primera es rechazarla, lo cual creo que es equivocado e imposible: no se puede tapar el sol con un dedo. La segunda es usarla como mecanismo de apoyo, es decir, al servicio de los jueces, para ayudarlos a investigar, resumir audiencias y redactar documentos. La tercera es dejar que nos reemplace por completo. Y la cuarta, es que la inteligencia artificial nos permita hacer cosas nuevas.
Hoy la justicia es muy poco humana: hay frustración en víctimas, victimarios y operadores. Si la inteligencia artificial asume parte de estas tareas, el juez podría enfocarse en humanizar el proceso: hablar con las personas, promover el diálogo, pensar en remedios adecuados y construir narrativas que sirvan a la sociedad.
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¿En qué fase está la investigación?
La investigación tiene varias líneas, como, por ejemplo, en la que yo trabajo y la que pensaría que es la más importante para Colombia, es la de avance en la justicia. Estamos en una etapa inicial, recopilando información sobre lo que se está haciendo en varios países. Toda esta información se reúne en un atlas, un mapa interactivo en línea que cualquier persona puede consultar.
La segunda etapa es la de producir conocimiento a partir de esa información: definir qué es recomendable y qué debe evitarse. Finalmente, se desarrollará un modelo tipo ChatGPT, en alianza con Microsoft, que se alimente únicamente del libro de Amal Clooney y Philippa Webb y que sirva a los jueces para aplicar los principios y derechos del juicio justo.
¿Cuál fue el criterio del instituto para incluir a Colombia entre los primeros 15 países analizados?
Seguimos dos criterios. Primero, queríamos observar qué países tenían más desarrollos tecnológicos y cuáles los estaban adoptando. No basta con crear tecnología; también hay que aplicarla. Colombia no es líder en el desarrollo de estas tecnologías, pero sí es pionero en la adopción de herramientas digitales. Y el segundo criterio era la representatividad.
Queríamos que los primeros 15 países fueran de todo el mundo: de América Latina, África, Asia, América del Norte, Europa, etcétera. Colombia no es el único país latinoamericano que se encuentra dentro de la investigación, también está Argentina, Brasil y Chile.
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¿Los hallazgos sobre Colombia son buenos o malos?
Yo creo que la mayoría son positivos. Los hallazgos negativos son los que están en todas partes: jueces utilizando inteligencia artificial sin mayores lineamientos. En cuanto a lo positivo, nos dimos cuenta de que la Fiscalía tiene dos herramientas llamativas. La primera se llama Fiscal Watson, la cual permite al ser humano buscar información en un universo muy amplio y construir relaciones entre los datos que están en ese universo, conectando todas las denuncias que recibe la Fiscalía.
Otra herramienta es Think, la cual tiene muchos usos, pero el que nos reportó la Fiscalía fue el de transcribir y analizar las interceptaciones telefónicas. La segunda institución que miramos fue la Corte Constitucional. Esta tiene una herramienta en particular llamada PretorIA, que crearon para facilitar el proceso de revisión de tutelas.
Y la última es el Consejo Superior de la Judicatura que ha hecho tres cosas claves promoviendo estas herramientas: la primera es que ha establecido lineamientos propios; la segunda es que ha montado cursos sobre inteligencia artificial y otras tecnologías para jueces; y la tercera es que ha invitado a los despachos para que, desde sus necesidades, propongan crear herramientas tecnológicas.
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¿Cuál es la finalidad de analizar las herramientas que usan las autoridades judiciales?, ¿qué quieren encontrar?
Lo que queremos es entender qué está pasando, porque es un tema que se mueve muy rápido y en muchas direcciones. El objetivo es tener un mapa en el que estén Colombia y otros países, para comprender cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la justicia en todo el mundo. Lo segundo es informar. La gente, de pronto, sabe lo que hace su país, pero no lo que hacen otros, y eso puede retrasar el desarrollo o la adopción.
Por ejemplo, te puedes gastar un año entero pensando en cómo construir algo que crees que es fundamental para tu sistema judicial y no sabes que Chile ya lo tiene. Y lo tercero es buscar tener un impacto: tomar esa información y convertirla en una recomendación de política pública, para poder hablarles a los gobiernos, a los jueces y a los fiscales, y decirles qué es lo mejor que podrían hacer en su caso o sistema.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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