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Imputan a exdirectora del Inpec por presuntamente pedir dinero a presos

La exdirectora del instituto en Buenaventura habría pedido dinero a reclusos para cambiarlos de patios y acceder a otros beneficios en medio de la privación de su libertad.

Aspectos de sus alrededores como fachada y celdas además de emprendimientos dentro de la cárcel La Picota elaborados por internos en proceso de resocialización
La exfuncionaria actualmente es la secretaria de Gobierno de Buenaventura (Valle del Cauca)
Foto: El Espectador - José Vargas

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La Fiscalía le imputó cargos a la exdirectora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Buenaventura, María Liliana Vivas Paz, por presuntamente exigirle dinero a personas que se encuentran privadas de la libertad a cambio traslados y beneficios. La exfuncionaria actualmente es la secretaria de Gobierno de Buenaventura (Valle del Cauca).

Según la investigación, la exfuncionaria presuntamente habría estado cobrando a los internos un millón de pesos a cambio de trasladarlos entre centros transitorios de detención y patios. Sumado a esto, también les habría pedido dinero para permitirles hablar con sus abogados, familiares o por otorgarles mejores condiciones. La Fiscalía informó que esta situación se habría presentado al menos en cuatro ocasiones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022.

La Fiscalía aseguró que la exdirectora tenía pleno conocimiento de que no tenía permitido solicitar estos presuntos beneficios económicos a los reclusos. Por lo que aseguraron que la funcionaria habría estado abusando de su cargo junto con otro dragoneante, con el que habría acordado colaborar debido a las funciones y acceso a los presos que este tenía.

El ente investigador señaló que durante ese periodo de tiempo la exdirectora y el dragoneante del Inpec Jhon Fredy Casanova Jaramillo recibieron aproximadamente 15 millones pesos, producto de supuestos cobros ilegales. Por este motivo, a Vivas Paz se le imputó el delito de concusión. Por otra parte, a Casanova ya se le habían imputado cargos en marzo de 2023 y se le había impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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