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Por sus presuntas responsabilidades en los atrasos en la ejecución contratos para la construcción de 10 cárceles en el país, la Procuraduría General formuló pliego de cargos a seis exservidores públicos adscritos al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Ministerio del Interior y de Justicia.
El Ministerio Público consideró que los exfuncionarios no cumplieron con sus funciones de vigilancia y control en los contratos y permitieron que se generaran incrementos en los valores inicialmente establecidos en el desarrollo de las obras.
“No se adoptaron los correctivos inmediatos y eficaces que solucionaran los inconvenientes que se pudieron presentar y evitaran el incumplimiento del cronograma y una mayor inversión de recursos públicos”, precisa la decisión de la Procuraduría.
Las obras que presentaron significativos fueron los de Yopal (Casanare), Acacías (Meta), Jamundí (Valle), Ibagué (Tolima), Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Guaduas (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Picota (Bogotá) y Puerto Triunfo (Antioquia).
Los investigados fueron investigados son Alberto Cardona Botero, subgerente técnico del Fonade; Jaime Eduardo Botero Gómez, gerente del Convenio 150/05 vinculado a Fonade; Gerardo Antonio Zúñiga Sánchez, secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia; Rafael Enrique Zerrate Torres, director técnico del Viceministerio de Justicia.
Además de Silvia Magaly Álvarez Sierra, profesional de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia, supervisora del Convenio; Luís Fernando Castaño Ortiz, profesional del despacho del Ministro del Interior y de Justicia, supervisor del Convenio.
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